Escarmiento por comprometedoras grabaciones

''Venganzas personales'' desde el gobierno de Yucatán

Graves acusaciones del inversionista Arturo Millet Reyes contra funcionarios del gobierno estatal: quieren encarcelarlo por denunciar la corrupción en la Fiscalía
jueves, 5 de mayo de 2022 · 06:00

El inversionista Arturo Millet Reyes denuncia que es víctima de venganzas personales de altos funcionarios del gobierno del estado, que lo quieren privar de la libertad en represalia por sus declaraciones hechas hace dos años sobre la corrupción y abuso de poder en la Fiscalía General del Estado, a cargo entonces de Wílberth Cetina Arjona.

“Esta persona”, dice, “haciendo uso de su influencia, presionó a los jueces en mi contra y me extorsionó”, y añade que esas venganzas lo mantienen en “una complicada situación”.

Según Millet Reyes, hace varias semanas funcionarios de la Fiscalía, de la Secretaría General de Gobierno e incluso del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, específicamente Luis Alfredo Solís Montero, presionaron al Juez Primero de Control para que lo vinculara a proceso, por una denuncia en su contra presentada hace siete años, que no tenía movimiento.

Revivieron una antigua querella mercantil para convertirla en penal, no obstante la falta de sustento jurídico, señala Millet Reyes, inversionista dedicado a la compra y venta de terrenos y a la construcción de inmuebles en Yucatán y Quintana Roo.

El juez, empero, como informamos ayer, decretó la no vinculación a proceso y el sobreseimiento de la causa penal.

 Por esas grabaciones ahora buscan vengarse...

Grabaciones 

El sábado, la versión digital de Diario de Yucatán publicó una nota, con información obtenida en las redes sociales, según la cual Arturo Millet sería vinculado a proceso como responsable de cometer un cuantioso fraude.

De acuerdo con el inversionista, esa información, incorrecta y dolosa, fue una maniobra del gobierno del estado en su contra, por lo que pidió al Diario derecho de réplica.

En su declaración, obtenida hace dos días, Millet Reyes denuncia que las autoridades quieren darle un escarmiento en venganza por  sus declaraciones sobre las anomalías registradas en la Fiscalía durante la gestión de Cetina Arjona, que se escuchan en varias grabaciones obtenidas por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, y dadas a conocer en noviembre de 2020.

En esos audios se oye Cetina Arjona reconocer abiertamente el uso de su puesto para obtener beneficios económicos personales y favorecer a los clientes de su despacho particular.

 

También habla de la injerencia de altos funcionarios del gobierno del estado y sus familiares en el trabajo de la Fiscalía, para obtener beneficios personales, y se escucha a Cetina Arjona hablar de su estrecha relación con otro inversionista dedicado a la compra y venta de tierras ejidales, Gabriel Guzmán Millet, a quien incluyó en una operación inmobiliaria para beneficiar a uno de los clientes de su despacho particular.

Igualmente se oye al funcionario amenazar a Millet Reyes con aplicarle medidas cautelares, incluyendo la prisión preventiva, si no aceptaba arreglos con algunos de sus clientes particulares denunciantes del mismo Millet Reyes.

En otra de las grabaciones, Cetina Arjona le pide cinco mil dólares a este inversionista para asistir a un partido de tenis en Estados Unidos.

"Por estas grabaciones ahora buscan vengarse", denuncia Millet Reyes.

En la nota publicada el sábado en nuestra edición digital, se dice que el empresario “recibió la imputación por el delito de abuso de confianza tras comparecer ante el juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda” y que la denuncia en su contra fue interpuesta por siete inversionistas.

Estas personas, afirma la nota, le habrían entregado 117 millones, 810 mil pesos a Millet, en calidad de depósito para gestionar a su favor la escrituración de varios inmuebles en Quintana Roo, pero éste no cumplió.

En su réplica, Arturo Millet alega que "en febrero de 2015, el despacho jurídico del exfiscal Cetina Arjona, en representación del señor Alfredo Ríos Madrid y otras personas, interpuso dos denuncias en mi contra por abuso de confianza equiparado, mismas que ante la falta de elementos no tuvieron movimientos tendientes a judicializarse, pues dichas carpetas de investigación carecían de razón jurídica".

Sin embargo, añade, cuando Cetina Arjona asumió el cargo de Fiscal General, en octubre de 2018, ordenó integrar la carpeta de una de las dos denuncias, la número 2301/P-3/2015.

"En mayo de 2019 solicité el no ejercicio de la acción penal, pero el 10 de junio de ese año la Fiscalía notificó la improcedencia del no ejercicio de la acción penal, sin entrar al estudio de ninguno de los argumentos vertidos, y el mismo día solicitó  al juez Segundo de Control del Sistema Acusatorio y Oral, Luis Mendoza Casanova, la cita para audiencia de imputación, formándose la carpeta administrativa 177/2019".

En su relato, Millet Reyes afirma que Cetina Arjona, "haciendo uso de sus influencias  y presionando al juez (lo fue a visitar personalmente), logró obtener mi vinculación a proceso" e incluso me extorsionó y me solicitó dinero "a cambio de solucionar el asunto y que no se judicializará" la otra denuncia.

Agrega que "en noviembre de 2020, como es de conocimiento público, Cetina Arjona dejó el cargo de fiscal, después de que sus extorsiones y actos de corrupción contra diversas personas salieran a la luz pública, quedando al descubierto la forma grosera en que se refería a diversos funcionarios del más alto nivel del actual gobierno".

Wílberth Cetina Arjona Mauricio Vila Dosal polémica fiscal Yucatán
Recorrido del gobernador Mauricio Vila Dosal por las instalaciones de la Fiscalía General de Yucatán, el 18 de marzo de 2019. A la izquierda del mandatario, el entonces fiscal Wilberth Cetina Arjona (Foto oficial)

Hoy día, dice, continúo defendiéndome en el primer asunto que judicializó el entonces fiscal. "Empero,  la segunda carpeta de investigación, identificada con el número P3/344/2015, con la cual en su momento me extorsionaba Cetina Arjona, se ha judicializado también".

De acuerdo con el entrevistado, la fecha para audiencia de imputación  de esa carpeta se fijó para el 7 de abril, pero debido a que el Ministerio Público no le entregó las copias de la carpeta de investigación, la audiencia se difirió para el 28 de abril.

"Es evidente la intención de acumular procesos judiciales en mi contra en razón de que nuevamente, una carpeta de investigación que no tenía movimiento desde hacía siete años, ahora, con fecha 22 de marzo de 2022, se judicializa y se envía al juez de control para su tramitación inmediata. Es claro que existe la intención de privarme de mi libertad al existir una acumulación de denuncias, fijándome la medida cautelar de prisión preventiva".

Venganza

Millet Reyes añade que tuvo conocimiento de "que un integrante del Consejo de la Judicatura Estatal,  Luis Alfredo Solís Montero, recomendó al juez que se me vinculara a proceso. También me enteré que el lunes 4 de abril de 2022, en la Oficina de Medidas Cautelares, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, se recibieron dos llamadas telefónicas, una de la Secretaría de Gobierno del Estado y otra de la Fiscalía. Ambas llamadas le pedían al personal  de esa oficina la redacción de un informe recomendando la imposición en mi contra de la medida cautelar de prisión preventiva".

Con esta declaración, quiero exponer, dice Millet Reyes "la complicada situación en la que me encuentro, todo esto derivado de intereses personales que, sin derecho alguno, buscan venganzas personales con motivo de haber expuesto a la luz pública actos de corrupción, chantaje y abuso de poder".

En la audiencia de imputación, celebrada el 2 de mayo ante el juez Bonilla Castañeda, la defensa de Millet Reyes refutó todas las acusaciones y dijo que “es incongruente que siete personas  hayan entregado más de $117 millones sin la firma de un contrato o recibo”. Por su parte, el juez declaró que “si bien existe en algunos casos la posibilidad de ir por la vía mercantil o la penal, en este caso específico no se advierte ninguna circunstancia que indique la comisión de un delito, por lo tanto se decreta el sobreseimiento de la causa penal”.—  HERNÁN  CASARES CÁMARA