Tráfico de tierras en Yucatán

Despojo de terrenos en la costa de Yucatán: lotes sin sustento legal

Con burdo fraude concretan despojo en Dzilam Bravo
martes, 19 de julio de 2022 · 07:00

El escandaloso fraude con terrenos nacionales realizado entre 2015 y 2016 en Dzilam Bravo y Celestún, a vista y paciencia de las autoridades, por los integrantes de la llamada “mafia inmobiliaria de la costa” se muestra nítidamente en la operación impulsada para despojar a Gregorio Córdova Martín de un terreno nacional en posesión suya desde hacía 40 años.

Como informamos en la entrega anterior, este terreno en la calle 11 número 215 de Dzilam Bravo, con 20 metros lineales de playa y 3,222 metros cuadrados de extensión, estaba considerado como nacional, según un levantamiento topográfico de la Sedatu y documentos oficiales del ayuntamiento de ese puerto emitidos desde 2006.

Sin embargo, en 2016 el entonces alcalde priista de Dzilam Bravo, Julio Villanueva Rivero, en contubernio con el director del Catastro del Insejupy, Mario Peraza Ramírez, actual diputado federal del PVEM-Morena- PT, y otros funcionarios del gobierno pasado, que Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, está en proceso de identificar, falsificaron actas del cabildo del ayuntamiento anterior al de Villanueva Rivero —el encabezado por Pedro Castillo Reyes, que nunca se enteró de la maniobra hasta que estalló el escándalo—.

Posteriormente dictaminaron en forma ilegal que ese terreno de la calle 11 y 18 más en Dzilam Bravo no era nacional, sino parte del fundo legal del pueblo.

Para lograr esto, Peraza Ramírez, desde su posición en el Catastro, (ocupó ese puesto de octubre de 2015 a junio de 2016, por nombramiento del entonces gobernador Rolando Zapata Bello), creó artificialmente nuevos lotes catastrales, sin ningún fundamento legal, aprovechando la falta de control del gobierno federal sobre los terrenos nacionales y al desconocimiento en Dzilam Bravo de la extensión del fundo legal.

El fraude fue tan burdo que hubiese sido muy fácil detectarlo en el Insejupy.

De acuerdo con información en poder de Central 9, Villanueva Rivero y Peraza Ramírez falsificaron el acta de cabildo del Ayuntamiento de Dzilam Bravo fechada el 19 de diciembre de 2013, aunque, al parecer, la falsificación se hizo en 2016.

En esa acta apócrifa, el Ayuntamiento de Dzilam Bravo adjudica a título gratuito a la empresa Uredi, S.A. de C.V. —de Peraza Ramírez— el predio de la calle 11 y los otros 18.

La adjudicación de este predio se formalizó ante el escribano público de Ucú, Albert Yadir de Jesús Córdova López, en la escritura pública 89, del 21 de julio de 2015. Córdoba López fue destituido de su cargo en enero de 2019 por el gobierno del Estado, acusado de corrupción.

Predio

En la escritura, el ayuntamiento mintió deliberadamente respecto a la descripción del predio y de sus colindancias. Dijo que éste limitaba al Norte con la playa y al Sur con la calle 11, en tanto al Oriente y Poniente limitaba “con terrenos del fundo legal y con terrenos no registrados”, cuando la Sedatu ya había identificado que se trataban en realidad de terrenos nacionales entregados en posesión a Javier Alfonso Manrique Matos y Arturo Faisal.

Villanueva Rivero y Peraza Ramírez hicieron caso omiso de esa información y Uredi inscribió este terreno en el Registro Público de la Propiedad (número de registro 1998027), el 15 de febrero de 2016, más de dos años después de la supuesta adjudicación gratuita, lo cual muestra que detrás de las falsificaciones no estaba Castillo Reyes, sino su sucesor, Villanueva Rivero.

El Registro Público de la Propiedad del Insejupy, dirigido entonces por Rubén Segura Pérez, aceptó sin reparos la inscripción de éste y de los demás predios, no obstante, como se demostró después, que esos terrenos no tenían cédula catastral ni aparecían en la Cartografía de la Dirección del Catastro.

El 16 de diciembre de 2016, el notario Alejandro William Breach Esquivel, quien participó en numerosas operaciones de la “mafia”, levantó la escritura 2105 con la venta de este predio de Uredi a la tamaulipeca Mirna Arellano Zárate, no obstante que en el título de la adjudicación no se incluía el permiso para vender el terreno.

La operación se hizo por $250,000, una cantidad irrisoria si se toma en cuenta que ese terreno, con 20 metros de playa, se cotiza hoy en más de $4 millones.

Arellano Zárate es esposa de Germán Parra Saavedra, un constructor tabasqueño — trabajó recientemente en obras del Tren Maya— que adquirió a su nombre otro terreno cercano, en la misma calle 11, en el número 161, con 32 metros de playa. Por este predio pagó también $250,000.

De acuerdo con datos recabados por Central 9, este matrimonio no sería ajeno a la “mafia inmobiliaria de la costa”.

Arellano Zárate es socia con su cuñado Salvador Parra Saavedra de la empresa Construcciones Parsa, S.A. de C.V., cuyo delegado de su consejo de accionistas es Julio César López, uno de los principales compradores de los terrenos de Uredi. (Continuará).