El caso Medina-Abraham
La sorpresa del procurador
Editorial del DIARIO

Artículo publicado el 14 de julio de 1996

Aunque repentina, la renuncia del procurador general de Justicia de Yucatán era inevitable: es una bola cantada que encaja como anillo al dedo en el conjunto de episodios insólitos que caracterizan al caso Medina-Abraham.
Era sólo cuestión de tiempo. Se veía venir la dimisión del Lic. Jorge Lizcano Esperón desde que no quiso o no pudo contestar los graves cargos que Armando Medina Millet formuló a la Procuraduría yucateca en una carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicada en este periódico el 7 de mayo de este año.
El Sr. Lizcano guardó silencio ante las denuncias de que prácticas viciadas y otras iniquidades en la investigación de la muerte de Flora Ileana Abraham Mafud de Medina condujeron a la aprehensión de su viudo como presunto responsable del fallecimiento.
Las acusaciones de Medina Millet y las de su madre Sara Millet Cámara, el 30 del mismo mayo, si son ciertas, bastan y sobran para someter a todo el personal de la Procuraduría, comenzando por su titular, a juicio sumario por corrupción en la administración de justicia.
La dimisión del Sr. Lizcano viene del brazo de una insólita campaña de satanización contra Medina Millet y sus familiares que ha atropellado valores que la experiencia y la historia han consagrado como esenciales para la convivencia social.
Nunca se había visto en la sociedad yucateca, y esperamos que jamás se vuelva a ver, esa campaña de demolición de tradiciones civilizadas que, acoplada al impugnado comportamiento del aparato judicial yucateco, ha tenido, como disparo de una carabina de ambrosio, el efecto de proyectar la imagen de una maniobra conjunta para apartar la investigación de la muerte de la joven Abraham de su legítimo objetivo, la búsqueda de la verdad y la justicia, y descarrilarla hacia la meta de perseguir y cazar a un chivo expiatorio al costo que sea necesario.
Otro suceso inusitado aceleró la renuncia del Sr. Lizcano: una funcionaria de su equipo, la Dra. Marianela Espejo Salazar, subdirectora de los Servicios Médicos Forenses acusó a la Procuraduría de irregularidades que desviaron el resultado de la investigación de la muerte de Flora Ileana y pidió que se le permita comparecer ante el tribunal que juzga a Medina Millet, porque cuenta con “información y elementos probatorios que son necesarios para que se pueda llegar al conocimiento de la verdad de los hechos”.
La Dra. Espejo subraya en su denuncia que enteró de todas las irregularidades a los representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que investigan el caso Medina-Abraham y añade que desde entonces ha tenido que sufrir en la Procuraduría, como consecuencia, intimidaciones y presiones que la orillaron a renunciar a su cargo el día 5 de este mes de julio.
En el entorno sombrió de este caso se perfila el ejemplo de una mujer que se alza sola frente al gobierno y su fuerza pública y, enarbolando la bandera de la ética profesional, nos presenta el ejemplo insólito de un funcionario público que dimite de su cargo y, lejos de guardar un silencio sumiso y cómplice, expone públicamente las irregularidades que determinan su denuncia y se compromete a manifestarlas ante el tribunal.
Parece que la gota que rebosó el vaso del procurador, o de sus superiores, fue la demanda de amparo que Medina Millet interpuso anteayer viernes a las dos de la tarde, ante la justicia federal, contra el auto de forman prisión que le dictó la jueza Cuarta de Defensa Social basada en el expediente que le turnó la Procuraduría.
Si el juez de Distrito que conoce de la apelación concedió el permiso, el Gobierno del Estado, su procurador y su equipo jurídico tuvieron, durante la tarde y la noche del viernes, tiempo suficiente para aquilatar la magnitud e importancia de las pruebas que la defensa de Medina Millet incluyó en su demanda.
Parece que, a la medianoche, los estragos de la campaña de satanización, las denuncias de Medina Millet y sus familiares, la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la denuncia de la Dra. Espejo y el expediente del amparo, unidos en avalancha, barrieron a Jorge Lizcano Esperón de la Procuraduría.
