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La Comisión Nacional de Derechos Humanos, otras organizaciones similares y la propia defensa de Armando Medina han denunciado parcialidad de las autoridades, tanto en la averiguación previa como en el juicio. Todas coinciden en que se cometieron numerosos quebrantos legales en la integración del expediente, que culminó en la renuncia del procurador Jorge Lizcano Esperón. Este funcionario fue sustituido por José Manuel Echeverría Bastarrachea, quien, según la defensa, prácticamente ha intentado apuntalar las deficiencias e irregularidades en que incurrió su antecesor. –La Procuraduría estuvo al servicio de la familia Abraham Mafud –subrayó el Lic. Bolio Pastrana. El propio procurador Lizcano Esperón dijo a la CNDH que cuando estaba en la clínica los familiares de la joven impidieron que se llevara al cabo la autopsia de ley. La Comisión subrayó que el funcionario debió girar instrucciones para que sus subalternos cumplieran con los requsitos de ley en hechos de ese tipo. Los Dres. Jorge Elías Hadad Herrera y Marianela Espejo Salazar, director y subdirector del Semefo, se refirieron a la oposición de los familiares de la joven para que se profundizara en las investigaciones. "Es un caso muy complejo... con el poder que lleva el apellido Abraham", dijo la Dra. Socorro Valencia Arana, perita del Semefo, al señalar diversas irregularidades de la averiguación previa. José Luis Solís Cortés (a) "El Dragón", cercano colaborador de la familia Abraham Mafud en asuntos de seguridad y ex director de la Policía Federal de Caminos, admitió en su comparecencia en el juzgado que tuvo a su alcance las evidencias poco después de los hechos y que intervino porque el procurador Lizcano Esperón lo invitó a participar. Incluso, dijo que acudió a la casa el mismo día de los hechos. |
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Marco Antonio Cerón Ruiz, otro de los defensores, señaló que el expediente se hizo a espaldas de Medina Millet, ya que nunca le dieron copias de los legajos ni le permitieron ofrecer pruebas de su inocencia.
La conclusión de los defensores coincide con una frase que el jefe de la Sección de Homicidios de la Policía Judicial, José Enrique Medina Gamboa, expresó a la CNDH cuando esta institución realizó una investigación del caso: "Llegaron investigadores de los Estados Unidos, como parte coadyuvante según dijeron, para reforzar, para probar lo que ellos (la familia coadyuvante, Abraham Mafud) querían, presumían que había sucedido".
–La Procuraduría los apoyó –subrayó el funcionario.
La defensa señala que esta excesiva injerencia de la familia Abraham en las investigaciones se observó desde los primeros momentos, ya que impidió que se hiciera la autopsia y se profundizara en las investigaciones.
Luego, agrega la defensa, le permitieron intervenir directamente en las pruebas, entre ellas la que determina la distancia de disparo, que es la que prácticamente mantiene en prisión a Medina Millet.
Dos peritas de la Procuraduría, a diferencia de los demás funcionarios, han demostrado una actitud intachable en este caso: la Dra. Espejo Salazar y la Quim. Guadalupe Madrigal Acosta, quienes denunciaron alteraciones y aportaron datos que contradicen el expediente y, al mismo tiempo, confirman cambios de fechas y horas en pruebas periciales.
