Artículo publicado el 31 de marzo de 1999
En "El silencio de las instituciones", que fue el segundo capítulo de estas impresiones (jueves 11 de marzo), dijimos que el caso Medina Abraham es una cámara que está tomando una fotografía de grupo de la sociedad yucateca del año 2000.
La fotografía -repetimos- es al mismo tiempo una radiografía que llega a los rincones escondidos de la intimidad, donde a veces, casi siempre por poco tiempo, nos vemos cara a cara con la conciencia.
En nuestro cuarto capítulo, "Su Señoría es notoriamente improcedente" (domingo 28 de marzo), examinamos, en la fotografía de grupo, a la jueza Leticia Cobá Magaña, alumbrándola con la luz directa de una frase de Honorato de Balzac, el novelista francés que el próximo 20 de mayo cumpliría 200 años de edad.
En los 24 tomos de su "Comedia Humana", Balzac estudia la vida en provincia, en provincias como la nuestra; se mete debajo de la piel de los personajes, en profundos sondeos de la conducta social, y nos lega esta observación:
"Sólo se estima al hombre que se estima a sí mismo; sólo se respeta al hombre que se respeta a sí mismo".
En la fotografía de la sociedad yucateca del año 2000, ¿está el hombre que no se respeta a sí mismo? ¿Está al margen, separado? ¿O dentro del grupo, como uno más?
Conviene que lo ubiquemos en la fotografía. Estudiosa, como Balzac, de la vida en común, árbitro de la sociedad prenapoleónica desde su salón célebre, Madame Stael escribió: "El hombre debe permanecer alejado para siempre de quienes han perdido su estimación". Su consejo tiene sabor de advertencia, porque es una de las experiencias que podemos leer en su libro "Diez años de destierro".
Dedicamos las impresiones de hoy a un valor social que Julián Marías, cumbre del pensamiento cristiano contemporáneo que habla en español, considera que es uno de "los motores de la historia": LA PROPIA ESTIMACION.
Este valor tiene varios rostros: la reputación, el buen nombre, la autoestima, el crédito, el testimonio... Nuestros abuelos lo llamaban EL HONOR. Así, con mayúsculas. ¿Qué importancia le damos hoy? ¿Ha dejado de tener circulación como el peso de plata? ¿Lo consideramos indispensable o superfluo? ¿Lo tenemos en el destierro?
Como respuesta tomaremos el ejemplo que nos dan algunos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Yucatán que intervinieron en la fabricación del expediente contra Armando Medina Millet, que está transitando hacia la historia como un catálogo de los vicios en que las autoridades pueden incurrir cuando emprenden una averiguación judicial en obediencia de una consigna.
El procurador de ayer, Jorge Lizcano Esperón, renunció para limpiar su nombre de las acusaciones, graves, que formuló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al referirse al comportamiento de los funcionarios y peritos de la Procuraduría en la investigación de la muerte de Flora Ileana Abraham Mafud:
"Dicha actitud -la de todos- implica una responsabilidad por parte de los funcionarios señalados, toda vez que es contraria al espíritu de servicio que deben poseer y a la legalidad con que se deben conducir en el ejercicio de sus funciones pretendiendo de alguna manera obstaculizar las investigaciones llevadas al cabo por esta comisión nacional".
Es un resumen compacto, piadoso, pero revelador, de indignidades cometidas contra la verdad, la justicia, la ley, los derechos humanos, el sentido común. Sea inocente o culpable Armando Medina Millet, los atropellos de que ha sido víctima son indignidades delictuosas, tanto más cuanto que son públicas y notorias.
En carta dirigida al gobernador Víctor Cervera Pacheco, publicada por este periódico el 13 de julio de 1996, Jorge Lizcano, al presentar la solicitud de que su renuncia sea aceptada, afirma:
"Dicha solicitud obedece a que requiero de la plena disposición de mi tiempo, a efecto de poder demostrar y comprobar plenamente ante la opinión pública de nuestro Estado, que en todos los casos el actuar de la dependencia a mi cargo siempre estuvo apegado a derecho... y, asimismo, estar en libertad de proceder, como legalmente corresponda, incluso plenamente, contra quien estime necesario en virtud de los señalamientos que se han imputado a mi persona".
