El caso Medina Abraham
¿Está dividida la sociedad yucateca?
Impresiones del "DIARIO" (I)

Artículo publicado el 10 de marzo de 1999

El asunto de este escrito no es la inocencia o culpabilidad de Armando Medina Millet en el juicio por la muerte de su esposa Flora Ileana Abraham Mafud

En el año 184 D.C., el político y magistrado romano Marco Porcio, que pasaría a la historia con el sobrenombre de Catón el Censor, hizo célebre la frase con que terminaba todos sus discursos, cualquiera que fuera el asunto: "Delenda est Carthago", que en traducción al español dice: "Hay que destruir a Cartago".

Censor era el funcionario que en la Roma Imperial velaba por el cumplimiento de las normas, los estatutos, las reglas, etc., en el seno de las academias, las corporaciones, las sociedades...

Cartago era la república africana de origen fenicio, establecida donde hoy está el país de Túnez, que fue, por su prosperidad, esplendor y poderío, el archienemigo del Imperio Romano en los siglos iniciales del primer milenio de nuestra era.

Desde entonces, "Hay que destruir a Cartago" es la frase que se usa para referirse a una idea que se debe recordar sin descanso.

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Al comenzar hoy, con este editorial, la publicación de sus impresiones sobre el caso Medina Abraham, Diario de Yucatán considera que es necesario recordar a la sociedad yucateca, a la opinión pública peninsular, a los mexicanos que nos leen por conducto de los periódicos de la Asociación de Editores de los Estados, que el propósito verificable de nuestras informaciones y comentarios sobre el juicio a Armando Medina Millet no ha sido ni es opinar sobre la inocencia o culpabilidad del acusado en el proceso que se le instauró hace tres años por la muerte de su esposa Flora Ileana Abraham Mafud.

Desde nuestro primer editorial sobre el caso Medina Abraham, publicado el 14 de julio de 1996, establecimos el criterio de este periódico en sus publicaciones acerca del juicio:

"La administración de justicia y la recta aplicación de la ley en Yucatán están en jaque al rey... Armando Medina Millet representa hoy el derecho del ciudadano a un trato respetuoso, una investigación honrada y un juicio imparcial cuando se le acuse o procese por un presunto delito".

Nuestro segundo editorial relativo a este caso reitera nuestro criterio el 21 de julio de 1996:

"Quede claro que no se debate... si el acusado es inocente o culpable de la muerte de su esposa: no es función del periodista opinar mientras no haya sentencia. Su deber es señalar que el comportamiento de las autoridades en el caso Medina Abraham afecta a todos los yucatecos y puede establecer precedentes en la administración de justicia en el Estado".

Nuestro tercer editorial, consagrado a explicar y establecer nuestra intención, dijo el 11 de agosto de 1996:

"Diario de Yucatán ha visto el caso Medina Abraham con un criterio que ejerce desde su fundación hace 71 años...

"Se desea subrayar que en esta columna, como en demás comentarios nuestros, el periodista se abstiene de opinar sobre si Medina Millet es responsable o no del delito que se le atribuye.

"No es competencia del Diario absolver o condenar a un acusado: no le es lícito invadir la jurisdicción del juzgador. Sí debe, en cambio, aportar sus páginas a la lucha por los valores que son indispensables para la impartición de justicia: la imparcialidad en la averiguación y la rectitud de investigadores y jueces, en un clima de respeto a la ley y a las garantías individuales que ésta tutela".

En la página ocho reproducimos el editorial de aquel 11 de agosto, para dejar nueva constancia del criterio que recordamos hoy y, con la insistencia de Catón, refrendaremos a la cabeza de nuestras próximas impresiones sobre el juicio.

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Las informaciones de este periódico sobre el caso Medina Abraham no se han apartado durante tres años, sin excepción alguna, de la línea marcada por nuestros editoriales.

El Diario no ha opinado UNA SOLA VEZ, EN TRES AñOS, sobre la inocencia o culpabilidad del acusado, pero sus páginas han aportado, por conducto de las incidencias del proceso y las denuncias de la defensa, en cantidad y calidad sin precedente en nuestro medio, pruebas indudables de que en perjuicio de Armando Millet, en particular, y de todos los yucatecos, en general, la parcialidad y ausencia de rectitud, tanto en la investigación judicial de la muerte de la joven Abraham Mafud como en el comportamiento de la C. jueza Leticia Cobá Magaña, han atropellado a cada paso la ley, las garantías que ésta tutela y los valores que son indispensables para la impartición de justicia.

Conforme arreciaba esa lluvia copiosa de evidencias que identifican a un juicio parcial e injusto, se ha intensificado, con las autoridades estatales y sus voceros al frente, una campaña que trata de desvirtuar las informaciones y los editoriales de este periódico, que ha sido el UNICO medio de información que han tenido los abogados y la familia Medina Millet para dar a conocer a la sociedad yucateca sus denuncias de ilegalidad y violación a los derechos humanos en el proceso.

Ejemplos actuales de esta campaña son las tristes cartas en que el procurador de Justicia del Estado, Lic. Echeverría, se ha dirigido tres veces a este periódico a fin de pedirnos espacio, en nuestras páginas, para sus ataques a Diario de Yucatán, y, cuando se lo otorgamos, batirse en retirada ante su incapacidad de responder, como no sea con ofensas, a nuestros cargos y cuestionamientos concretos, como informamos hoy en la primera página de esta sección.

La intención de la campaña, retratada ayer por la tercera carta del Procurador, ha sido y es desorientar y confundir a la opinión pública para restarle fuerza a la defensa de Medina Millet con la falacia de que las informaciones de este periódico tienen como fin la absolución del responsable de un homicidio. De aquí la conveniencia de reiterar nuestro criterio con la asiduidad de Catón.

Se han sumado a esa campaña voces ingenuas, incautas o interesadas que cuestionan las informaciones de este periódico y con los comentarios de "qué persiguen" o "qué se proponen" expresan su molestia o indignación porque publicamos las denuncias y los peritajes de la defensa de Medina Millet.

En esta desorientación y confusión, propiciadas en algunos sectores por fines inconfesables, se ha querido ver una "división de la sociedad" que por "cristianas" razones no se debe fomentar.

¿En qué está dividida la sociedad yucateca? Es natural al comienzo de un juicio, sobre todo si el suceso juzgado es una muerte violenta a puerta cerrada, sin testigos, que unas personas consideran inocente al acusado y otras culpable, pronunciándose cada quien según las inclinaciones de su amistad, los intereses de su economía o el conocimiento que tengan del caso.

Pero llega un momento en un juicio, y hace mucho tiempo que llegó en el caso Medina Abraham, en que las razones de amistad, de familia y economía deben ceder el primer plano al bien común. Quienes están convencidos de la inocencia de Medina Millet y quienes creen en su culpabilidad, olvidando nombres y apellidos, deben unirse hoy para exigir en una sola voz que antes de la sentencia reciban investigación competente las denuncias de trato injusto al acusado, tan conocidas como desatendidas e ignoradas.

¿Habrá todavía en la sociedad yucateca, entre los partidarios de la inocencia y los partidarios de la culpabilidad, una división de opiniones sobre si se debe o no se debe defender el derecho de un acusado a utilizar en su defensa los recursos que le otorgan la ley y las garantías tuteladas por ésta?

¿Habrá todavía en la sociedad yucateca una división de opiniones sobre si debe intervenir o quedarse al margen cuando las autoridades llamadas a impartir a un acusado las garantías de un juicio justo son las primeras en negárselas?

Si existe aún esta división, mientras más honda sea mayor es el grado de indefesión en que se encuentra la sociedad yucateca, porque -recordemos nuestro editorial- desde hace tres años, pero ahora como nunca, Armando Medina Millet representa el derecho del ciudadano, sin distinción de raza, credo o posición social, a un trato respetuoso, una investigación honrada y un juicio imparcial cuando se le acuse o procese por un presunto delito.