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Despojo de terrenos en la costa de Yucatán: predios recibidos gratis, vendidos a unos $10 millones

sábado, 25 de junio de 2022 · 05:00

Empresarios de Tabasco, Tamaulipas y Chiapas se apoderaron de valiosas playas en Dzilam Bravo en 2016, aprovechando sus vínculos con la llamada “mafia inmobiliaria de la costa”.

Estas personas, desconocidas en el estado, compraron en forma irregular dos terrenos del fundo legal de ese municipio, uno de los cuales había estado en posesión de una familia yucateca desde hacía 30 años.

Como informamos, el despojo de estos predios se hizo mediante una escandalosa operación fraudulenta consistente en la falsificación de actas de cabildo.

Mediante ellas los ayuntamientos de Dzilam Bravo y Celestún adjudicaron miles de metros lineales de playa gratuitamente a empresas fantasmas, con el pretexto de que éstas impulsarían proyectos de desarrollo económico y social.

Nunca hicieron algo y, por el contrario, los beneficiados con la adjudicación vendieron valiosos terrenos costeros a precios simulados a empresarios foráneos y locales, funcionarios del gobierno anterior, y familiares y amigos de éstos.

Al frente de esta “mafia” se encontraría aparentemente el diputado federal por la coalición PVEM-Morena-PT, Mario Peraza Ramírez, la empresa Uredi y su representante legal Julio Presuel Moreno; los exalcaldes de Dzilam Bravo y Celestún, Julio Villanueva Rivero y Leonel Rosado Mena, respectivamente, entre otros.

Venta en millones de pesos

En el caso de Uredi, el Ayuntamiento de Dzilam Bravo adjudicó a esta empresa 19 predios en forma gratuita de los cuales, como ya publicamos, vendió siete a varios particulares en una primera etapa.

El resto los vendió también al Ayuntamiento de Dzilam Bravo, cuando pobladores de ese lugar y de Celestún protestaron al descubrir la operación de despojo.

De esos primeros siete terrenos ya dimos detalles de la venta de dos. Otros dos, según datos recabados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, tienen que ver con los predios número 161 y 215 de la calle 11, de Dzilam Bravo, ambos colindantes con el mar.

El primero tiene 32 metros lineales de playa y 1,241 metros cuadrados de superficie. El marcado con el número 215 posee 20 metros de playa y 3,222 metros cuadrados en total.

Se supone que estos predios pertenecían al fundo legal de Dzilam Bravo, según el acta de la sesión de Cabildo donde se autorizó su adjudicación gratuita, celebrada el 19 de diciembre de 2013.

(De acuerdo con declaraciones del alcalde de ese entonces, Pedro Castillo Reyes, a Central 9, él no autorizó dicha adjudicación y el acta es falsa).

Las escrituras se hicieron en dos fechas, una en 2013 y otra en 2015, pero ambas fueron inscritas en el Registro Público de la Propiedad el 15 de febrero de 2016, cuando el alcalde de Dzilam Bravo era Villanueva Rivero.

Justificación de compra

Para justificar legalmente la adjudicación de estos predios, propiedad del municipio, el acta apócrifa del cabildo dice que en el caso del marcado con el número 161, la adjudicación a favor de Uredi se hacía con el fin de impulsar planes para “empleo y desarrollo económico”. En el segundo caso, la empresa se comprometía supuestamente a construir un edificio en el terreno.

Sin embargo, el 16 de diciembre de 2016, 10 meses después de la inscripción de estos predios en el Registro Público, Uredi los vendió a empresarios foráneos, en contra de lo establecido en el acta de adjudicación. La venta se hizo por $250,000 cada uno, ante el notario Alejandro Breach Esquivel.

En cuanto al predio número 161, con 32 metros de playa, el precio pagado por metro fue de $7,812. En el otro terreno, el precio ascendió a $12,550, cuando actualmente el precio por metro de costa en esa zona —salida de la carretera de Dzilam Bravo a Santa Clara— es de $200,000.

Es decir, el negocio es escandaloso: Uredi recibió gratis 52 metros de playa, que luego vendió en más de $10 millones.

Según la escritura pública 89 del notario Breach Esquivel, esta empresa vendió el predio número 161 al tabasqueño Germán Parra Saavedra, un ingeniero civil que fungía como residente de obras en un tramo del Tren Maya, empleado por empresa privada, hasta hace poco.

Empresas involucradas en el despojo

El predio 215 lo adquirió la esposa de éste, Mirna Arellano Zárate, oriunda de Tampico y socia y administradora única de la empresa Construcciones Parsa, S.A. de C.V., fundada en Villahermosa en 2008. El otro socio de la compañía es su cuñado Salvador Parra Saavedra.

La empresa ha trabajado como contratista de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Tabasco y sur de Veracruz, pero también en Yucatán, sobre todo en el Ayuntamiento de Progreso.

Llama la atención la participación en la estructura de esta empresa, como delegado de su consejo de accionistas, del chiapaneco Julio César López, un hombre clave en las operaciones de la “mafia inmobiliaria de la costa”.

Él y tres de sus hijas compraron cuatro terrenos adquiridos fraudulentamente por Uredi —dos en Dzilam Bravo y dos en Celestún—, un predio a nombre de Rodrigo Manuel Díaz Montero, suplente de Peraza Ramírez en la Cámara de Diputados; y cuatro predios más en Dzilam Bravo, adjudicados gratuitamente a otros prestanombres de la “mafia”.

En posteriores entregas daremos los detalles del violento desalojo ordenado por Arellano Zárate en el predio 215, en posesión de Gregorio Córdova Martín desde hacía décadas, y en él cual construyó una cabaña frente al mar que estaba siempre a disposición de los vecinos de Dzilam Bravo.

Empero, estos empresarios, vinculados a la “mafia de la costa”, de un plumazo se apropiaron impunemente de bienes de la comunidad de este puerto, ante la indiferencia de las autoridades locales y federales. (Continuará).

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