El empleo es ampliamente reconocido como una herramienta poderosa para redistribuir la riqueza en una sociedad. A medida que las personas obtienen empleo, se les brinda la oportunidad de ganar un salario y mejorar su calidad de vida. Esto no solo les permite satisfacer sus necesidades básicas, sino también acceder a oportunidades de desarrollo personal y profesional.
El empleo genera ingresos y aumenta el poder adquisitivo de las personas, lo que a su vez impulsa el consumo y estimula la economía de un territorio. Además, el trabajo formal proporciona seguridad social, beneficios laborales y protección legal a los trabajadores, lo que contribuye a un mayor bienestar social.
Pero en los últimos años esta excelente herramienta generadora de bienestar ha sido amenazada por una nueva tecnología, la Inteligencia Artificial. En un reporte reciente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió que la Inteligencia Artificial tiene el potencial de eliminar alrededor del 27% de los puestos de trabajo existentes en los 38 países integrantes. Esto se debe a que dicha tecnología tiene el potencial para automatizar habilidades laborales tradicionales.
Este fenómeno ya ha generado molestias en algunos gremios como los sindicatos de actores y guionistas en Estados Unidos, quienes se fueron a la huelga hace unos días argumentando que sus trabajos están amenazados por dicha tecnología.
A pesar de ser reconocida como una de las mejores herramientas para distribuir la riqueza y mover la economía mundial, el empleo también ha visto degradado su valor debido a bajos salarios y al desinterés de los gobiernos por aplicar políticas que impulsen a los empleadores a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
En México, el problema de la redistribución de la riqueza es agudo a pesar de tener una de las mejores fuerzas laborales del mundo. Datos de la Cepal señalan que en 2014, la riqueza total mexicana ascendió a 76.7 billones de pesos. El 37% estaba en manos de los hogares, el gobierno administraba el 23%, las empresas privadas el 19% y las empresas públicas el 9%.
“Lamentablemente, la repartición es muy desigual. Dos terceras partes de la riqueza están en manos del 10% más rico del país y el 1% de los muy ricos acaparan más de un tercio. Por ello, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos en una sociedad, es de 0.791. La distribución es todavía más desigual en los activos financieros: el 80% es propiedad del 10% más rico”, afirmó el organismo en su reporte de 2017.
Ese panorama no ha cambiado mucho en los últimos años. El empleo desempeña un papel fundamental en la redistribución de la riqueza al proporcionar a las personas la oportunidad de acceder a mejores condiciones económicas.Sin embargo, se requiere un enfoque integral que combine el empleo con políticas públicas equitativas para lograr una redistribución efectiva y sostenible de la riqueza en una sociedad.
Esto implica garantizar salarios justos, protección laboral adecuada, acceso igualitario a oportunidades de empleo y educación, así como fomentar la inclusión y diversidad en el mercado laboral.
Cuando más personas tienen acceso al empleo, se reduce la brecha entre los ricos y los pobres.— Mérida, Yucatán.
Editor del Diario