Publicación del jueves 21 de septiembre de 2000
El caso Medina Abraham ha tomado otro giro inusitado, sin precedente en Yucatán: una asociación de abogados penalistas de renombre mundial, que tiene su sede en Toronto, Canadá, informa que acudirá a foros internacionales de los derechos humanos a exponer la ilegalidad del juicio contra Armando Medina Millet y pedir apoyo a sus demandas en busca del trato justo e imparcial que durante cinco años le han negado y le siguen negando las autoridades yucatecas.
Parece de película la conexión que ha unido la causa de Medina Millet, internacionalizada ya por Internet, con esa corporación de juristas que está dedicada expresamente a investigar los procesos judiciales en que el abuso del poder despoja al acusado de las garantías que para su defensa le conceden las leyes de los países civilizados.
No sólo parece de película: esta "globalización" del caso Medina Abraham es de película por partida doble: por las circunstancias extraordinarias que lo rodean y también porque el protagonista es el héroe de un filme estrenado en 1999 y exhibido en Mérida a principios de 2000: "Huracán".
El actor Denzel Washington encarna en la cinta a Rubin "Huracán" Carter, el boxeador de color que llamaba a las puertas del campeonato mundial de peso medio en 1966 cuando fue acusado en Nueva Jersey, Estados Unidos, de un triple crimen que no cometió, y estuvo 19 años en la cárcel hasta que consiguió demostrar su inocencia en una batalla jurídica que merece una página de honor en cualquier antología de la solidaridad.
La semejanza con el caso Medina Abraham es notable. En Nueva Jersey, el gobernador, la Procuraduría, el juez, el Tribunal Superior y la Suprema Corte del Estado se unieron en un proceso ilícito en que la ocultación de evidencias, la falsificación de documentos, las declaraciones falsas de testigos comprados y las amenazas a posibles testigos de la defensa concluyeron en tres sentencias de cadena perpetua contra Rubin Carter y condenaron al fracaso sus apelaciones ante autoridades conjuradas para atropellar sus derechos.
Quienes vieron "Huracán" en salas de cine meridanas recordarán que apenas la defensa logró sacar el caso de la corrupta jurisdicción estatal y presentar en un juzgado federal sus pruebas de transgresiones a la ley, un juez íntegro, vertical, en una audiencia memorable, revocó todos los fallos de los tribunales de Nueva Jersey durante 19 años y dispuso la libertad inmediata del señor Carter.
Hasta la Suprema Corte de la nación llegó la serie de apelaciones de las autoridades de Nueva Jersey contra la resolución del juez imparcial, y al cabo de sus esfuerzos inútiles, convencido de que su derrota ante la ley era inapelable, el gobierno del estado rectificó y por medio de la Procuraduría retiró todos los cargos fabricados contra Carter.
Era natural, inevitable que el caso Medina Abraham atrajera de inmediato la atención de Rubin Carter apenas se enteró, a principios de 2000, de la violación sistemática a los derechos de Medina Millet en el juicio que se le sigue como presunto responsable del fallecimiento por herida de bala de su esposa Flora Ileana Abraham Mafud, muerte que, según el acusado, fue un suicidio.
Es cierto que en el caso yucateco brilla aún por su ausencia el juez federal que se alce en defensa de los atropellados derechos de Armando Medina, pero, por eso mismo, no cabe duda que "Huracán" ha sentido en carne propia, porque su caso fue igual, la confabulación del gobierno del Estado de Yucatán, su Procuraduría, la jueza cuarta de defensa social, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y las Procuradurías General de la República y del Distrito Federal para fabricar, convalidar o solapar las pruebas fraudulentas e ilícitas que de acuerdo con la defensa han servido para aprehender, reducir a prisión y sentenciar a Medina Millet por un delito que por caminos honorables no han podido demostrar.
Pero, ¿cómo se entera el señor Carter del caso Medina Abraham? ¿Cómo llega a manos de la legión de abogados a su servicio el expediente sobre las arbitrariedades que han cometido las autoridades yucatecas?, No trataremos de pasar las aguas del mar a una concha en el relato de una historia impresionante y ejemplar. Nos proponemos, en un resumen, aportar los detalles necesarios para que el lector comprenda la trascendencia internacional que tiene el hecho de que los bufetes de jurisperitos que dirige el señor Carter hayan decidido invertir su experiencia y prestigio en gestiones a favor de Medina Millet.
Fundadas por Carter con la misión específica de investigar atropellos judiciales y procurar su rectificación, sus compañías de penalistas han estudiado este juicio escandaloso que está ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán.
