El caso de Ricardo Ucán Seca, indígena maya preso en Tekax, exhibió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la discriminación que persiste contra el pueblo maya de Yucatán en los tres niveles de gobierno en la audiencia convocada por ese organismo internacional y realizada ayer en Washington.

Ante las evidentes violaciones a los derechos de Ucán Seca, expuestas por integrantes del equipo Indignación —que es copeticionario del caso ante la CIDH—, el director de derechos humanos de la cancillería mexicana ofreció buscar una solución amistosa favorable a Ucán, aunque sin especificar en qué consistiría la solución.

En la audiencia contrastaron las posiciones al interior de la representación del estado mexicano, pues los consejeros jurídicos del gobierno de Yucatán insistieron en defender a la abogada de oficio y reiterar que Ucán habla español.

Integrantes del equipo Indignación expusieron ante los comisionados de la CIDH las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos en agravio de Ucán Seca.

La falta de intérprete, la ausencia de una defensa adecuada y la discriminación de que fue objeto —que constituyen violaciones al proceso— le impidieron a Ucán demostrar que actuó en legítima defensa al privar de la vida a Bernardino Chan, en junio de 2000 por lo que fue sentenciado a 22 años de prisión.

Jorge Fernández incluso exhibió la discriminación en la que incurrió en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, que llegó a sostener que Ricardo Ucán Seca no es indígena maya debido a que en su localidad hay luz, escuela y diversos servicios.