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Yucatán, con paz frágil y seguridad basada en violación de derechos

miércoles, 12 de enero de 2022 · 04:45

Yucatán tiene un modelo de seguridad con signos de autoritarismo, que justifica la violación de derechos humanos para mantener una paz frágil, se advirtió este mediodía en un foro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).

En el encuentro, que se efectuó en Ciudad de México y se transmitió en vivo en Facebook, se hizo hincapié en la complacencia de un sector de la sociedad –principalmente las cámaras empresariales– con la “mano dura” policíaca y en el desinterés de la ciudadanía en ese tema.

En opinión del investigador y académico Sergio Aguayo Quezada, integrante del colectivo, la sociedad yucateca se desentiende de estos asuntos ante la comodidad de las versiones de que vive en un Estado seguro, una situación que se consigue con altos costos en materia de derechos humanos.

Los ponentes coincidieron en que la paz en Yucatán es un mito que se rompe con una serie de indicadores de descomposición que son ignorados por las autoridades locales.


Seguridad Vs. recurrente violación de derechos

El foro fue el marco para la presentación del documento “La paz como mito: el insostenible modelo de seguridad pública de Yucatán”, en el cual se cuestionan las estrategias oficiales en el tema y se pone énfasis en los siguientes puntos:

  • Es falso que en Yucatán no hay indicios de la presencia del crimen organizado.
  • Yucatán es considerado uno de los estados más seguros del país, pero su Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se caracteriza por ser una recurrente violadora de derechos humanos.

 

La SSP, con poder casi ilimitado

  • Hay un patrón de detenciones arbitrarias y tortura que no se han atendido de manera suficiente.
  • Con el sostén primero del PRI y luego del PAN, sin una oposición real o crítica y con el apoyo irrestricto de cámaras empresariales, la SSP en Yucatán tiene un poder casi ilimitado.
  • Las violaciones a los derechos humanos y la represión de la protesta social, como se documenta en casos recientes, son incompatibles con el discurso de paz de los tres últimos gobiernos.

 

Admisión tácita de arbitrariedades y violencia

  • El escándalo que ocasionó la renuncia del fiscal Wílberth Cetina Arjona es relevante porque se reconoce tácitamente el contexto de detenciones arbitrarias, violencia policial y autorización de la Fiscalía del Estado para cometer violaciones a derechos humanos.
  • Una de las más graves y recurrentes violaciones a derechos humanos por parte de la SSP es la tortura.
  • Solo en 2020 se registraron al menos 10 muertes de personas bajo la custodia del Estado (seis casos atribuibles a policías municipales y cuatro a la policía estatal).

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  • Estas muertes fueron causadas por la forma violenta con la que se detiene y somete a las personas.
  • En Yucatán se suele ver a Luis Felipe Saidén Ojeda, titular de la SSP, como un suprapoder que debe ser tolerado con tal de preservar la seguridad.

 

 

¿Qué es Casede y qué hace?

Casede es una asociación civil con presencia nacional que intercambia ideas, discute y propone alternativas sobre seguridad, con apego a los valores de la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Con antecedentes en 2005, pero constituido legalmente como asociación civil en marzo de 2007, el colectivo está formado por investigadores, académicos, expertos en asuntos gubernamentales y no gubernamentales, y representantes de la sociedad civil y de centros de investigación.

Lo preside Raúl Benítez Manaut, quien presentó el documento sobre la seguridad en Yucatán junto con Sergio Aguayo.

En el foro los acompañó, como ponente invitado, el abogado Jorge Fernández Mendiburu, asesor de Grupo Indignación.

Mitos, acusaciones y espejismo

Después de las exposiciones se aceptaron preguntas de otros participantes.

Entre otras cosas, se habló de los mitos de la seguridad y la paz en Yucatán, de las acusaciones contra las policías estatal y municipales y de la aparente apatía social ante el espejismo de las estadísticas oficiales.

“Yucatán y Mérida están a buen tiempo de repensar el modelo de seguridad”, manifestó el doctor Aguayo.

Además de los puntos que se abordan en el documento, se plantearon preguntas enfocadas en otros temas que repercuten en áreas de la seguridad de la entidad, como la especulación inmobiliaria y los suicidios.

El caso de José Eduardo Ravelo Echevarría, joven que falleció después de ser detenido por agentes de la Policía Municipal de Mérida, ocupó una parte de las exposiciones.

Se indicó que visibilizó el tema de la tortura, del cual había numerosas denuncias previas.

Anonimato por cuestiones de seguridad

En la presentación del texto se informa que es fruto de una recopilación y trabajo minucioso de investigadores y académicos locales, cuya identidad se reservan porque temen por su seguridad.

“Con este documento, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia inicia la publicación de investigaciones que, como ésta, contribuyen a una discusión seria sobre la inseguridad en diversas partes de México”, se indica.

 

El texto consta de cinco apartados: contexto, la Secretaría de Seguridad Pública, la SSP y las policías municipales, desmitificación del discurso de paz y comentarios finales.

Al final se detallan las fuentes de información, entre las cuales están las plataformas de Grupo Megamedia.

Discurso que legitima violación de derechos

Desde el principio se señala que desde hace algunos años los gobiernos de Yucatán alimentan el discurso de “Estado Seguro”, que, entre otras cosas, se refiere a que la entidad está libre de violencia y se encuentra en un lugar privilegiado frente a la situación de otros lugares en el país.

“No obstante, esa narrativa ha legitimado que las policías municipales y la estatal cometan violaciones a derechos humanos, como tortura y detenciones arbitrarias, en favor de mantener la seguridad”, se apunta.

Revisión de cuatro administraciones

El análisis abarca cuatro administraciones estatales, desde el sexenio de Patricio Patrón Laviada (2001-2007), y detalla las transformaciones que experimentó la policía estatal, tanto en el aspecto administrativo como en equipamiento.

Se exponen estadísticas que ponen en duda la eficacia de las estrategias y los programas Escudo Yucatán y Yucatán Seguro y también se cuestionan los métodos que aplica la SSP para contener la ola delictiva.

Recurrente tortura policíaca

La tortura asoma como un elemento recurrente en el trabajo policíaco. Según los datos que se exhiben, de 2008 a 2020 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) emitió 106 recomendaciones contra la SSP por violaciones a derechos humanos.

Entre las denuncias que se citan figuran la incomunicación de las personas, “llevándolas a ubicaciones remotas o sitios abandonados”.

Asimismo, se documentaron amenazas de muerte o desaparición y la utilización de vehículos sin logotipos oficiales, detenciones por policías sin uniforme y la inmovilización con esposas, vendas, capuchas y otros elementos.

Cuestionable modelo de seguridad

“Es innegable que, a pesar de las cifras positivas en la incidencia de delitos, existen problemas importantes en el modelo de seguridad pública de Yucatán”, subrayan los representantes de Casede.

“Hace falta una perspectiva integral de seguridad que reconozca la importancia de la protección y respeto a los derechos humanos”.

“Poderoso secretario” a quien no se cuestiona

A Felipe Saidén se le menciona como un “poderoso secretario” que ha tenido el respaldo de tres gobernadores. Un “suprapoder” cuya actuación nadie cuestiona y, por el contrario, elogian cámaras empresariales.

A continuación, compartimos el documento presentado este día: