A la espera de un recurso

Diversos efectos traería un fallo a favor de un ejido

También serían investigados por el Ministerio Público Federal por la probable comisión de varios delitos.
jueves, 31 de marzo de 2022 · 02:08

La sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA) emitida recientemente respecto al conflicto de terrenos en el ejido de Seyé, una vez que cause ejecutoria detonará un gran problema económico y legal para los exdirigentes ejidales de esa población y los traficantes de tierra y sus clientes, ya que éstos deberán regresar al ejido las más de 7,500 hectáreas de las que se apropiaron ilegalmente, muchas de las cuales, las más valiosas, ya habrían sido vendidas.

También serían investigados por el Ministerio Público Federal por la probable comisión de varios delitos.

Como hemos informado, el magistrado del TUA del Distrito 34, con sede en esta ciudad, José Lenín Rivera Uribe, emitió una sentencia el 22 de febrero que declara nulas y sin efectos jurídicos las actas de las dos asambleas realizadas en 2015 mediante las cuales las autoridades del ejido, encabezadas por Lorenzo Cauich Miam, “transfirieron” esas tierras a inversionistas y especuladores de Mérida, y a otras personas ajenas al ejido.

La sentencia ordena al Registro Agrario Nacional (RAN) y al Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) cancelar la inscripción de las actas de esas asambleas y los títulos de propiedad que se emitieron a raíz de eso.

Recurso

Varios de los empresarios y ejidatarios afectados con la sentencia ya interpusieron un recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario. Si esta instancia confirma la sentencia del magistrado Rivera Uribe, a los afectados solo les quedará el recurso de amparo.

Empero, hay elementos para pensar que estos recursos no prosperarán —y que la sentencia del TUA causará ejecutoria— dados los argumentos expuestos por el magistrado, entre ellos que “dichas actas de asamblea no satisfacen los requisitos para ser susceptibles de inscripción en el RAN, porque no cumplen varios preceptos legales”.

Incluso, una de esas asambleas, en la que se aceptaron como avecindados y ejidatarios a 18 inversionistas de Mérida, no se realizó y el acta se falsificó, como se probó en el juicio.

La sentencia ordena al RAN, entre otras cosas, que cuando ésta cause ejecutoria “cancele las inscripciones relativas a esas asambleas, por constituir actos simulados” y cancele igualmente la aceptación de las 18 personas de Mérida, ajenas al ejido, aceptadas como integrantes del núcleo agrario de Seyé.

Estas personas, como ya publicamos, están encabezadas por Armando Ceballos Chávez y Rodrigo José Vega Espinosa, que se apoderaron, entre los dos, de 614 hectáreas, la mayoría ubicadas cerca de la carretera Mérida-Cancún.

Zona urbana

Además, la sentencia ordena al RAN la cancelación de la nueva zona urbana creada en las 7,502 hectáreas de tierras de uso común del ejido y la subsecuente creación de 1,195 solares, de los cuales 250 se entregaron a los falsos ejidatarios de Mérida, equivalentes a 1,529 hectáreas.

Asimismo, se le pide al Registro Agrario que reúna “el listado de los solares que hubiese expedido y los títulos de propiedad correspondientes, con los números de títulos y los datos de identificación suficientes para el efecto de que se ordene su cancelación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio” del Insejupy.

De igual forma, el magistrado resuelve que se dé vista de la sentencia al Ministerio Público Federal, “en virtud de que existen actos que pueden constituir probables delitos, así como porque aun cuando era evidente que existían actos simulados que contravienen diversos preceptos constitucionales y legales”, las dos actas de asamblea impugnadas, fueron inscritas en la delegación del RAN en Yucatán.

También ordena remitir copia de la sentencia a la Procuraduría Agraria para que designe un asesor que participe en la defensa de los intereses del núcleo agrario de Seyé, “toda vez que en el presente asunto se advierten deficiencias en la asesoría de la mayoría de los ejidatarios legítimos”.

Se añade que en el “desahogo del presente juicio se aprecia que las licenciadas María Elidé Silveira Hau y Xail de la Cruz González Alpuche, asesoras legales del ejido en 2015, son al mismo tiempo asesoras y apoderadas legales de Ceballos Chávez, Vega Espinosa y de los demás inversionistas.

El magistrado resalta que estas dos abogadas no solo actuaron a favor de los acaparadores de las tierras del ejido, sino que ellas mismas se beneficiaron con la asignación ilegal de predios.

González Alpuche recibió ilegalmente 15.3 hectáreas y Silveira Hau un solar de mil metros cuadrados.

Según los archivos de Diario de Yucatán, en la misma época en las que se realizó la operación de apropiación de tierras en Seyé, entre septiembre y diciembre de 2015, estas dos personas aparecieron en el ejido de Hunucmá como empleadas del despacho agrario de Ceballos Chávez, quien se apoderó de cientos de hectáreas de ese ejido, junto con otros socios. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA

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