Tráfico de tierras

Fiscalía confirma investigación por despojos en la costa de Yucatán

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició investigaciones por el despojo y enajenación de terrenos en Dzilam de Bravo y Celestún
viernes, 10 de junio de 2022 · 06:00

El fiscal especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, José Enrique Goff Ailloud, confirma que esa dependencia abrió carpetas de investigación en 2019 relacionadas con el fraude de la llamada “mafia inmobiliaria de la costa”, cometido en Dzilam de Bravo y Celestún, y revelado por Diario de Yucatán en días pasados.

Sin embargo,  en algunos casos las averiguaciones no prosperaron por los amparos de la justicia federal.

El funcionario asegura que la Fiscalía inició las investigaciones a raíz de la denuncia de varias dependencias, según la cual los terrenos involucrados no serían del fundo legal de esos municipios, como se hizo creer, sino propiedad de la nación.

Ante la presunción de la comisión de posibles hechos de corrupción, la Fiscalía Especializada abrió la carpeta de investigación número C1/10/2019  por la adjudicación a título gratuito de 24 lotes catastrales, supuestamente del fundo legal del municipio de Dzilam Bravo, otorgada por las autoridades de esa población.

Derivado de esa carpeta, el 20 de febrero de 2020 la Fiscalía ordenó el cierre de los folios electrónicos de esos 24 predios, pero en junio de 2021 canceló ese cierre, al parecer por la supuesta prescripción de los delitos perseguidos.

En el caso de Celestún, la Fiscalía abrió dos carpetas de investigación que, en efecto, impidieron la transferencia ilegal de grandes propiedades de ese puerto a integrantes de la “mafia de la costa”.

Despojo de terrenos en la costa de Yucatán

Este grupo estaría encabezado, entre otros, por Mario Xavier Peraza Ramírez, hoy diputado federal de la coalición PVEM-Morena-PT, y los exalcaldes de Dzilam de Bravo y Celestún, en el período 2015-2018, Julio Abraham Villanueva Rivero y Santiago Leonel Rosado Mena, quienes se apoderaron de por lo menos 10,594 metros lineales de playa de esos municipios.

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El despojo se hizo mediante la creación artificial de lotes catastrales sobre terrenos nacionales para convertirlos, fuera de la norma, en predios del fundo legal de esos dos puertos,  aprovechando el nombramiento de Mario Peraza Ramírez como director del Catastro estatal entre octubre de 2015 y junio de 2016.

De este modo, mediante la falsificación de actas de Cabildo y, en algunos casos, con sesiones de Cabildo amañadas, los alcaldes adjudicaron “a título gratuito” decenas de  predios, supuestamente del fundo legal, a favor de compañías fantasmas vinculadas con Peraza y sus socios.

Posicionamiento de la Fiscalía Anticorrupción

En un comunicado enviado a nuestra Redacción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán señala que, efectivamente, esa dependencia “ha iniciado carpetas de investigación por hechos probablemente ilícitos relacionados con la enajenación irregular de bienes inmuebles pertenecientes a municipios costeros en favor de particulares”.

Al respecto, ha realizado “los actos jurídicos procedentes para evitar el avance de mayores afectaciones”.

“En el caso de una de las carpetas de investigación abierta en 2019, de la que se reserva proporcionar el número y datos particulares derivado de la secrecía de la información vinculada a sus funciones, (pero que probablemente sea la marcada con el número C1/10/2019, como publicamos) la denuncia fue interpuesta por servidores públicos del Insejupy”.

En ella “medularmente se señalaron hechos que se originaron con motivo de una solicitud de documentación que la delegación estatal en Yucatán de la Sedatu le realizó a esa dependencia”.

Irregularidades con inmuebles propiedad de la nación

Esa solicitud, dice la Fiscalía en su escrito, permitió a los funcionarios del Insejupy detectar “la falta de los expedientes catastrales relativos al otorgamiento de nomenclatura o tablaje catastral de diversos predios en el municipio de Dzilam de Bravo, lo que hacía presumir la sustracción de dichos expedientes, siendo esta anomalía la materia central de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción Estatal”.

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Según el comunicado, “de acuerdo con los antecedentes del caso, el problema de origen habría surgido debido a que esos inmuebles eran propiedad de la nación e ilícitamente se habrían enajenado a favor de particulares”.

Por ello, se indica, “en lo concerniente a la afectación producida por esas donaciones o enajenaciones se trataba de un asunto del orden federal”.

“En virtud de ello, a fin de evitar mayores afectaciones, en la carpeta de investigación se ordenó que se tomaran las medidas registrales oportunas para que las cosas se mantuvieran en el estado jurídico en el que se encontraban”.

“Sin embargo, contra dicha acción los compradores de los terrenos promovieron diversas demandas de amparo, ordenando la justicia federal el levantamiento inmediato del aseguramiento. Es decir, se levantó el aseguramiento de los predios por mandato judicial”.

Documentos extraviados

Respecto al extravío de la documentación, supuestamente en resguardo del Insejupy, la Fiscalía explica que “ante el tiempo transcurrido entre los hechos y la denuncia, considerando la falta de control que existía en los archivos (de esa dependencia), así como el procedimiento de digitalización que se había efectuado, se consideraron agotadas las líneas de investigación, sin que se contara con elementos para esclarecer el hecho”.

Por lo anterior, “se archivó temporalmente la carpeta en tanto se cuenta con nuevos elementos para proceder legalmente”.

Asunto con historial

Un caso similar se presentó en Celestún, dice José Enrique Goff Ailloud, “pero a diferencia de los otros, en este sí se contaba con los antecedentes registrales a través de los cuales se pudieron detectar y acreditar operaciones de enajenación irregulares y en su momento se ejercitó acción penal, logrando la vinculación a proceso de todo el Cabildo, los empresarios y hasta el perito valuador por el grado de participación en el ilícito”.

“Con esto se logró la restitución de los predios, primero, mediante un embargo precautorio y luego de forma definitiva a favor del municipio”.

En efecto, la Fiscalía, en agosto de 2021, vinculó a proceso por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, cometidos en pandilla, al exalcalde de Celestún, Leonel Rosado Mena y a siete de sus regidores, quienes autorizaron la venta de dos valiosos terrenos propiedad del municipio, a un grupo de empresarios, por una cantidad ínfima.