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Antonio Salgado Borge: ¿Con licencia para matar?

Antonio Salgado
Antonio Salgado

Crímenes policiacos: hechos, silencio y complicidad

José Santiago Medina Naal, un hombre humilde con una enfermedad mental querido por sus familiares y vecinos, fue detenido por la Policía de Yucatán y luego apareció muerto. Es la cuarta ocasión en que se acusa a un elemento de la SSP de cometer homicidio en 2020. El gobierno de Mauricio Vila ha guardado silencio y nadie ha sido castigado.

La nota de Gabriel Chan en Diario de Yucatán sintetiza este patrón con claridad. “En este año es la cuarta ocasión que se le acusa a un elemento de la SSP de cometer homicidio. El primero fue el caso de Gaspar Sulub Cimé, detenido en Progreso y quien murió a bordo de una unidad de la policía. También está el caso del joven que fue atropellado por una camioneta de la SSP en la vía Mérida-Tixkokob; el caso de Ronald Richmond Díaz, cuyo cuerpo fue torturado y colgado en la carretera Xoy-Chacsinkín para simular un suicidio y ahora el caso de “La Cuca”. En ninguno de los casos hubo policías detenidos” (“Diario de Yucatán”, 10/10/2020).

La muerte de José Santiago es profundamente dolorosa para todos sus seres queridos. Pero también lo es para Yucatán en su conjunto. Y es que estamos ante una clara tendencia. Si un mismo individuo fuera el sospechoso de cometer estos asesinatos, se estaría hablando de un asesino serial. En este caso, la serie de homicidios se atribuye a elementos que forman parte de y representan a una misma institución que, a su vez, forma parte de y representa a un mismo gobierno.

En este artículo argumentaré que tanto los hechos como el silencio y complicidad del gobierno del estado ante éstos son tan problemáticos como inaceptables.

Los hechos

Empecemos enfocándonos en los hechos. Lo ocurrido obliga a plantear el siguiente dilema:

(a) o bien el gobierno repudia la idea de que algunos elementos de la SSP hayan asesinado a personas detenidas, pero admitirlo sería evidencia de que ha perdido el control sobre algunos de sus policías, (b) o el gobierno está de acuerdo con que algunos asesinatos son parte de algunos elementos de la SSP a personas detenidas son aceptables como “daños colaterales” y no quiere confesarlo.

El primer cuerno de este dilema —(a)— sería una pésima noticia. Si este fuera el caso, Yucatán estaría avanzando en la ruta de descomposición que hemos visto en otros estados. En otras entidades del país, como el Estado de México, Michoacán o Guerrero, es común que algunos elementos de cuerpos policiacos operen independientemente como agentes criminales.

Esto es posible, en gran medida, por la impunidad de la que disfrutan. A su vez, esta impunidad, al menos en parte de los casos, es producida por la virtual anarquía que impera en las corporaciones de seguridad. En ocasiones, la batalla de los gobiernos estatales comienza por controlar las propias corporaciones que en teoría tendrían que ser disciplinadas e incondicionales.

El segundo cuerno del dilema —(b)— también sería una pésima noticia. La idea de que violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura que deriva en asesinatos, son un aspecto colateral de una estrategia de seguridad efectiva no sólo es inaceptable ética y legalmente, sino que evidencia la urgencia de reformar la estrategia vigente.

Asesinar a detenidos, culpables o inocentes, no es ni necesario ni suficiente para combatir al crimen. Por ejemplo, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo masacres donde lo mismo presuntos criminales que personas sin esta presunción fueron asesinadas. Pero esto no fue suficiente para terminar con el crimen en el país. Por otra parte, lugares donde estas tácticas son inadmisibles —como Dinamarca, Escocia o Nueva Zelanda— cuentan con una seguridad envidiable; esto es, los asesinatos de parte de agentes policiacos no son necesarios para mejorar o garantizar la seguridad de un territorio.

Cuando se trata de explicar la serie de posibles asesinatos a manos de algunos agentes policiacos, tanto la posibilidad de una pérdida de control sobre la totalidad de los elementos policiacos como la posibilidad de violaciones a derechos humanos que, accidental o intencionalmente, se derivaron en muertes, son francamente preocupantes.

Silencio

Hay un segundo elemento para revisar en esta tendencia: el silencio que el gobierno estatal ha guardado en cada uno de los casos.

La estrategia del gobierno estatal ha sido barrer los hechos bajo el tapete. Esta estrategia probablemente le sería suficiente en ausencia de prensa independiente, de redes sociales y de un creciente grupo de personas jóvenes interesadas en la cosa pública. Pero claramente no aplica en el Yucatán de 2020. Prueba de ello es la cobertura que el Diario y algunos medios emergentes han dado a este tema, la cantidad de veces que se ha compartido la nota en redes sociales y la presión palpable de distintas organizaciones o individuos empiezan.

Estoy convencido de que en Yucatán son muchos más las y los policías que actúan institucional y humanamente que quienes hacen lo contrario. Es un hecho que la policía local sigue gozando de una confianza mayor que la que gozan corporaciones análogas en otros estados. El silencio del gobierno estatal —y también el de cámaras empresariales y partidos políticos de oposición— ante los crímenes cometidos por un puñado de malos policías lastima profundamente la buena labor de las y los policías que asumen íntegramente un compromiso con su indispensable trabajo.

Contrastemos dos posibles reacciones ante lo ocurrido.

Opción (a): Silencio; es decir, complicidad y encubrimiento.

Opción (b): mensaje del gobernador en conjunto con el secretario de seguridad pública: “Policía 1, policía 2 y policía 3 han cometido un crimen abominable e impermisible para el actual gobierno. Han sido retirados inmediatamente de sus cargos y están detenidos y bajo investigación. Daremos avances semanales del proceso legal en su contra. La población puede estar segura de que estos elementos no representan a su corporación ni al gobierno estatal. Nuestro compromiso es que esto jamás se repita”.

¿Cuál de estas opciones realmente protege la labor de las y los buenos policías? Claramente la respuesta a esta pregunta es (b). El silencio y el encubrimiento terminan sembrando en el público la sospecha de que no son un solo puñado de manzanas las que están podridas, sino que lo que está descompuesto es toda la canasta. Con su reacción, el gobierno del estado lastima a la SSP, a sus buenos elementos y a la confianza que tiene en éstos la ciudadanía.

Además, con esta reacción el gobierno estatal manda el mensaje de que la seguridad pública está divorciada de la democracia. Y con ello, le resta legitimidad ante la ciudadanía. En una democracia, a cualquier gobierno se le debe exigir permanentemente transparencia y rendición de cuentas de todas sus acciones. Cuando un gobierno acepta las reglas democráticas, éste no espera a que se le reclame para dar explicaciones racionales. Es fácil ver que lo anterior es aún más relevante cuando lo que está en juego son vidas humanas.

Finalmente, al optar intencionalmente por el silencio y el encubrimiento, el gobierno estatal se vuelve cómplice de los hechos que pretende ocultar y, con ello, hace cómplices involuntarios a todas las personas dentro de su estructura que conocen lo ocurrido pero que no pueden expresarlo.

Conclusión. José Santiago Medina Naal apareció muerto después de ser golpeado y detenido por agentes de la policía local. Es la cuarta ocasión en el año que se acusa a elementos de la SSP de cometer homicidio. En este artículo he argumentado que esta cadena de eventos obliga a enfrentar un dilema: o bien el gobierno ha perdido control de sus policías o el gobierno está de acuerdo con la utilización institucional con los métodos que algunos utilizan. Ambas opciones son claramente problemáticas y equivalen a dar licencia libre para matar.

Pero el silencio y el encubrimiento del gobierno estatal ante estos hechos es también problemático, pues contamina la labor de todas las buenas y buenos policías generando pérdida de confianza en la SSP, divorcia a la policía de la ciudadanía y hace cómplices involuntarios a las personas e instituciones que supuestamente protege.

Esto es, si el gobierno del estado realmente busca proteger a las yucatecas y a los yucatecos, debe cuidar primero a su policía. Y para proteger a su policía, debe cortar de tajo la cadena de homicidios de la que se acusa a algunos elementos, actuar democrática y transparentemente y proceder legalmente contra todas las personas implicadas en estos hechos. Sólo el gobierno del estado puede mostrar su real compromiso con la seguridad y con las personas encargadas de protegerla.— Edimburgo, Reino Unido

asalgadoborge@gmail.com

Antonio Salgado Borge

@asalgadoborge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (Itesm)

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