Central 9

Despojo de terrenos en la costa de Yucatán: jueces estarían involucrados en operación ilegal

Jueces habrían avalado el despojo ilegal de 10,594 metros lineales de playa, con un valor mínimo de 2,118 millones de pesos.
miércoles, 6 de julio de 2022 · 01:30

La presunta colusión de funcionarios de los poderes Judicial y Ejecutivo con la llamada “mafia inmobiliaria de la costa” habría quedado en evidencia en un fallo emitido por la entonces titular del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar, con sede en Motul, en enero de 2020.

Este fallo consideró legal la venta de un predio de playa en Dzilam Bravo, realizada por esta “mafia”, no obstante las contundentes advertencias de la Dirección del Catastro del gobierno del Estado, según las cuales ese predio es un terreno nacional y, por tanto, solo la Federación lo puede enajenar.

Esta transacción fue una más de las muchas realizadas en lo que se considera el mayor fraude inmobiliario conocido hasta ahora en Yucatán, perpetrado, como ya informamos, por el diputado federal Mario Peraza Ramírez, los exalcaldes de Dzilam Bravo, Julio Villanueva Rivero, y de Celestún, Leonel Rosado Mena, así como otros exfuncionarios del gobierno anterior.

Ellos se habrían apoderado ilegalmente de 10,594 metros lineales de playa, con un valor mínimo de 2,118 millones de pesos.

Avalado por jueza

De acuerdo con información obtenida por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, en fuentes judiciales y archivos oficiales, la apropiación ilegal de este terreno, convalidada por la jueza de Motul, se remonta al 18 y 19 de diciembre de 2013.

En esa fecha el Ayuntamiento de Dzilam de Bravo adjudicó a título gratuito a la empresa Uredi, S.A. de C.V., representada por Julio Presuel Moreno —vinculado estrechamente con el diputado Peraza Ramírez, como ya publicamos—, el tablaje catastral 4227, parte presuntamente del fundo legal de ese municipio, sobre la carretera Dzilam de Bravo-Santa Clara, de acuerdo con las actas de cabildo números 74 y 75 que, como también ya dijimos, serían falsas.

El predio tiene 32 metros lineales de playa y 6,773 metros cuadrados de superficie total.

Trabas en la compraventa

La adjudicación gratuita supuestamente implicaba el compromiso de Uredi de fomentar allí programas de desarrollo económico y social. No lo hizo y en febrero de 2017 vendió este terreno al chiapaneco Julio César López y a sus hijas Carina Guadalupe, Mitzi Karen y Cristina Guadalupe López Roldán, por la cantidad de $250,000.

Es decir, formalmente, estas personas adquirieron el metro de playa en Dzilam de Bravo a $7,812, cuando el valor actual se calcula en unos $200,000.

El aviso definitivo de compraventa se hizo por medio de la escritura número 19, levantada ante el notario Orlando Paredes Lara, el 17 de febrero de 2017.

Tal y como ocurrió con el lote catastral 4226, que publicamos en la entrega anterior, en este caso cuando López y sus hijas intentaron inscribir la primera escritura de la compraventa en el Registro Público de la Propiedad (RPP) en julio de 2017.

Esta dependencia rechazó la solicitud porque el documento no tenía la autorización del Ayuntamiento de Dzilam de Bravo para venderlo, por tratarse al parecer de bienes pertenecientes al fundo legal, según lo marca la ley.

El problema se resolvió cuando el notario incluyó esa autorización en la escritura, pero de nuevo se les negó la inscripción en el RPP, el 3 de agosto de 2017, en virtud de que los avisos de las operaciones de compraventa entre Uredi y los López habían sido cancelados, ya que existían otros avisos fechados el 2 y el 9 de junio de ese año.

En esos avisos se notificaba la venta del tablaje 4227 de Uredi ¡al Ayuntamiento de Dzilam de Bravo!, encabezado entonces por Villanueva Rivero, socio de la “mafia inmobiliaria”, por $65,000.

El terreno fue vendido en dos ocasiones

El tablaje 4227, como el 4226, formaban parte de un paquete de 12 predios —de los 19 que recibió esa empresa a título gratuito del Ayuntamiento de Dzilam— que ésta revendió al propio ayuntamiento entre el 29 de mayo y el 9 de junio de 2017.

Esto lo hizo para acallar la inconformidad de los pobladores de Dzilam, que habían salido a las calles, en mayo de ese año, a denunciar la apropiación ilegal de esos terrenos que consideraban parte de la comunidad.

Fue una venta simulada porque, como publicaremos en próximas entregas, una vez calmados los ánimos las autoridades de Dzilam de Bravo volvieron a transferir esos terrenos a integrantes de la “mafia inmobiliaria” y a sus familiares y amigos.

Ante esta situación, el 15 de diciembre de 2017 Julio César López y sus hijas promovieron una demanda en juicio ordinario civil en contra de Uredi, reclamando la nulidad de la escritura de compraventa a favor del Ayuntamiento de Dzilam de Bravo, ya que ellos habían comprado primero.

La jueza a cargo del caso solicitó a la directora del RPP del Insejupy datos sobre el asunto de la cancelación de la venta a los López y ésta confirmó la información.

Cuando la jueza pidió lo mismo a la directora del Catastro, la funcionaria respondió, según se lee en el expediente 973/2017, al que tuvo acceso Central 9, que “de la revisión efectuada en los archivos que obran en dicha Dirección no se reporta ninguna inscripción o expedición de cédula catastral sobre el predio rústico marcado con el número de tablaje 4227”.

Irregularidades

La funcionaria añadió en su informe que “de la comparación realizada del plano de ubicación de ese tablaje con la información que se tiene en la cartografía de la Dirección de Catastro se puede observar que dicho inmueble se encuentra en una zona de ubicación de terrenos nacionales”.

Por ello, “ese predio estará sujeto al dominio público de la Federación y, por consiguiente, toda enajenación del inmueble en contravención de lo dispuesto en la Ley General Bienes Nacionales deberá declararse nula”.

La enajenación no se declaró nula. En sentencia del 7 de enero de 2020, la jueza de Motul la dio por buena, no obstante esta información que prueba en forma contundente que el ayuntamiento de Dzilam de Bravo no había adjudicado gratuitamente predios de su fundo legal, como hizo creer, sino terrenos nacionales que pertenecen al patrimonio de la nación y que la “mafia” se los apropió, hasta ahora impunemente. (Continuará).