En el Tribunal, tres magistrados, Ligia Cortés Ortega (ponente), Gonzalo Gutiérrez García y Jorge Luis Rodríguez Losa, los magistrados, deben resolver en estos días, "ante los ojos del mundo", sobre la apelación que Medina Millet interpuso contra la sentencia de 22 años y seis meses que le dictó la jueza Leticia Cobá Magaña en el fallo que lo considera responsable de la muerte de su esposa en un homicidio calificado.
Aunque rompamos el hilo del relato, esta es la altura de la reseña en que debemos referir que Rubin Carter se ha reunido ya, en Toronto, con Armando Medina Riancho, padre de Armando Medina Millet, y con su abogado Rubén J. Bolio Pastrana, y ha formulado declaraciones que se pueden resumir en los tres siguientes párrafos:
1) Ni el señor Carter ni sus abogados pretenden intervenir en asuntos internos de una nación a la que no pertenecen.
2) Sin embargo, cuando se trata de violación o denegación de derechos humanos, como en el caso Medina Abraham, la extraterritorialidad deja de existir en virtud de los acuerdos universales sobre derechos humanos suscritos por prácticamente todos los países, inclusive México.
3) Con la documentación amplia con que ya cuentan, el señor Carter y su asociación de abogados acudirán a los foros internacionales de los derechos humanos a exponer el caso Medina Abraham y solicitar sus intervenciones para que sean respetados en Yucatán los derechos de Medina Millet a defenderse de las acusaciones que se le formulan.
Es lógico que el lector se pregunte qué relevancia tiene para las familias involucradas y para las autoridades judiciales yucatecas, en especial los magistrados del Tribunal Superior, que la intervención de Carter y sus abogados ponga el caso Medina Abraham bajo los reflectores de una atención internacional.
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"Yo no he cometido ningún delito. Todos los delitos han sido cometidos contra mí"
Rubin Carter ya era un hombre famoso antes que la policía de Nueva Jersey lo acusara en 1966 del triple asesinato cometido en una madrugada de 1966 en un bar de la ciudad de Paterson, Nueva Jersey. En los medios del deporte de los puños se le conocía con el apodo de "Huracán" porque era capaz, en el cuadrilátero, de disparar 80 golpes por minuto. Dueño de larga cadena de triunfos, incluyendo 20 "nocauts" -ocho en el primer asalto-, estaba a punto de pelear con otro famoso, Dick Tiger, por la corona mundial de peso medio cuando comenzó el calvario que lo haría pasar 19 años detrás de las rejas.
Ya dijimos que su historia es emocionante y ejemplar, que pertenece por derecho propio a cualquier antología de la solidaridad humana. En efecto, Carter sale de la cárcel gracias a un joven estudiante negro y a tres ciudadanos canadienses que dejaron todo lo que hacían y tenían para dedicar sus vidas al rescate de los violados derechos del "Huracán".
Andando el tiempo de su condena, ya cerca de la extinción de sus recursos legales, Carter escribe en la cárcel el libro célebre en que cuenta su martirio: "El 16o. raund: de retador número uno a preso número 45,472".
Por esos días, dos hombres y una mujer canadienses, Sam Chaiton, Terry Swinton y Lisa Peters, de visita en Brooklyn, Estados Unidos, conocen y se encariñan con un joven de color, Lesra Martin, hijo de una familia de escasos recursos, y piden a sus padres para que les permitan llevarlo con ellos a Toronto, donde le costearían sus estudios.
En Toronto, Martin compra el libro de Carter, se convence de la inocencia del boxeador, lee parte del libro a sus protectores, los anima a estudiarlo y... Parece de película: los cuatro deciden abandonar Toronto e irse a vivir en 1983 a Nueva Jersey, a donde está preso Carter, y dedicar sus vidas a la reparación de las injusticias que tienen al boxeador en el penal.
DOS CASOS GEMELOS
En más de dos años de investigaciones, los canadienses y Martin, que va a estudiar para abogado, reúnen pruebas: un policía inmoral falsificó la bitácora de un taxista para alterar una anotación: la hora que demostraba que Carter no estaba en el lugar del crimen cuando éste ocurrió... La Procuraduría oculta una declaración judicial en que el testigo clave de la acusación afirma que Carter es inocente... Se amenaza y presiona a dos potenciales testigos favorables a Carter para impedir que comparezcan... Se manipulan los resultados de una prueba con detector de mentiras para engañar a un testigo de la fiscalía y obligarlo a retractarse de la confesión en que admite que fue comprado por las autoridades para incriminar a Carter...
Además de la falsificación, la mentira, el engaño y la ocultación dolosa, irregularidades que hermanan los casos Carter y Medina-Abraham, hay otras coincidencias:, a) La defensa de Rubin acusa al juez Larner de actuar durante el juicio como un aliado de la acusación. Es el mismo cargo que la defensa de Medina Millet hace a la jueza Cobá Magaña: comportarse en el juicio como si fuera una representante de la Procuraduría o estuviera al servicio del coadyuvante Asís Abraham Dáguer, padre de Flora Ileana.
b) En la investigación judicial del triple crimen en el bar de Paterson y en el juicio consiguiente el objetivo no es encontrar y castigar al culpable: el objetivo, alimentado por el odio, por la discriminación racial, es condenar a Carter porque no es blanco. La defensa de Medina Millet ha sostenido y sostiene que la investigación de la muerte de la joven Abraham y la intervención de la jueza Cobá no tuvieron como fin conocer la verdad sobre el trágico suceso sino condenar a Medina Millet a como diera lugar. ¿Por qué?, Este periódico ha opinado en editoriales que la respuesta a este pregunta es de grave importancia no sólo para los yucatecos sino para los mexicanos en general, porque en el caso Medina Abraham, abiertamente, los poderes del Estado, con el auxilio de instituciones federales, se han aliado para violar las garantías que la Constitución concede a un ciudadano.
c) Cuando la defensa de Carter solicita un segundo juicio, basada en la parcialidad de la investigación judicial y del juez Larner en el primero, el gobierno de Nueva Jersey designa al propio juez Larner para que decida si debe o no debe haber un nuevo juicio. Naturalmente, el señor Larner rechaza la solicitud de los abogados del boxeador, alegando que un nuevo juicio pondría en peligro el sistema de impartición de justicia de Nueva Jersey.
En Yucatán, peritos federales bajo el mando de Eduardo González Matos, acusados de rendir un dictamen favorable a una prueba falsificada -la prueba de Walker, base de la sentencia condenatoria- son designados por la jueza Leticia Cobá para que, en un dictamen decisivo, siempre bajo el mando del mismo González Matos, digan si la prueba por ellos efectuada es falsa o auténtica.
d) En ambos casos una bitácora es testimonio contundente de mala fe. La bitácora del taxista de Peterson revela una falsificación cometida para poder culpar a Carter. La bitácora de los peritos de la Procuraduría yucateca revela una falsificación de fechas con el objeto de simular que fueron realizadas a buen tiempo unas pruebas científicas, esenciales para la acusación, que en realidad fueron practicadas mucho después, cuando ya carecían de todo valor legal.
UN JUEZ HONORABLE
Mediante el recurso del Habeas Corpus, que permite en los Estados Unidos la intervención de un juez federal cuando se violan los derechos constitucionales de un acusado en un juicio estatal, el estudiante de Leyes, los tres canadienses y los abogados de Carter piden y obtienen la intervención del juez de Distrito H. Lee Sarokin.
En su resolución, el juez de Distrito señala que Carter nunca fue identificado en el juicio como autor del triple crimen; que el testigo principal de la acusación es un mentiroso consuetudinario, incapaz de decir la verdad, y que las evidencias ocultadas o alteradas destruyen por completo los cargos de la Procuraduría y ponen en duda su honorabilidad.
-La Procuraduría -afirma el juez federal- cometió "graves violaciones a la Constitución" en perjuicio del acusado y la sentencia condenatoria "se basó en el racismo, no en la razón, y en la ocultación, no en la revelación".
El 8 de noviembre de 1985 el juez Sarokin ordenó la libertad inmediata de Rubin Carter y en una disposición rara vez vista en los tribunales estadounidenses consideró que el caso Carter quedaba "cerrado para siempre".
Inconforme, la Procuraduría interpuso las apelaciones de estilo, pero el Tercer Tribunal de Circuito, primero, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación después confirmaron la resolución del señor Sarokin que revocó en todos sus términos la sentencia condenatoria. , El 19 de febrero de 1988, por conducto de la oficina del procurador, el gobierno de Nueva Jersey anunció que retiraba sus cargos contra Carter.
UNA GUERRA PERPETUA
Desde entonces, "Huracán" Carter ha dedicado su recuperada libertad, la que perdió durante 19 años, a la defensa de los hombres y las mujeres que, acusados de un delito, denuncian que las autoridades violan sus derechos a un juicio imparcial.
Rubin se desavecindó de los Estados Unidos y, siguiendo a los canadienses que lo salvaron, trasladó su residencia a Toronto, donde está en guerra perpetua contra los abusos de poder, las arbitrariedades, los fraudes y demás atropellos de que él fue víctima durante dos décadas. Es una lucha continua para que no les hagan a otros lo que le hicieron a él.