Han pasado 32 meses. 960 días. Lizcano Esperón no ha querido, o no ha podido, demostrar, comprobar nada ante la opinión pública. Estuvo y está en plena libertad de cumplir su palabra y proceder legalmente, plenamente, contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus demás acusadores. Ni siquiera lo ha intentado. ¿Por qué?
Sí: ¿por qué se calla si anunció que iba a hablar? ¿Por qué no ha dedicado un minuto de 23,O40 horas a limpiar su nombre? En la respuesta, honorables señores del jurado (léase señores de las instituciones, juristas del Colegio de Abogados), está la causa de los tres años de cárcel de Armando Medina Millet.
En su carta, el señor Lizcano formula una acusación formidable al señor Cervera Pacheco: "Quiero dejar constancia en estas líneas de mi reconocimiento al apoyo que SIEMPRE me brindó en el desempeño de mi función...". El gobernador no ha protestado por esa "constancia" que equivale a un testimonio de complicidad que lo compañero de viaje de la Procuraduría en el caso Medina Abraham.
El procurador de hoy, José Manuel Echeverría Bastarrachea, no ha levantado un dedo para lavar el nombre de su antecesor. Impide la menor investigación que pueda quitar algo del lodo. A esto le llamaremos encubrimiento cuando la ley vuelva a tener vigencia en la Procuraduría. Mientras tanto, ya sabemos que al señor Echeverría no le preocupa ni le quita el sueño que su nombre esté blanco, gris o negro. No le interesa lo que digan los periódicos, cuando publican algo sobre Echeverría o sobre Lizcano. Pero sí tiene en cuenta a los periódicos en otros casos, como en los peritajes sobre cocaína, y entonces acepta demandas de difamación, o como en la denuncia delitos electorales inexistentes, y entonces abre averiguaciones judiciales. En el caso Medina Abraham ni acepta ni abre: rechaza y cierra.
Un tiro al aire a la mitad de estas impresiones: ¿nos interesa, nos inquieta, nos preocupa que el procurador general de justicia del Estado no defienda su buen nombre?
Reanudemos la impresiones. El doctor Jorge Elías Hadad Herrera, director del Servicio Médico Forense de la Procuraduría, el perito Fernando Ríos Covián Patrón, el agente Joaquín Canul Amaya, ¿cómo han podido resistir durante tres años las acusaciones de falsificación, mentira, fraude o incompetencia que se les formula? La Comisión de Derechos Humanos llega a señalar que el señor Hadad mintió en forma "contundente".
Ante semejantes cargos, ¿qué hace el hombre decente? Corre a los periódicos y exige una aclaración. Publica sin demora una réplica. Renuncia a su cargo para que se haga una averiguación imparcial que lo ponga a salvo del ultraje. No pide una investigación: la demanda. Si la jueza no lo quiere citar, cuando lo solicita la defensa, se ofrece como voluntario. Protesta porque Leticia Cobá Magaña lo priva de la oportunidad de decirles a los yucatecos, de comprobarles, documentos en la mano, que no es cierto, que son calumnias los delitos que le atribuyen la Comisión de Derechos Humanos, la defensa, los peritajes, los periódicos...
No queremos repetir sus nombres, pero debemos subrayar que no han aprovechado ninguna de las numerosas oportunidades que han tenido durante 960 días para decir: "No es cierto"... "No es verdad"... "Yo no hice eso". Peor: cuando al fin no tuvieron más remedio que comparecer en el juicio, ratificaron su participación en los hechos denunciados. ¿Arrepentimiento? Mejor hablamos de jactancia. Lo hice ¿y qué?
¿Se falta a la caridad cuando después de 32 meses de publicar denuncias, renuencias oficiales a investigar las denuncias, peritajes científicos que comprueban las denuncias, silencios que confirman las denuncias, se falta a la caridad, repetimos, cuando se dice lo que en estas impresiones se está diciendo de gente que se niega, incluso, a aceptar el ofrecimiento de Rubén Bolio Pastrana, abogado de la defensa, de ventilar todas esa denuncias en un debate público? ¿Por qué no quieren defenderse?
