Editorial

Freddy Espadas Sosa: Pobreza franciscana

sábado, 6 de agosto de 2022 · 01:40

La austeridad republicana fue una reiterada promesa enarbolada en las campañas políticas que por tres ocasiones consecutivas llevó al cabo Andrés Manuel López Obrador: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, solía y suele decir el actual Presidente de la República.

Con su arrolladora llegada a Palacio Nacional en julio de 2018, AMLO promovió la implementación de una política de austeridad cuyo objetivo era eliminar los privilegios y los derroches presupuestales que prevalecían en la alta burocracia federal.

Disponiendo de una cómoda mayoría en el Congreso de la Unión, con relativa prontitud el Presidente envió una iniciativa para expedir la Ley Federal de Austeridad Republicana, misma que fue aprobada sin mayores problemas y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019.

En este ordenamiento se considera a la austeridad republicana como una conducta y una política de Estado que los entes públicos, los Poderes Legislativo y Judicial, las empresas del Estado y los órganos constitucionales autónomos “están obligados a acatar…para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales”, administrando éstos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

Además de significar un drástico ajuste en la estructura ocupacional de la administración federal, la aplicación de dicha Ley implicó la prohibición de múltiples privilegios de la llamada “burocracia dorada”, como compensaciones, seguros de ahorro especiales, gastos médicos mayores, adquisición de vehículos de lujo, remodelaciones de oficinas, etc., al igual que la cancelación de las millonarias pensiones a los ex Presidentes de la República y el retiro del numeroso personal civil y militar que por años tuvieron asignado.

Otra medida que causó y sigue causando gran escozor en numerosos funcionarios de los tres Poderes de la Unión y de los llamados entes autónomos, fue la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2021, y en cuyo artículo 9 se establece que ningún servidor público federal podrá tener una remuneración igual o mayor a la que devenga el Presidente de la República.

Como se sabe, el cumplimiento de esta disposición ha sido evadida por numerosos integrantes de la alta burocracia federal, al lograr el otorgamiento de amparos judiciales mediante los cuales han preservado los leoninos salarios y canonjías que han devengado durante largos años.

Pues bien, hasta aquí todo nos parece adecuado en estas divisas de austeridad republicana que ha aplicado el gobierno de la 4T, pues nadie en su sano juicio podría estar en contra de que se acabe el sistema de privilegios y de sueldos insultantes de que gozaban (y siguen gozando) los estratos más altos de la burocracia federal y los numerosos séquitos de cortesanos que los rodeaban.

Pero ocurre que hace apenas unos días el Presidente anunció que ahora se pasará de la austeridad republicana a la llamada “pobreza franciscana”. Y es aquí donde la mula tumbó a Genaro, como se dice popularmente. Me explico enseguida.

Al señalar que se pasará a una “fase superior” en materia de austeridad, AMLO aseguró que con las medidas tomadas en lo que va de su sexenio se han logrado economías por 2 billones de pesos, y añadió que las estrategias de ahorro deben considerarse “cuestión de Estado”. Enfatizó que se van a llevar a cabo acciones de austeridad adicionales como la reducción de los viajes al extranjero y de la partida de viáticos.

Al asegurar que no habrá despidos y que “la nómina es sagrada”, el Ejecutivo expresó que su plan de pobreza franciscana busca que no haya despilfarros, por lo que habrá que limitar viáticos, gastos de operación y reducir el costo del gobierno, ya que éste le costaba mucho al pueblo y era un “bueno para nada”; y remató diciendo que es necesario que el gobierno “sea eficiente, honesto y que facilite las acciones en beneficio del pueblo…” (El Universal, 29 de julio).

A primera vista pareciera que la implementación de esta “pobreza franciscana” obedece al noble objetivo de evitar que haya “gobierno rico con pueblo pobre”, pero un análisis más detenido nos permite advertir de los graves riesgos que esta política puede entrañar para el funcionamiento mismo del gobierno federal y para la óptima operación de los múltiples servicios, programas y proyectos que están a su cargo, para beneficio de millones de mexicanos.

Sostengo que no se puede tener un gobierno eficaz, honesto y que rinda buenas cuentas pagando ínfimos salarios al grueso de los técnicos, analistas, trabajadores y trabajadoras federales que están encargados directamente de hacer llegar las acciones de gobierno a la población.

Tampoco puede garantizarse la buena implementación y evaluación de los grandes programas sociales si muchos trabajadores carecen de seguridad social -especialmente los servicios de salud-, no se tiene el apoyo de los viáticos para las salidas a campo ni se dispone de un seguro de vida para proteger a su familia ante cualquier desafortunada eventualidad por la que puedan pasar, circunstancia que, lamentablemente, ocurre actualmente en muchas dependencias de la administración federal.

En resumen, creemos que la llamada “pobreza franciscana” puede convertirse en un auténtico boomerang, pues de aplicarse “a raja tabla” se corre el riesgo de afectar adversamente la buena marcha de la administración pública federal y atentar contra la adecuada operación de los programas emblemáticos del gobierno de la 4T. Al tiempo.— Mérida, Yucatán.

canek_1999@yahoo.com.mx

Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.

 

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