Con el 6% de los votos fue electa —si así se le puede llamar a quien alcanzó un cargo con tan raquítica representación— la que será presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Erika Torres López.
Ese escaso, por no decir ridículo, seis por ciento fue suficiente para decidir quién encabezará uno de los tres poderes de la entidad. Fue la opción ganadora de esa importante encomienda, y lo fue por ser quien más votos cosechó. Imagine usted qué porcentaje habrán alcanzado los otros ocho candidatos que alcanzaron una magistratura en el TSJ.
¿Qué validez puede tener un ejercicio electoral donde sólo el seis por ciento del padrón “decide” quién encabezará el Poder Judicial de Yucatán?
Se dirá que antes se designaban sin elección de por medio. En efecto, precisamente contra ese argumento se vociferó para justificar una elección carísima que convertiría al pueblo en el elector de jueces y magistrados (un poder que, hemos dicho en este espacio, no es de representación popular por sus funciones inherentes).
Nos preguntamos si un 6% vale para ser calificado como “pueblo”.
Votaron 225,809 personas en la entidad, de un padrón de 1.796,155, es decir, el 12.5%. Nuestro estado, se sabe, se jacta de estar en el pináculo de la participación ciudadana en cada elección, con superiores al 70%.
Por la futura magistrada presidenta Torres López votaron 119,829 personas, el 6% del padrón. Para comparar con otra elección de alcance estatal, el titular de otro de los poderes del Estado, el Ejecutivo, Joaquín Díaz Mena, alcanzó el año pasado 5.5 veces esa cifra: 629,394 votos, de un padrón de 1.769,536, el 35.5%.
Esta subrepresentación arrojaría, vista desde el ámbito meramente de la participación popular, que la elección judicial como ejercicio para elegir a los miembros del Tribunal Superior del Justicia fue un fracaso monumental.
Veamos los números nacionales. El futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —así, con todas sus letras para que se asimile el tamaño de la encomienda—, Hugo Aguilar Ortiz, llegará a la silla con el mismo porcentaje de quien encabezará el Poder Judicial de Yucatán: 6%. Alcanzó apenas 6.2 millones de votos de un padrón de 101.539,216 ciudadanos. De los demás, ni hablamos.
¿Puede calificarse como un éxito un ejercicio donde el personaje que más votos obtuvo, lo mismo en el plano nacional que en el estatal, alcanzó una cifra a todas luces exigua?
En números cerrados, en el país y en el estado el porcentaje de participación total fue del 12.5%. En el plano nacional, si se restan los votos nulos —incluyendo mentadas de madre a un senador y a su mentor— la cifra cae a un dígito. La pobreza de ese porcentaje crece al comparársele con el 60% de participación federal en las elecciones del año pasado y más del 70% en la estatal.
Es decir, en México el porcentaje cayó estrepitosamente del 60 al 12.5 por ciento, y en Yucatán del 70 al 12.5%.
Del año 2000 a 2024, la elección federal con menos participación ciudadana fue la intermedia de 2003, con 41.68%, un numero colosal si se le compara con 2025.
Por estados, en la elección del año pasado la entidad con menor participación ciudadana fue Baja California, con 47%, cifra monstruosa contra las absurdas de este año.
A todas luces, el ejercicio del domingo pasado no puede ser un éxito visto desde el plano de la particiapación ciudadana. Pero sí lo es en materia de resultados, y muy en parte gracias a esa raquítica asistencia a las urnas.
La mesa estaba puesta para que los opositores al proceso no acudieran a validar semejante balandronada contra el Poder Judicial.
Y ese —¡ay, pobreza democrática!— fue el mejor escenario para los artífices del ejercicio. Saldrían a votar sus huestes, los burócratas obligados, los aspirantes y sus correligionarios, y uno que otro cándido, iluso o distraído.— Mérida, Yucatán.
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@olegariomoguel
Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia