http://www.yucatan.com.mx / medina_abraham / opinion /

Publicación del jueves, 13 de enero de 2000

Nota del Día

¿Callar y obedecer?

POR PRIMERA VEZ en la historia del caso Medina Abraham, Diario de Yucatán opinó ayer que Armando Medina Millet no es es el autor de la muerte de su esposa Flora Ileana Abraham y debe ser puesto en libertad.

Durante cuatro años, este periódico canalizó su intervención en el caso Medina Abraham a dos vertientes únicas:, 1) Informar de los incidentes del juicio, los términos de la acusación, las respuestas de la defensa y el comportamiento de las autoridades.

2) Apoyar las demandas de un juicio imparcial y equitativo a Medina Millet, con pleno respeto a la ley y los derechos constitucionales del acusado a defenderse.

Durante cuatro años, el Diario no opinó, NUNCA, sobre la inocencia o culpabilidad del procesado.

Fruta madura, porque se desprende de 50 meses de informaciones, editoriales y análisis, nuestra opinión expresada ayer en la "Nota del Día" corresponde al convencimiento de que Medina Millet debe ser puesto en libertad inmediata porque la defensa ha demostrado, sin lugar a la menor duda, que carecen de validez, legal y moral, las pruebas fabricadas por la acusación y la coadyuvancia a fin de denunciar un delito de homicidio que no existió.

Puntualizamos en nuestro editorial de ayer que el gobernador Víctor Cervera Pacheco, como jefe nato de las autoridades corruptas que se coludieron para enviar a la cárcel a Medina Millet con un expediente ilícito, ha tenido durante los cuatro años del juicio oportunidades jurídicas claras para solicitar la libertad del detenido, pero, como no ha querido hacerlo, es el principal responsable de la prisión injusta que guarda el señor Medina.

La voluntad manifiesta del señor Cervera de mantener a Medina Millet en el reclusorio, por compromisos ajenos a la ley, la justicia y la verdad, han permitido a la jueza del conocimiento, Leticia Cobá Magaña, conducir el juicio de una manera que debe indignar a la sociedad y merecer su repudio.

En el campo de la ley y la justicia, Leticia Cobá Magaña es una pecadora pública. Contumaz. Convicta y confesa. Ha infringido sin recato la Constitución mexicana y la yucateca, así como los Códigos de Defensa Social y Procesal del Estado. No se trata nada más de que haya faltado a su obligación expresa de auxiliar al acusado en la presentación de pruebas y testigos: es que ha hecho precisamente lo contrario.

La señora Cobá se ha señalado por su falta de escrúpulos para violar los derechos del señor Medina a defenderse, al mismo tiempo que hacía gala de su intención de favorecer a como diera lugar a la acusación y la coadyuvancia.

A lo largo y ancho de estos cuatro años de juicio, la defensa ha publicado testimonios incontrovertibles de esta parcialidad de la señora Cobá Magaña e interpuesto las denuncias consiguientes, sin éxito alguno, pues el Tribunal Superior de Justicia se ha solidarizado invariablemente con el comportamiento de la jueza en el caso Medina Abraham.

La actuación de la señora Cobá tiene dos explicaciones: incapacidad profesional o venalidad. Por cualquiera de las dos causas, el bien común exige que sea inhabilitada en forma vitalicia para ejercer tanto el cargo que ocupa como la profesión de abogado, sin perjuicio de la investigación judicial correspondiente a los delitos que se le atribuyen en el ramo del servicio público.

No llama la atención que el Tribunal Superior extienda a la señora Cobá la misma patente de impunidad que el Ejecutivo ha otorgado a los funcionarios delincuentes que manipularon la averiguación previa de la muerte de Flora Ileana Abraham. Sabemos que la autonomía del Poder Juicial en el Estado es un mito. Es público y notorio que el gobernador lleva la voz cantante en los tres Poderes del Estado. Las arbitrariedades de la jueza son, por tanto, una extensión directa de los deseos o las instrucciones del señor Cervera.

Pero el jefe del Ejecutivo es un mandatario que, según el espíritu de nuestro sistema político, obedece a su mandante, que es el pueblo, llamado también, en estos casos, sociedad u opinión pública, y a ésta le asiste el derecho, con su correspondiente deber, de manifestar su voluntad al gobernante.

En una averiguación previa secreta, como en el caso de la muerte de la joven Abraham, y la expedición inmediata y fulminante de la orden de aprehensión y el auto de formal prisión, se le hace difícil a la sociedad expresar con prontitud su aprobación o desaprobación de los actos del mandatario.

En el juicio a Medina Millet, por lo contrario, se ha desplegado paulatinamente, doblez tras doblez, hasta quedar desnudo, el abuso de autoridad como instrumento para violar la ley a mansalva. La sociedad ha tenido tiempo de sobra para ver y observar, consultar, sopesar y opinar.

Debemos reconocer que no somos hoy terreno fértil para las opiniones de la sociedad. Precisamente una de las características esenciales del caso Medina Abraham es que transmite un mensaje inequívoco del gobierno del Estado: "Voy a quebrantar la ley como y cuando quiera. ¿Y qué? ¿Hay alguien o algo que quiera o pueda impedirlo?", Es el regreso político y social de Yucatán al pasado. Al pasado remoto. Al pasado colonial, como si se quisiera hacerle a la sociedad yucateca del flamante año 2000 la misma advertencia que el marqués de Croix hizo a los súbditos de Su Majestad en la sociedad mexicana del siglo 18: "que nacieron para callar y obedecer y no para discutir y opinar en los altos asuntos del gobierno".

El caso Medina Abraham, como asunto de gobierno, ¿es alto o bajo? La sociedad yucateca, ¿debe opinar, en defensa propia, sobre el juicio a Armando Medina Millet? ¿O debemos los yucatecos callar y obedecer mientras nos ponen en las narices un aviso tenebroso de que la ley, y con ella todos nuestros derechos, tiene el valor que le quiera dar la buena o la mala voluntad del gobierno?, Reiteramos nuestra impresión editorial de 1999: el caso Medina Abraham toma el retrato de grupo de la sociedad yucateca que entra al año 2000. Nos dice lo que tenemos o no tenemos el deseo de tener. Nos revela lo que somos o no nos importa ser.

De algo podemos estar seguros ya: respetados como mandantes o reducidos a mandatarios, cualquiera que sea el papel histórico que querramos desempeñar, el gobernador Víctor Cervera Pacheco y sus dependencias no están solos en la responsabilidad del caso Medina Abraham. La comparten con la sociedad yucateca

Comentarios y sugerencias
Derechos  Rereservados, enero 2000
Compañía Tipográfica Yucateca, S.A. de C.V.