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El Poder Judicial en Yucatán, ante una metamorfosis: se acaba la etapa del PRI

Llega a su fin una era de control de gobiernos priistas, se abrió una en la que una administración panista pretende renovar por completo el Tribunal Superior de Justicia.
domingo, 22 de mayo de 2022 · 05:45

Con las reformas al Poder Judicial del Estado de Yucatán, aprobadas recientemente por el Congreso local, llegó a su fin una larga etapa de control bajo gobiernos del PRI y se abrió una en la que una administración panista pretende renovar por completo el Tribunal Superior de Justicia.

El primer paso de esa renovación se dio con la incorporación de Lizette Mimenza Herrera como magistrada en sustitución de Adda Cámara Vallejos, quien renunció al cargo antes de que se aprobaran los cambios, y continuará con las propuestas que hará el Poder Ejecutivo para reemplazar a otros cuatro magistrados que ya solicitaron el retiro anticipado.

De los magistrados en funciones, solo uno llegó al cargo como “cuota” de un gobierno del PAN, entonces encabezado por Patricio Patrón Laviada. Todos los demás ingresaron al Tribunal Superior de Justicia bajo administraciones del PRI.

Por efectos de una ley que fue reformada en 2010, el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial tiene tres magistrados que eran “inamovibles” y dejan de serlo a consecuencia de la reforma. Uno de esos funcionarios lleva 33 años en el cargo.

Dan un giro político al Poder Judicial en Yucatán

De los magistrados en funciones, únicamente Luis Felipe Esperón Villanueva llegó al puesto durante un gobierno del Partido Acción Nacional (PAN). En junio de 2007 fue “cuota” del Poder Ejecutivo, cuyo titular entonces era Patricio Patrón Laviada.

Una característica en los nombramientos es la ausencia de carrera judicial, sobre todo en el ámbito local. Únicamente dos magistradas y un magistrado tienen trayectoria dentro del Poder Judicial del Estado, aunque en un caso fue mínima. Otros dos desarrollaron carrera en la justicia federal antes de incorporarse al Tribunal.

De los restantes, en su mayoría ocuparon puestos políticos y hay un caso de fallida aventura electoral, bajo las siglas del PRI.

Considerado el último reducto priista en la administración pública de Yucatán, el Tribunal Superior quedó con diez integrantes hace unas semanas por la renuncia de Adda Cámara Vallejos, a quien sustituye precisamente Lizette Mimenza.

Dan fecha a su último día como magistrados

De los diez funcionarios que quedaron, cuatro se desligarán de sus funciones en estos días, como ya informamos. Tres solicitaron su retiro anticipado, con un beneficio que les concede la reciente reforma legislativa, y uno más concluye el período constitucional para el cual fue designado.

Así, hoy domingo 22 surtirá efecto la salida de Jorge Rivero Evia, magistrado segundo de la Sala Colegiada Civil y Familiar, y de Santiago Altamirano Escalante, magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes.

En unos días más, el 6 de junio, sería oficial la separación de Luis Esperón y Marcos Alejandro Celis Quintal, magistrados segundo y tercero, respectivamente, de la Sala Colegiada Penal y Civil.

El período de Esperón Villanueva finaliza un día antes, el 5 de junio. El de Celis Quintal, quien fue presidente del Tribunal antes que Ricardo Ávila Heredia, debía terminar en diciembre próximo.

El plazo para el cual fue electa Adda Cámara también llegaba a su fin este año, junto con el de Marcos Celis. Fueron designados magistrados en diciembre de 2007, en los primeros meses del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, entonces priista y hoy dirigente de Movimiento Ciudadano.

Próximas elecciones de magistrados

Con estas primeras bajas se abre una nueva era en los nombramientos del Poder Judicial, con la reforma que promovió el Ejecutivo y fue aprobada por el Legislativo.

Los relevos de los salientes serán electos de ternas que enviará el Ejecutivo al Congreso del Estado. Ahora serán quince magistrados, cuatro más que los actuales.

¿Quiénes son los magistrados "vitalicios" en Yucatán?

El Tribunal Superior tiene dos magistradas y un magistrado con condición de “inamovibles”. Al amparo de una antigua legislación, que fue reformada en 2010, se convertían en “vitalicios” después de una ratificación en el cargo.

Los “inamovibles”, que ahora sí se moverán como efecto de las reformas del Poder Judicial, son Ligia Aurora Cortés Ortega, Mygdalia Rodríguez Arcovedo y Ricardo Ávila.

