Mario Maldonado Espinosa

Mario Maldonado Espinosa: Las leyes locales

viernes, 29 de julio de 2022 · 01:20

A finales del siglo II d.C., de acuerdo con el sistema de medición de tiempo de tradición cristiana, surgieron las primeras codificaciones normativas que buscaban acercar a los tribunales y la ciudadanía las diferentes leyes emitidas por los emperadores.

Sin embargo, fue hasta el reinado de Justiniano en el Imperio Romano que se gestó la “construcción” de la Digesta, un cuerpo normativo que contenía toda la legislación romana.

A pesar de que los tiempos nos ponen en circunstancias diferentes y el desarrollo tecnológico permite realizar acciones que años atrás hubieren costado mayor trabajo, hoy día las diferentes leyes, códigos y constituciones son “concentradas” en un mismo lugar.

Tal es el caso de Yucatán, que con el “Digestum” —como su análogo en el Imperio Romano Bizantino— que depende del Poder Judicial, pone a disposición una herramienta digital que contiene la Constitución de la entidad, las 159 leyes vigentes en el ámbito local, 8 códigos en diferentes materias, así como reglamentos, decretos y normas aplicables en el país.

Las leyes de Yucatán las hay tan antiguas como la Ley de Imprenta de 1917 o tan recientes como la Ley de Desarrollo Social que se promulgó apenas este año; cada una de ellas responde —o respondía— a las demandas sociales y representa el fruto de un proceso que empieza con el surgimiento de la iniciativa, pasa por el debate parlamentario, la aprobación y concluye con su promulgación.

Lo cierto es que las leyes han atravesado una serie de modificaciones a lo largo de la historia. Atrás quedó la época en la que se pretendía codificar todas las regulaciones de la conducta humana en un solo instrumento; ahora pareciera que la tendencia implica formular normas a diestra y siniestra.

Si bien es necesario contar con un andamiaje jurídico que proteja nuestros derechos, también está claro que una excesiva regulación puede entorpecer la garantía de los mismos por estar tan dispersas y más si se mira a la ley como la única herramienta para aspirar la justicia, la igualdad y la paz.

Bien dice el filósofo Ronald Dworkin, “el derecho no consiste exclusivamente en normas”.

Lo anterior no debe tomarse como un rechazo absoluto a la creación de leyes, al contrario, implica un perfeccionamiento de las mismas que tome en consideración diversos elementos: las necesidades sociales, los vacíos legales, los planteamientos internacionales —como la sostenibilidad en el desarrollo—, por mencionar algunos.

De acuerdo con el texto constitucional de nuestro Estado, la creación de normas es una de las principales funciones del Poder Legislativo —si no es que la función principal—, así como la revisión de la cuenta pública y, por supuesto, la representación popular. Por tanto, son los diputados quienes tienen la encomienda de observar que vigilar el proceso legislativo.

El hecho de que estos servidores públicos sean los encargados de crear y operar leyes, no le quita protagonismo a la función de la ciudadanía, pues las personas que la integran generan el contrapeso necesario en el ejercicio del poder.

En Yucatán contamos ya con muchas leyes locales, muchas de ellas se crean, otras se reforman, abrogan y derogan. Otras son creadas y nunca son utilizadas y otras más nacen muertas o cuando llegan corrientes políticas distintas a los gobernantes son cambiadas por completo. Es parte de la representación popular y social.

Como sociedad tenemos a nuestro cargo dos obligaciones fundamentales: la primera consiste en acatar las leyes dispuestas para mantener el orden y la segunda reside en tomar una postura participativa respecto a la modificación de nuestro marco jurídico, exigiendo a nuestros representantes la toma de acciones que permitan manifestar nuestra voz en los procesos legislativos a partir de los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.— Mérida, Yucatán.

mariomaldonadoe@gmail.com

@mariomaldonadoe

Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa

 

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