MÉXICO (Notimex).— La diputada Holly Matus Toledo, del PRD, presentó una iniciativa para reformar la leyes para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y General de Población, a fin de garantizar la integridad de las víctimas y gestionar su cambio de identidad cuando se vea amenazada su vida.
La secretaria del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad y Género indicó que el proyecto de ley también pretende brindar atención médica, psicológica y jurídica, y cuando la víctima sea extranjera recibirá esta atención antes de su repatriación.
Asimismo, dijo, el objetivo es implementar medidas educativas que divulguen las características de la trata y promuevan los derechos humanos.
Recordó que en México 16 mil menores de edad son sujetos de explotación sexual cada año y 85 mil son usados en actos de pornografía, mientras que en 21 de las 32 entidades existe turismo sexual.
La trata de personas, subrayó, es uno de los tres negocios más lucrativos para la delincuencia organizada a escala mundial, sólo superado por el tráfico de drogas y el de armas, ya que produce ganancias anuales por nueve mil 500 millones de dólares.
En un comunicado la legisladora mencionó que la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe establece que en México operan al menos 15 bandas internacionales de trata y tráfico de personas, y hay muchos casos no resueltos, lo cual evidencia el enorme atraso en la materia.
Ante ello, dijo, es necesario analizar esa problemática y formular respuestas eficaces, el enfoque debe centrarse en la explotación y control de una persona mediante la fuerza, el fraude o la coerción y no en el traslado de esa persona.
Resaltó que la trata de personas tiene el carácter de clandestinidad y de operación subterránea, lo cual no permite dimensionar la problemática ni conocer realmente el número de víctimas de este crimen.
Las principales afectadas son niñas, niños y mujeres pobres a las que se les engaña o coacciona con promesas de una vida mejor a través de empleo, oportunidades de educación o matrimonio.
"Más allá de las cifras, no puede perderse de vista que se les han suspendido todos sus derechos, han sido literalmente sustraídas del tejido social e incorporadas al intercambio de mercancías", abundó la legisladora del PRD.
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