Editorial

Freddy Espadas Sosa: ¿Y las pensiones?

sábado, 21 de mayo de 2022 · 01:30

Con bombo y platillos anunció el gobierno federal el aumento salarial escalonado a los maestros y maestras de México, lo que a primera vista parece representar una política de dignificación social al ingente trabajo que aquéllos realizan en la formación de las nuevas generaciones.

En la conferencia presidencial mañanera del lunes 16 de mayo, el titular de Hacienda, Rogelio Martínez de la O, informó que la mejoría económica para el personal educativo se centrará en beneficiar a los que menos ganan, por lo que se aplicarán incrementos escalonados del 3, 2 y 1 por ciento a las percepciones menores de 20 mil pesos mensuales, alzas que —se asegura— serán adicionales al aumento base del 3.2% que se recibe cada año.

De acuerdo con el Secretario de Hacienda, los y las docentes que se inician en su carrera laboral ganarán por lo menos 12 mil pesos mensuales brutos; los que perciben menos de 10 mil pesos recibirán un aumento adicional del 3%; quienes ganan entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales tendrán un aumento del 2%, y el personal educativo que percibe de 15 mil a 20 mil pesos tendrá un incremento del 1%.

También se precisó que adicionalmente a los aumentos arriba mencionados, toda la base magisterial obtendrá un beneficio del 1% a los salarios; todos estos incrementos serán retroactivos al 1 de enero de 2022 y beneficiarán a un 1 millón 181 mil trabajadores del sector educativo nacional.

Independientemente de que pueda uno cuestionar hasta qué punto esta política de bienestar contribuye a compensar la ardua labor del magisterio, no puede negarse que estos aumentos salariales constituyen un acto de elemental justicia económica para aquél, lo que también abona mucho a la revaloración social de la trascendental función que este gremio realiza en pro del desarrollo nacional.

Pero a quienes no les fue bien que digamos en las negociaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con el gobierno federal fue a los jubilados y pensionados del sector educativo.

Como hemos señalado en este espacio, con las reformas realizadas a la Ley del Issste hace algunos años, se estableció que las jubilaciones y pensiones del personal federal estarían calculadas con base en el salario mínimo general (SMG) vigente, estipulándose que el tope de aquéllas serían de 10 veces el valor de este salario, lo que ahora significan $51,861 mensuales, dado que el SMG es de $ 172 diarios.

Pero ocurre que, en mala hora para los trabajadores federales en retiro, la clase política del viejo régimen del PRIANRD determinó en años recientes por la vía legislativa que las jubilaciones y pensiones se tasarían con base en la llamada Unidad de Medida y Actualización (UMA), referente económico creado para calcular multas y otro tipo de derechos que tienen que pagar los ciudadanos.

Con esta artera decisión, los jubilados del Estado fuimos burdamente despojados en nuestras percepciones, en razón de que la UMA vale ahora $ 96.22 diarios, por lo que la máxima jubilación que se cobra actualmente es de $28,866 mensuales, es decir, se nos escamotean nada menos que $22,995 cada mes.

Pues bien, en este punto tanto el SNTE como el gobierno federal encabezado por AMLO se hicieron de la vista gorda o bien se comportaron como si les hablara la virgen de Guadalupe, como se dice ahora cuando alguien se hace al tonto o al desentendido.

Así, a nosotros los jubilados y pensionados olímpicamente “nos cepillaron” de los pomposos anuncios, como dicen ahora los jóvenes cuando alguien no fue invitado o considerado para algún evento o acontecimiento.

En el desayuno conmemorativo del día del maestro celebrado en Palacio Nacional el pasado 15 de mayo, el máximo jerarca del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, pidió al Presidente de la república que se ponga fin al cálculo de las pensiones con base en la UMA y se regrese al referente del SMG, planteamiento ante el cual no hubo ninguna respuesta ni medida clara de AMLO, quien sólo se limitó a decir que “acusaba de recibido” y que el asunto “se le quedaba de tarea”.

Sobre el mismo tema de las pensiones, es de resaltarse que el 24 de marzo de 2021 varios diputados federales priistas encabezados por nuestra coterránea Dulce María Sauri Riancho presentaron una iniciativa con proyecto de decreto, en la que se establece que las instituciones de seguridad social estarán obligadas a calcular las pensiones y jubilaciones con base en el SMG, por lo que la SHCP garantizaría los recursos presupuestales suficientes para asegurar estos pagos según esta base de cálculo.

Sin embargo —para infortunio de jubilados y pensionados del Estado— esta iniciativa se quedó en la “congeladora”, y ahora que el PRI se ha coaligado con el PAN y el PRD queda del todo claro que a la alianza “Va por México” no les interesa para nada las condiciones de vida de este sector social que ha dejado parte de su vida en el servicio público.

En conclusión, no se ve a corto plazo el regreso del pago de las pensiones con base en el SMG, ya que ni el bloque gobernante ni la coalición opositora tienen interés en resolver esta legítima exigencia de los trabajadores en retiro. Lo más probable es que esta demanda tenga que esperar a que se acerque la coyuntura electoral del 2024 para que se pueda posicionar de nuevo en la agenda pública nacional. Al tiempo.— Mérida, Yucatán.

canek_1999@yahoo.com.mx

Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.

 

 

 

 

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