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Janie Rosaura y la violencia contra las mujeres
Publicada: 10 agosto 2011
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Janie Rosaura Salazar Pérez, madre de cinco hijos, falleció junto con tres de ellos. Fueron ultimados por su esposo y padre, de quien se encontraban separados por su comportamiento violento. Janie había acudido a las instituciones en busca de ayuda para enfrentar la situación con su marido y lograr la protección para su familia. Unos días después, en menos de una semana, otras dos mujeres fueron asesinadas por familiares en la zona conurbada de Mérida.
No sólo en el ámbito familiar se ejerce violencia contra las mujeres -sexual, física, económica, sicológica-, sino también suele suceder en el trabajo o en la comunidad. Sin embargo, es en el seno del hogar donde se presenta con mayor frecuencia el abuso de poder que significa imponer la voluntad mediante el uso de la fuerza, bien sea de las palabras o de los puños, del regateo del dinero o en las relaciones sexuales. Durante mucho tiempo, para las mujeres un marido violento era "la cruz que me tocó cargar" y sus agresiones, que incluían ojos morados y hasta brazos rotos se sufrían en el silencio y la intimidad de la familia.
Desde 2008 Yucatán tiene la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, con 76 artículos y su Reglamento respectivo, que permitiría aplicarla a plenitud. Son 11 instituciones del gobierno, de los poderes Ejecutivo y Judicial las que forman el "Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres". El Sistema es presidido por el Ejecutivo y cada una de las dependencias gubernamentales tiene su responsabilidad específica, enunciada en la propia Ley, como la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía del Estado, el Consejo Estatal para prevenir y atender la violencia intrafamiliar, el DIF, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y otras seis más, siendo el Instituto de Equidad de Género de Yucatán (IEGY) la instancia encargada de vigilar que las instituciones cumplan los compromisos contenidos en el programa estatal para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.
Esta red institucional tiene un solo propósito: que todas las mujeres yucatecas ejerzan su derecho a una vida libre de violencia. La ley mandata a las instituciones a coordinarse entre ellas y establece que cada tres meses el Sistema debe informar "... de los logros y avances del Programa Estatal...". Todas las dependencias públicas responsables tienen el deber de "canalizar" a las víctimas de la violencia a las instituciones que les presten asistencia y protección, como el DIF, de acuerdo con el Art. 49 de la citada ley. Para que el Sistema y cada una de las instituciones que lo integran funcionen, el Presupuesto de Egresos debe considerar la correspondiente partida, es decir el gobierno tiene que proporcionar los recursos necesarios y suficientes.
La "piedra de toque" de todo este entramado legislativo es la responsabilidad gubernamental de "... Promover la cultura de la denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco de la eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad e integridad..." (Artículo 34, f. X). Convencer a una mujer de que tiene derecho a denunciar la violencia en su contra entraña un gran compromiso para las instituciones del gobierno: de protección, de ayuda, de acompañamiento en el complicado proceso que implica interponer una demanda de divorcio, o una denuncia por agresión o maltrato. Por eso la Ley tiene un capítulo especial destinado a normar las "órdenes de protección", que implican mandamientos judiciales para que el agresor permanezca alejado de la o las víctimas de la violencia, su posible traslado a los albergues creados ex profeso para recibirlas, junto con sus hijos, además de una atención expedita en las instancias judiciales.
De todo este recuento de normas muy poco alcanzó para Janie Rosaura y sus hijos. Al igual que muchas personas con problemas familiares, ellos acudieron al DIF, que es la institución pública más conocida para atender a la familia, pero no fueron "canalizados" ni a la Fiscalía, ni al IEGY ni el Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres actuó oportunamente. No hay constancia de que se le haya ofrecido a Janie su traslado a algún albergue, ni hubo orden que mantuviera al esposo agresor lejos de su familia. Quizá hubo una estimación ligera sobre el caso, que minimizó el potencial de violencia del cónyuge y que habría de explotar con sangrientos resultados.
Algunos pensarán que los funcionarios públicos tienen poca responsabilidad en los arrebatos de celos que acompañan generalmente a crímenes como éstos. Que ellos y ellas no pueden preverlos, que las víctimas de violencia doméstica tienden a desdecirse de sus acusaciones y que, por lo tanto, no vale la pena poner empeño en investigar. No es así.
Janie Rosaura y sus hijos son una muestra dolorosa de la enorme distancia que separa a la ley de la realidad, a los buenos propósitos de las prácticas institucionales descoordinadas y superficiales. Una vez más, encontramos Consejos y Sistemas que existen sólo en el papel, con programas que duermen en los escritorios y con mecanismos de evaluación que no se aplican. La ley, no lo olvidemos, es condición necesaria, pero nunca suficiente para combatir en forma efectiva la violencia contra las mujeres. Sólo será eficaz si demandamos como sociedad su cabal aplicación.- Mérida, Yucatán.
dulcesauri@gmail.com
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*) Ex gobernadora de Yucatán
Tema: Artículos editoriales
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"Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres" (Pitagoras), Pero lamentablemente parte de la educación es recibida en casa y por quienes? Por las propias madres, que educan de esta manera tan machista que someten también a los niños y desde corta edad los enseñan a someter a las mujeres, lo vemos en cualquier estrato social desde el bajo donde se obliga a la hija a servirle de comer al papa y lavarle la ropa al hermano, o el estrato social alto donde la mujer sabe que el esposo la agrede verbalmente, le es infiel pero por no dejar de tener el tÃtulo de ?Sra. O esposa de ?, sepulta su libertad y accede por miedo al qué dirán y más que nada para guardar las apariencias. Nosotros mismo fomentamos esta sociedad ?doble moral? que por un lado te reprime y te juzga y por otro esa misma sociedad hace las peores bajezas.
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Y es que en el DIF está una inepta hernana de la gobernadora que por su escasa preoparación no podrà nunca darse cuenta de lo que implica la atención y lo que pueda acarrear la ayuda a las personas necesitads de procuracion civil de la justicia
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Asi todo programa creado por el Gobierno del estado es obsoleto y solamente es busca clientela para su vota en las elecciones, mientras que se pueda medir y ser tangible los resultados, los documentos y cifras en papel que demuestran resultados son herramientas que los servidores utilizan a su favor, pero el resultado real no existe....mientras que no se un beneficio comun,
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Descanse en paz, Janie Rosaura Salazar Pérez. Y más allá de ese lamentable deceso trágico y violento, nuestras instituciones para qué sirven. Si ella solicitó ayuda y asesorÃa, entonces ese oneroso sistema de instituciones ¿para qué sirvió? ¿y asà seguirá siendo? Es momento de exigir el cabal cumplimiento y seguimiento de casos de probable violencia intrafamiliar, para brindar la atención que se requiere a las familias y lograr evitar otros arteros asesinatos. O ¿NADA PASÓ?
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Gracias Dulce MarÃa por poner en alto el nombre y la inteligencia de las mujeres yucatecas. Son pocas las que se encuentran en los cotos de poder en este Estado capaces de poner en orden y expresar sus ideas tan bien como usted lo hace y además con una gran sensibilidad y cordura. No en balde, como usted misma lo ha comentado anteriormente no hay nada más gratificante que después de haber gobernado, la gente le salude de una manera gentil a saludarle de ciudadano a ciudadano. La polÃtica es un arte y lamentablemente esto se ha perdido de visa en Yucatán y en general en México sobre todo en los últimos tiempos en los que se ha banalizado y corrompido en exceso.
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