Tráfico de tierras en Yucatán

Tráfico de tierras en Yucatán: el ejido de Seyé podría recuperar amplia superficie

domingo, 27 de marzo de 2022 · 02:37

Las asambleas ejidales mediante las cuales les fueron “transferidas” más de 1,500 hectáreas del ejido de Seyé a un grupo de inversionistas y especuladores de Mérida fueron simuladas, con el único fin de entregar parte del patrimonio ejidal a esas personas, lo que es “un acto de injusticia e ilegalidad”, considera el magistrado del Tribunal Unitario Agrario, José Lenín Rivera Uribe.

En su sentencia emitida el 22 de febrero sobre este caso, que ha cimbrado a la llamada “mafia agraria” de Yucatán, el magistrado Rivera Uribe resolvió anular los acuerdos de esas asambleas y devolver al ejido las tierras que le arrebataron.

En esta maniobra, realizada en 2015, como ya informamos, participaron, como principales responsables, Armando Ceballos Chávez y Rodrigo José Vega Espinosa, junto con Lorenzo Cauich Miam, comisario ejidal de Seyé en ese año.

Un grupo de ejidatarios inconformes denunció a estas personas ante el TUA, en 2019.

En su sentencia, el magistrado afirma que, de acuerdo con la Constitución, son ilegales “las transmisiones de tierras ejidales a favor de particulares, toda vez que las tierras ejidales y comunales corresponden a los campesinos y herederos de los campesinos mexicanos que fueron parte de la Revolución mexicana”.

Empero, Ceballos Chávez — estrechamente vinculado a Morena, igual que Cauich Miam— Vega Espinosa y 16 personas más de Mérida, todas con actividades empresariales, fueron aceptadas como miembros del ejido en una asamblea realizada el 12 de septiembre de 2015.

En otra asamblea, el 27 de diciembre de ese año, el comisario ejidal decidió cambiar el uso de suelo de 7,502 hectáreas de tierra de uso común, para convertirlas en zona de asentamiento humano. Esto propició la creación de 1,195 solares, de los cuales 250, equivalentes a 1,500 hectáreas ubicadas a un lado de la carretera Mérida- Cancún, se entregaron a los inversionistas meridanos.

El magistrado Rivera Uribe en su sentencia, que nulifica las decisiones del ejido, explica que la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución, que cambió el rumbo de la tenencia de la propiedad social, no se hizo “como excusa para que con la delimitación y asignación de las tierras de los ejidos y comunidades, con la anuencia de malos representantes ejidales, retornaran a favor de los acaparadores y especuladores, los bienes inmuebles que se habían otorgado a la clase campesina, y que sin limitación alguna se asignarán las tierras de uso común, las parcelas o solares, al mejor postor, atentando contra los derechos de los campesinos”.

Rivera Uribe llegó a Yucatán apenas en enero, en sustitución de la magistrada Lilia Isabel Ochoa Muñoz, quien se distinguió por su trabajo apegado a favor de la ley y no a los intereses de los traficantes de tierra.

Los acusados en este caso ya solicitaron amparo, que se espera sea denegado, por lo que la decisión del TUA se mantendría firme y propiciaría la cancelación de los registros de los predios obtenidos ilegalmente del ejido.

Otros casos

El caso de Seyé no es el único en el estado. El 28 de octubre de 2019, Luis Hernández Palacios Mirón, titular de la Procuraduría Agraria, declaró a este periódico que “por indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador”, esa dependencia había iniciado 52 juicios de nulidad de asamblea en Yucatán, en representación de otros tantos núcleos ejidales, por supuestos despojos de terrenos realizados a través de asambleas simuladas”.

“Es un acto inédito para Yucatán y paradigmático para el país”, añadió Hernández Palacios Mirón, quien dijo que la Procuraduría Agraria actúa en esos juicios como representante legal de los ejidatarios.

Respecto a la asamblea del 12 de septiembre de 2015, en la que se reconoció el carácter de ejidatarios de los inversionistas meridanos, varios miembros de ese ejido testificaron ante el magistrado del TUA que esa asamblea nunca se realizó.

Además, en su sentencia, el magistrado Rivera Uribe señala que “consiste un hecho notorio que los demandados Ceballos Chávez y Vega Espinosa son empresarios inmobiliarios de Mérida”.

Agrega que según reportes de la prensa local “estas personas viven en Mérida y han adquirido tierras ejidales en diversos lugares del estado”, de lo cual se deduce que su actividad habitual es la inmobiliaria y no las actividades agropecuarias en el ejido.

Condiciones

En cuanto a la asamblea del 27 de diciembre, la sentencia del magistrado señala que ésta es simulada porque la creación de una zona de urbanización en un ejido solo se puede aprobar si la población ejidal está asentada en terrenos ejidales o en un área de crecimiento de la población, lo cual no es el caso.

Pero si lo fuera, para la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización, se requiere de la intervención de las autoridades municipales y de la Sedatu, pero nada de esto ocurrió, dice la sentencia del TUA.

“Lo que en realidad se llevó a cabo en esas asambleas fue una transmisión de tierras ejidales a favor de personas ajenas al núcleo agrario”, por lo que el magistrado Rivera Uribe resolvió “la nulidad de pleno derecho e inexistencia judicial de esas dos asambleas”.

Al hacer lo contrario, dice, “se estaría permitiendo que actos viciados de origen y que contraviene preceptos de nuestra Carta Magna entraran a la vida jurídica con una aparente legalidad” y también “se estaría cometiendo un acto de injusticia e ilegalidad, al permitir la permanencia de acciones de esas asambleas en detrimento el patrimonio de un núcleo agrario, al considera legal un acto simulado que solo tiene como efecto la afectación de la propiedad social”.

En otra parte de la sentencia, el magistrado señala que en ningún apartado del artículo 27 Constitucional se “prevé la autorización del acaparamiento de tierras ejidales a favor de unos cuantos”. (Continuará).—HERNÁN CASARES CÁMARA.