Sí: ¿por qué no quieren defenderse? En la respuesta, honorables miembros del jurado, está la clave de los tres años de cárcel de Armando Medina Millet.
Los procuradores, los funcionarios y los peritos -recordemos "El silencio de las instituciones"- no tienen el menor interés en limpiar su nombre porque, primero, están seguros de su impunidad, y, segundo, porque creen que desmancharlo no es importante, ni necesario, ni útil para ser aceptados e incluso halagados en el seno de la sociedad. Tienen ese mal concepto de los yucatecos. Su silencio es una afrenta porque "cada hombre mide a los demás por sí mismo: él es la medida".
Quien lo dijo es otro escritor especializado en el comportamiento social: Elbert Hubbard, el periodista estadounidense que en sus "Little journeys" (Pequeños viajes o jornadas) hizo la disección de la sociedad finisecular norteamericana antes de ahogarse en 1915 cuando los alemanes torpedearon el trasatlántico "Lusitania" en la Primera Guerra Mundial.
Los presuntos mentirosos y falsificadores del caso Medina Abraham creen que todos los yucatecos son como ellos. Hemos dado motivo para que piensen así. Un ejemplo basta. El Dr. Hadad era presidente del Colegio de Médicos de Yucatán cuando salieron a la luz pública las acusaciones contra él. Nadie le pidió que las negara, que demostrara que eran falsas o, en su defecto, renunciara a la presidencia. Nadie hizo nada. Bueno, algo. Algo grave: lo siguieron invitando a que los honrara con su presencia en las ceremonias en que los dirigentes de agrupaciones médicas asumían sus cargos. Lo que llamamos "tomas de posesión". Lo invitaban como si no pasara nada. Lo estimaban y respetaban como si mentir, falsificar, engañar, hacer trampa fueran actividades comunes y corrientes de las sociedades médicas.
Los protagonistas del proceso a Armando Medina Millet, voluntaria o involuntariamente, nos invitan a repasar cuáles son los valores que forman eso que llamamos reputación, buen crédito, propia estimación, solvencia moral. Valores que son las fibras del tejido social. Nos los enseñaron papá y mamá, el Padre de la doctrina, la maestra de primaria. Los recordaba el abuelo cuando nos decía: "Don Fulano de Tal, ¡ése era un caballero!". ¿Dónde está, dónde hemos metido aquel intransmisible de la buena fama que se nos pedía en cada puerta? ¿En el estuche de las medallas que ganamos en el colegio? ¿En las páginas amarillas de "La vida es sueño", donde Calderón de la Barca dice y repite en polvoso tramo de biblioteca desierta que el "honor es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios?" Para tener éxito en la vida hoy, en 1999, en Yucatán, ¿importa un nombre limpio?
Que alguien nos encienda la luz, porque corremos el riesgo de que el caso Medina Abraham, como una rafaelita, aplane y arrase los valores que respetan y hace respetable a la gente decente.
En la fotografía de grupo de la sociedad yucateca del año 2000, ¿dónde están el hombre y la mujer que no le conceden la menor importancia a la propia estimación, a la honra, al pundonor, a la dignidad, ni en sí mismos ni en el vecino? ¿Están en tercera fila, pegado a la izquierda? ¿En primer plano, cerca del centro? ¿Están en nuestras fiestas? ¿En nuestras directivas? ¿En nuestros apostolados?
Julián Marías nos puede ayudar a localizarlos con su artículo "Malversación del prestigio y la estimación", que publicamos hoy mismo a la cabecera de nuestra Página Editorial -la cuatro- de la sección Nacional e Internacional. Ante la falta de orientación que padecemos, nos puede servir de guía para medir y tasar el silencio de la acusados y su resonancia en la sociedad. El silencio de los fabricantes de las pruebas que desde hace 32 meses, ó 23,040 horas -el reloj sigue andando- tienen en la cárcel a Armando Medina Millet.
Con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, en el caso Medina Abraham estamos escribiendo la historia que leerán, que aprenderán nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones inmediatas a este siglo que, con nuestras tradiciones, se nos está escurriendo entre las manos, mientras tenemos los ojos clavados... ¿en dónde?
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