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Mafia inmobiliaria de la costa: matrimonio se apodera ilegalmente de terreno en Dzilam Bravo

El tabasqueño Germán Parra Saavedra y su esposa Mirna Arellano Zárate invadieron también una cabaña
domingo, 31 de julio de 2022 · 05:00

El tabasqueño Germán Parra Saavedra y su esposa Mirna Arellano Zárate se apoderaron ilegalmente de un terreno nacional ubicado en la calle 11, número 215, de Dzilam Bravo, con 20 metros de playa, en posesión del yucateco Gregorio Córdova Martín desde antes de 1988, a través de la llamada “mafia inmobiliaria de la costa” y ante la indiferencia de las autoridades estatales y federales.

Como hemos informado, este predio, de 3,222 metros de superficie total, tiene el carácter de terreno nacional, según un levantamiento de Sedatu, y estaba en posesión legal de Córdova Martín.

Conocer los detalles de este despojo es importante porque muestra claramente la desvergüenza y arbitrariedad características de la forma de operar de la “mafia de la costa”.

Como también ya publicamos, aunque este terreno es propiedad de la nación, el alcalde priista de Dzilam Bravo, Julio Villanueva Rivero, alias “El Triki”, junto con el entonces director del Catastro estatal, Mario Peraza Ramírez, falsificaron actas de cabildo del ayuntamiento anterior (presidido por Pedro Castillo Reyes) y convirtieron ese terreno, y por lo menos otros 34 más, en predios del fundo legal del municipio de Dzilam Bravo.

Según las actas apócrifas, 19 de estos terrenos fueron adjudicados a título gratuito a la empresa fantasma Uredi, estrechamente vinculado con Peraza Ramírez.

El 19 de diciembre de 2016, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad, Arellano Zárate compró el terreno en posesión de Córdova Martín, por $250,000, cuando su precio real era de por lo menos $4,000,000.

Este terreno tiene un largo de cien metros, desde la playa hasta la calle 11, que es la carretera a Santa Clara.

En el frente, en la parte que da al mar, la posesión estaba a nombre de Córdova Martín, y detrás había otro predio, también nacional, en posesión de Noé Alcocer Peraza. Luego seguían tres lotes más, con sus respectivos posesionarios. Todos eran terrenos nacionales, no privados, y por lo tanto imposible de ser vendidos sin la autorización de la Sedatu.

No obstante, Arellano Zárate y su esposo, para apropiarse del terreno, “dieron un dinerito” a tres de los posesionarios, a cambio de que éstos les cedieran sus predios, explica Córdova Martín, entrevistado en su casa de Dzilam González.

Luego de esto, el matrimonio Parra-Arellano invadió el terreno de Córdoba —donde él había construido una cabaña de madera— y contrató a una familia de Temax para instalarse allí permanentemente, además de poner en el lugar energía eléctrica y cámaras de vigilancia.

Denuncia

Pese a esto, Córdova siguió visitando su terreno, por lo que Arellano Zárate lo denunció, por posesión ilegal del predio, en el juzgado Mixto de lo Civil y Familiar, con sede en Motul, aunque la titular de ese juzgado consideró a Córdoba Marín como el legítimo posesionario del terreno.

Arellano Zárate apeló, “pero desconozco el resultado”, dice Córdova.

Ante esta situación, Arellano Zárate, sin ninguna relación con los vecinos de Dzilam Bravo, pidió ayuda a los policías municipales del puerto para desalojar a Córdova, pero éstos, que lo conocían desde hacía años, actuaron a su favor.

“Cada vez que esta señora me amenazaba con sacarme, yo llamaba a la policía y ésta me protegía”, recuerda Córdova Martín.

A principios de abril de 2017, Arellano Zárate y su marido empezaron a cerrar con bloques el camino de la calle 11 a la playa, el único acceso de los vecinos de la zona para llegar al mar.

Córdova y los demás posesionarios habían acordado desde 2007 dejar libre un espacio de tres metros de ancho, desde la calle 11, rumbo a la playa, en beneficio de la gente.

El propio Córdoba, como ya publicamos, ofrecía su cabaña a todos los vecinos de Dzilam Bravo para realizar fiestas y reuniones, pero de un día para otro, dos tabasqueños, de forma ilegal y en contubernio con funcionarios municipales y estatales, se apoderaron de ese predio, clausuraron el acceso público a la playa y se quedaron con la cabaña.

Córdoba, que aún no sabía la responsabilidad del entonces alcalde Villanueva Rivero en el robo de los terrenos nacionales, acudió a él por ayuda para impedir el cierre del acceso, pero éste no respondió.

Cuando un grupo de vecinos le pidió al alcalde las actas de cabildo con la autorización para ceder gratuitamente ese y otros terrenos a Uredi, Villanueva Rivero respondió que eso lo había hecho su antecesor Castillo Reyes y que éste se llevó todos los papeles cuando terminó su encargo.

Indignación

“El Triki” hizo esta declaración sabiendo que era mentira y sin importar que ponía en contra de Castillo a casi toda la población de Dzilam Bravo, indignada por el fraude.

La inconformidad derivó en una manifestación de casi cien personas, el 11 de abril de 2017, en el centro de Dzilam Bravo. Los asistentes exigió a Villanueva Rivero esclarecer el asunto, pero nada pasó, ante la indiferencia de funcionarios municipales y estatales y la corrupción de abogados particulares, como como publicaremos en la siguiente edición. Continuará.— HERNÁN CASARES CÁMARA