Carter encabeza el Consejo de Directores del "Centro Sureño para los Derechos Humanos", con sede en Atlanta, Estados Unidos, y está al frente, en Boston, de la "Alianza por la Justicia en las Prisiones", pero su cuartel general está en Toronto, donde es el director ejecutivo de otra institución, ya famosa, fundada por él: la "Associaton in Defence of the Wrongfully Convicted", que en español se llamaría la "Asociación para la Defensa de los Sentenciados Injustamente".
Son tan numerosos y renombrados los expertos en derecho penal que contribuyen con sus investigaciones, estudios y asesorías a los trabajos de la Asociación, que cuenta ya con más de 1,000 éxitos en sus batallas por restablecer la vigencia de la verdad y la ley, la justicia y los derechos humanos en las procuradurías, los tribunales y los cárceles donde las autoridades las han violado.
CONTACTO EN YUCATÁN
El caso Medina Abraham es la primera intervención del ejército jurídico de Rubin Carter fuera de los Estados Unidos. ¿Cómo se enteró el "Huracán" de que en Mérida las autoridades de Yucatán le hacen y están haciendo a Armando Medina Millet lo mismo que el gobierno de Nueva Jersey le hizo a él? La respuesta también parece tomada de una película. , La protagonista del contacto yucateco con los bufetes de Carter es una mujer. Una dama de Toronto que viene a Progreso, como otros compatriotas suyos, a pasar el invierno en casas que se alquilan frente a la playa. Lectora de este periódico, está convencida de que se ha privado a Medina Millet de derechos a defenderse que son elementales en un país gobernado por leyes.
Una coincidencia feliz cierra el círculo del papel protagónico de la dama de Toronto. Sucede que es vecina de Rubin Carter. Más que vecina: es amiga del "Huracán".
Nuestra dama enteró al señor Carter de que el drama de Nueva Jersey se está repitiendo en Yucatán. Los documentos viajaron a Canadá. No sólo Rubin también el Consejo de 20 directores de su legión de abogados consideró que el caso merecía un estudio a fondo.
Carter pidió al padre de Medina Millet y a su abogado que fueran al Canadá. En sesión plenaria, Armando Medina Riancho y Rubén Bolio Pastrana se reunieron en Toronto, en la sede de la Asociación para la Defensa de los Sentenciados Injustamente, con su fundador y el Consejo.
UNA GRAVE NEGATIVA
Al principio de esta nota informamos del resultado de la junta: Rubin Carter y su red de jurisperitos expondrán en los foros internacionales de los derechos humanos las viciadas entrañas judiciales del caso Medina Abraham, con el objeto de que la debida rectificación permita a Armando Medina Millet lo que hoy le impiden las autoridades yucatecas: defenderse.
No se trata de una afirmación gratuita: el Tribunal Superior de Justicia del Estado se ha negado a admitir 18 de las 22 pruebas que los abogados de la defensa han presentado a fin de demostrar que la sentencia condenatoria de la jueza Leticia Cobá se basa, como la revocada sentencia contra Rubin Carter, en la ocultación y falsificación de evidencias, la arbitrariedad, la mentira y el fraude.
La negativa del Tribunal es tanto más grave cuanto que la Constitución mexicana, en la fracción quinta de su artículo 20, obliga a los jueces a recibir los testigos y demás prueba que ofrezca un acusado e incluso auxiliarlo para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite.
Más aún: el artículo 114 del código yucateco que norma los procedimientos penales obliga expresamente a los magistrados a admitir como medios de prueba todos los elementos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad acerca del delito acusado y de la responsabilidad y personalidad del acusado.
El máximo tribunal yucateco hace lo contrario que prescriben la Carta Magna nacional y las leyes yucatecas. Por todo lo que se sabe hasta ahora, por todo lo que se ha visto, Medina Millet bien puede decir, como Rubin Carter: "Yo no he cometido ningún delito. Los delitos han sido cometidos contra mí".
Terminamos con una frase de la dama de Toronto, citada ya en esta nota: el caso Medina Abraham está "ante los ojos del mundo".
En una de las pruebas admitidas, el Tribunal acepta la comparecencia de José Luis Solís Cortés (a) "El Dragón", para que se identifique en una fotografía oficial donde aparece participando ilegalmente en una prueba falsificada; sin embargo el Tribunal se negó luego a citar a "El Dragón", a pesar de que la defensa le proporcionó la dirección del lugar donde Solís Cortés trabaja y donde puede localizarlo, que es la sede de la Policía Federal Preventiva (PFP), en México, D.F.
Publicación del viernes 20 de octubre de 2000
Publicación del jueves 19 de octubre de 2000
Publicación del jueves 21 de septiembre de 2000
Publicaciones de enero 2000
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