Tráfico de tierras

Despojo de terrenos en la costa de Yucatán: terreno vendido 2 veces

Una simulación en torno a predio de Dzilam Bravo
martes, 5 de julio de 2022 · 06:00

En 2017, la empresa Uredi, S.A. de C.V., parte importante de la llamada “mafia inmobiliaria de la costa”, vendió dos veces el mismo terreno ubicado en Dzilam Bravo, con 132 metros lineales de playa y 22,972 metros cuadrados de superficie, que antes le había adjudicado gratuitamente el ayuntamiento de esa población.

Para concretar la doble venta, la empresa habría contado con la presunta complicidad de funcionarios del Insejupy del gobierno pasado y del juzgado Tercero de lo Civil y Familiar, con sede en Motul, de acuerdo con nuevos datos obtenidos por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

El Ayuntamiento de Dzilam Bravo aprobó la entrega a Uredi de ese predio en sesiones de cabildo celebradas el 18 y 19 de diciembre de 2013, según las actas respectivas 74 y 75, que, como anteriormente publicamos, serían apócrifas.

La escritura pública de esa adjudicación a favor de Uredi se hizo el 9 de noviembre de 2014 y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad (RPP), el 9 de marzo de 2016.

El terreno, identificado como el tablaje catastral 4226, se encuentra en la carretera Dzilam Bravo-Santa Clara y hoy tendría un valor comercial superior a los 26 millones de pesos.

Una doble venta

Aunque el Ayuntamiento de Dzilam Bravo cedió fraudulentamente este valioso predio, con el supuesto compromiso de Uredi de fomentar proyectos de desarrollo económico y social, esta empresa, apenas pudo, lo vendió a los tabasqueños Heraclio Rueda de León Castillo y Eugenio Acosta Brito, por la cantidad de $500,000, aunque los socios de Uredi habría recibido mucho más debajo de la mesa.

El aviso definitivo de compraventa del terreno se firmó el 21 de febrero de 2017, ante el notario Orlando Paredes Lara, pero cuando los nuevos propietarios solicitaron la inscripción de este título, el 30 de mayo de ese año, en el RPP, esta dependencia se la negó.

La razón, según la autoridad registral, fue “la omisión de acumular al título el acta de la sesión de cabildo, donde se aprobó conceder al propietario del tablaje, la autorización correspondiente para enajenarlo”.

La verdadera causa, empero, de acuerdo con documentos oficiales en poder de Central 9, fue que Uredi, poco después de cerrar el trato con los tabasqueños, volvió a vender el mismo terreno, el 8 de junio de 2017, por $83,000, ¡al Ayuntamiento de Dzilam Bravo!, que poco antes se lo había adjudicado gratuitamente.

El presidente municipal de este lugar ese año era Julio Abraham Villanueva Rivero, integrante, como el apoderado legal de Uredi, Julio Presuel Moreno, de la “mafia de la costa”, como ya informamos.

Paquete en venta

El tablaje 4226 fue parte de un paquete de 12 predios —de los 19 que recibió esa empresa a título gratuito del Ayuntamiento de Dzilam, mediante actas de cabildo falsas—, que ésta revendió al propio ayuntamiento, entre el 29 de mayo y el 8 de junio de 2017.

Lo hizo para evitar más protestas, a raíz del estallamiento en Dzilam Bravo y Celestún —donde la “mafia de la costa” también operaba— de airadas protestas de los vecinos al enterarse de la apropiación ilegal de esos terrenos públicos.

En el caso de este tablaje, y del 4227, la venta simulada a la comuna de Dzilam Bravo no se concretó, porque los compradores emprendieron una lucha jurídica de tres años, llena de dificultades, debido a los criterios “extraños” de una jueza.

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El 14 de febrero de 2018, Rueda de León Castillo y Acosta Brito promovieron una demanda en juicio ordinario civil en ejercicio de la acción de nulidad de la escritura pública mediante la cual Uredi vendió el tablaje 4226 a la comuna de Dzilam Bravo.

Los denunciantes ofrecieron como prueba documental copia certificada del contrato de compraventa de fecha 21 de febrero de 2017, en la que Uredi vendía “de una manera real y definitiva, a favor de los inconformes”, ese tablaje por la cantidad de $500,000. La fecha de este contrato es anterior a la de la operación entre Uredi y la administración de Villanueva Rivero.

No obstante este hecho, la jueza del caso, Mirle Florencia Novelo Yeh, falló a favor de Uredi el 7 de enero de 2020, bajo el argumento según el cual esa operación de compraventa se inscribió en el RPP, y la otra no, pese a que los demandantes habían entregado al juzgado copia de la respuesta negativa de esa dependencia a su solicitud de registro.

Pero lo más extraño, de acuerdo con el expediente del caso, al que tuvo acceso Central 9, es que la jueza Novelo Yeh falló a favor de Uredi, pese al reconocimiento expreso de parte de Presuel Moreno y Villanueva Rivero de la existencia de “un error” en la operación que realizaron y a su deseo de declarar nula la escritura de compraventa del 8 de junio de 2017.

Inconformes con esta decisión, los afectados apelaron al Tribunal Superior de Justicia, quien resolvió el 20 de julio de 2021 revocar el fallo de la jueza Novelo Yeh y declarar la nulidad del acta de compraventa entre Uredi y el Ayuntamiento de Dzilam, firmada ante el notario Antonio Ricardo Pasos Canto, quien también dio fe de las otras once ventas simuladas a ese ayuntamiento.

La decisión del Tribunal concedió la propiedad del terreno a Rueda de León Castillo y Acosta Brito, quienes pagaron, aparentemente, la mínima cantidad de $500,000 por 132 metros de playa.

Denuncia

Las irregularidades en esta transacción fueron tantas y tan obvias que los funcionarios del Insejupy nombrados en el actual gobierno presentaron en octubre de 2019 en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, una denuncia “por hechos probablemente ilícitos relacionados con la enajenación irregular de bienes inmuebles pertenecientes a municipios costeros en favor de particulares”.

La Fiscalía abrió la carpeta de investigación número C1/10/2019 y ordenó el cierre de registro de 29 predios, entre ellos el del tablaje 4226.

Sin embargo, el 28 de febrero de 2020, la misma Fiscalía ordenó la cancelación de ese cierre de registro debido a que las investigaciones no podían avanzar por la presunta prescripción del delito. (Continuará).