Los medios de comunicación, agrupaciones de defensa de los derechos humanos e incluso el Arzobispado de Yucatán, aunque de manera indirecta, han tenido participación en el caso Medina Abraham.

Medios de comunicación.– Una publicación que se imprime en Mérida ha difundido , desde los primeros días de los hechos, constantes injurias y acusaciones sin sustento contra Medina Millet. Lo ha tildado de "psicópata", "asesino", etc., en abierta parcialidad encaminada al linchamiento social de Armando Medina.

Otra ha secundado esta actitud, aunque en menor escala, siempre favoreciendo a los conceptos proporcionados por la acusación.

Los medios electrónicos han hecho eco de la acusación, pues sus entrevistas las enfocan sólo hacia lo que digan la familia Abraham o sus representantes legales y desdeñan los argumentos de la defensa.

El Diario de Yucatán se abstuvo de publicar detalles de este caso durante la averiguación previa.

Intervino cuando se emitió información oficial sobre la presunta responsabilidad de Medina Millet y ha dado espacio en sus páginas a las reiteradas denuncias de la defensa sobre la parcialidad de la jueza y la Procuraduría.

El Diario de Yucatán ha sostenido, ante evidentes pruebas, que no se da oportunidad a Medina Millet para su legítima defensa.

Las ONG’s.– Varias agrupaciones de defensa de los derechos humanos con sede en la ciudad de México han solicitado, en múltiples ocasiones, que Medina Millet reciba un juicio de acuerdo con la ley, que se le permitan los medios adecuados para su defensa.

Entre los representantes de esas agrupaciones están el Dr. Adrián Ramírez López, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos; Salvador Tinajero, representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.; Manuel López Menéndez, representante de la Comisión de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, A.C; Francisco Lope Avila, coordinador en el Sureste de la Liga Mexicana de la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), etc.

También intervino la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de México, cuyo presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, envió un comunicado a la jueza, documento cuya copia publicó el Diario.

El Arzobispado de Yucatán.– Intervino desde la averiguación previa, cuando el Tribunal Eclesiástico Diocesano envió una carta, a solicitud de la Procuraduría, en la que confirmó la anulación del primer matrimonio de Medina Millet y expresó que esa circunstancia se debió a una "psicopatía".

Sin embargo, esa instancia religiosa omitió decir que Medina Millet fue autorizado, por el mismo tribunal, a contraer nuevas nupcias, pues no existía ningún impedimento para recibir ese sacramento.

Este documento, considerado secreto por la Iglesia, es utilizado por la coadyuvancia para tratar de demostrar que Medina Millet "es proclive a la realización de hechos violentos y tiene la misma personalidad psicopática que se le determinó en ese procedimiento".

Este documento fue obtenido, inicialmente, de manera irregular por el Ministerio Público en una "visita" que hizo al lugar de los hechos sin la presencia de Medina Millet o algún representante suyo.

Familiares del acusado indicaron que, en realidad, ese documento lo sustrajeron familares de Flora Ileana que el sábado 18 de noviembre de 1995 acudieron al predio con la vidente peruana Rivarola Anaya. La intervención del Ministerio Público fue para "oficializar" su anexión al expediente.

La defensa sostiene que ese documento no demuestra que Medina Millet sea "proclive a actos violentos", ya que la misma Iglesia autorizó nuevas nupcias, además de que el término "psicopatía" no es el mismo en su aspecto religioso que el médico-psiquiátrico.

La más reciente intervención de la iglesia fue cuando Francisco Javier Acuña Llamas, presidente de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de México, firmó dos documentos para solicitar que se siga un proceso justo a Armando Medina.

En carta posterior, Acuña Llamas intentó retractarse de la firma del documento, pero este periódico publicó los documentos con su nombre y firma, de puño y letra, incluso con una leyenda en que pedía proceder conforme a Derecho en este caso.

En franca oposición de las partes y en el marco de la entrega de los dictámenes, la defensa lanzó un reto a la coadyuvancia: realizar un debate público en que se den a conocer las pruebas que sustentan sus posturas.

El Lic. Bolio Pastrana propuso que en ese debate público, que sería con transmisión directa por televisión, se exhiban pruebas y se discuta sobre los elementos que sustentan las afirmaciones de la acusación y la defensa.

No hubo respuesta de la acusación.