Ligia Cortés —magistrada primera de la Sala Penal y Civil— obtuvo la magistratura en 1989, siendo gobernador Víctor Manzanilla Schaffer. De 1991 a 1993 fue presidenta del Tribunal. En agosto próximo cumplirá 74 años y tiene 33 como magistrada.

Mygdalia Rodríguez —magistrada tercera de la Sala Civil y Familiar— llegó al cargo en 1992, cuando Dulce María Sauri Riancho ocupaba la gubernatura en sustitución de Manzanilla Schaffer. Fue también presidenta del Tribunal, de julio de 1993 a julio de 2001, y está por cumplir 70 años de edad. Lleva 30 como magistrada.

Ávila Heredia tiene 75 años de edad y es actualmente presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Llegó a la magistratura en 2001, en los meses finales del segundo gobierno de Víctor Cervera Pacheco (había sido interino de 1984 a 1988). Por tanto, tiene 21 años en el puesto.

Ausencia de carrera judicial

De los demás magistrados, Leticia del Socorro Cobá Magaña es la única con trayectoria en el Poder Judicial del Estado. Los otros son Ávila Heredia y Ligia Cortés, aunque esta última, según se puede ver en su hoja curricular, solo tuvo un paso como meritoria en el Juzgado Segundo de Defensa Social y como escribiente del Juzgado Tercero de lo Civil y de Hacienda.

Leticia Cobá comenzó la carrera judicial en 1981 y tuvo a su cargo un juzgado penal, al igual que Ricardo Ávila. Recibió el puesto de magistrada en marzo de 2011, siendo gobernadora Ivonne Ortega.

Como titular del Juzgado Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado tuvo bajo su conducción el juicio del sonado caso Medina-Abraham.

Jorge Rivero se convirtió en magistrado en diciembre de 2010, también en el quinquenio de Ivonne Ortega. Por lo tanto, este año cumpliría 12 años en el cargo.

Es autor de libros con temas de Derecho y, como la mayoría de los demás magistrados actuales, también ha incursionado en el sector académico. Antes de incorporarse al Tribunal tuvo carrera en el Poder Judicial de la Federación.

Otro magistrado con trayectoria en la justicia federal es José Rubén Ruiz Ramírez, nombrado magistrado del Tribunal Superior en 2011, igual durante el gobierno ivonnista.

En total son siete magistrados que tomaron posesión de sus cargos durante la administración de la señora Ortega Pacheco. Son Adda Cámara, Leticia Cobá, Ingrid Ivette Priego Cárdenas, Marcos Celis, Jorge Rivero, José Rubén Ruiz y Santiago Altamirano Escalante.

Ingrid Priego llegó al Tribunal el 1 de marzo de 2011. Ocupó cargos en los gobiernos de Víctor Cervera e Ivonne Ortega y fue también regidora priista en el Ayuntamiento 2001-2004. Tuvo breve paso como consejera de la Judicatura —fue también propuesta por el Ejecutivo para ese cargo— antes de ser designada magistrada.

Santiago Altamirano fue parte de un “paquete” de cuatro magistrados que entraron en funciones en marzo de 2011.

Antes desempeñó encomiendas en la administración pública, en Yucatán y en Quintana Roo. Su último cargo de gobierno antes de ingresar al Tribunal Superior fue el de secretario del Ayuntamiento de Mérida en la administración de Angélica Araujo Lara.

Asumió la magistratura de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes con experiencia previa en el ramo, en el Consejo Tutelar de Menores Infractores (2001-2003) y en la entonces Procuraduría General del Estado, como subprocurador especializado en Justicia para Adolescentes, de septiembre de 2007 a diciembre de 2009.

Fallidas aventuras políticas

Ligia Cortés fue candidata del PRI a diputada local en 1994, pero perdió ante Patricio Patrón.

La misma suerte corrió Adda Cámara, quien fue postulada por el PRI a una diputación local en 2007 y se quedó en el camino. Tuvo varios encargos en gobiernos priistas y fue integrante del Consejo Político de su partido.

En el baúl de la política está también el recuerdo de una frustrada intervención del gobierno de Patricio Patrón en el Poder Judicial. El 19 de abril de 2005, el Congreso votó por la ratificación de los magistrados Ángel Prieto Méndez y Ricardo Ávila. El voto a favor del entonces panista Antonio Hadad Manzur, llamado traidor después, impidió que fueran relevados.

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