A la hora, llegada ya, de proponer varias interpretaciones a la defenestración del procurador, es conveniente recordar que en el sistema político al cual pertenece el Sr. Lizcano una de las normas es que los funcionarios no renuncian cuando quieren renunciar sino cuando se les ordena que renuncien.
Quizá por eso el procurador dimite a la una de la mañana del sábado, a pesar de que 24 horas antes, al comentar en rueda nocturna de prensa las acusaciones de la Dra. Espejo, la invita a cambiar impresiones y a comunicarle “cualquier situación que ella considere necesario”.
Quizá por eso mismo abandona su cargo sin siquiera esperar a que la Dra. Espejo informe cuáles son los cargos concretos que lanza a la Procuraduría.
“A ver qué sorpresa nos espera mañana” ­exclamó el Sr. Lizcano al concluir la reunión con los reporteros.
Hay razones para suponer que el procurador fue tal vez el más sorprendido por la sorpresa de su renuncia, pero...
Podría ser que la decisión del Sr. Lizcano no se relacione con el salto del marinero que se tira del barco que se hunde sino responda, como lo afirma en su carta de despedida, al deseo de un funcionario honorable de dedicarse a la defensa de su nombre, incluso por la vía de una demanda penal contra sus detractores.
Si éste es el caso, se le olvidó agregar a su carta de dimisión un párrafo indispensable: “Renuncio para dejar a mi sucesor en la más amplia libertad de investigar las acusaciones que se me hacen”.
¿Es la renuncia un medio más, el último tal vez, para intimidar a la Dra. Espejo y presionarla a desistir de su propósito de comparecer ante el tribunal para decir las verdades que no se conocen en el caso Medina-Abraham? Si esa es la intención, pronto sabremos qué efecto tuvieron.
¿O es la renuncia de Jorge Lizcano Esperón un recurso de última hora para rescatar a su jefe, el gobernador del Estado, de un entredicho que contamine con magno escándalo su cercano, primer informe anual e incluso ponga en peligro su capacidad de sobrevivir?
Al Ejecutivo yucateco le toca la decisión de tomar por los cuernos al toro que amenaza con sacarlo de Palacio. Si la jueza Leticia Cobá Magaña le hace al Poder Judicial el flaco servicio de negarse a aceptar, con la urgencia que demanda esta crisis de gobierno, las declaraciones de la Dra. Espejo, el gobernador puede tomar las riendas del conflicto y sacar a su administración del hoyanco en que se ha atascado.
La Dra. Espejo es una herencia que el Sr. Lizcano le deja a su jefe. Se queda el gobernante como primero y mayor responsable de la integridad de la persona, los familiares y los bienes de la ex subdirectora de los Servicios Médicos Forenses. Se queda también con la responsabilidad de proporcionarle a la Dra. Espejo los medios expeditos para que ponga en conocimiento de la comunidad cuáles son esas verdades que han desviado al Gobierno del Estado del cumplimiento de su deber.
La administración de justicia y la recta aplicación de la ley en Yucatán están en jaque al rey. En el tablero se enfrentan la sociedad y el gobernador. Ambos necesitan asesores leales, competentes, oportunos.
Esta es una manera de decirles a los abogados de Medina Millet que la salud pública exige un conocimiento cabal de los presuntos procedimientos ilícitos que dan lugar a la demanda de amparo interpuesta contra la orden de encarcelar a su defendido.
Es también una manera de subrayar que el pueblo debe conocer los peligros a que está expuesto, en el ejercicio de sus derechos, y los recursos de que puede disponer para prevenir o conjurar esos riesgos.
Armando Medina Millet representa hoy el derecho del ciudadano a un trato respetuoso, una investigación honrada y un juicio imparcial cuando se le acuse o procese por un presunto delito. La sorpresa del procurador Lizcano, o sea su esperada renuncia, ofrece a las autoridades del Estado una oportunidad de asegurar a los yucatecos esa garantía inseparable del buen gobierno y a la sociedad una ocasión de exigir esa seguridad indispensable para el bien común.