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Cambio a favor de la transparencia

 

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Uno de los mecanismos clave para vigilar el proceder de los servidores públicos en el desempeño de sus cargos es la obligación que debe imponérseles de transparentar su patrimonio mediante sus declaraciones de bienes, con el fin de tener a la vista cómo evoluciona éste. Ésta ya es una exigencia social derivada de la experiencia que se tiene sobre el enriquecimiento ilícito de muchos de ellos, de manera impune.

Por mucho tiempo la sociedad ha exigido que las declaraciones de bienes de estos servidores sean no solo para el consumo de alguna dependencia del mismo gobierno, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, sino para el conocimiento de la sociedad. De nada sirven declaraciones de las que sólo se enteran funcionarios del mismo gobierno del que forman parte los declarantes.

Grandes fortunas de quienes iniciaron sus carreras políticas como simples ciudadanos que entraron a su primer puesto con una mano adelante y la otra atrás, y al cabo de unos años se volvieron riquísimos accionistas de grandes o medianas empresas, propietarios de mansiones fastuosas, departamentos o casas de lujo en el extranjero, aviones privados y compradores de tiendas exclusivas, que compiten con los adinerados del sector privado, han sido amasadas mediante el desvío de recursos del erario. Son abundantes los casos conocidos en todo México.

En el sexenio anterior la presión de amplios segmentos sociales, que exigían control eficaz a la conducta rapaz de las camarillas gobernantes que —sobre todo— en tiempos de Peña se exhibían como depredadoras contumaces de la Hacienda pública que transformaban rápido en bienes suyos, puso en la agenda nacional la necesidad imperiosa de instaurar leyes para controlar tal hábito desbocado. Pero no se logró el objetivo de que fuera obligación que las declaraciones de los servidores sean abiertas al escrutinio público, sin reserva alguna. Por eso existe aún el derecho de éstos a mantener oculta de la mirada pública la cuantía de sus bienes y su evolución.

Pero como en muchos aspectos de la vida del país las cosas están cambiando. Pese a la disposición legal señalada, las declaraciones de bienes de todos los servidores públicos, sin excepción, serán públicas en el gobierno federal, a partir de ahora. Para poner el ejemplo, el presidente hizo la suya así ante la instancia que las recibe, la Secretaría de la Función Pública.

En su acostumbrada reunión matutina con los medios, el viernes 4 mostró el comprobante del trámite y una copia de la declaración que hizo. “Ya se puede consultar en la página que tiene la Secretaría para estos propósitos. Son mis bienes y los de mi esposa”, manifestó. Pero la mejor noticia es que no sólo será AMLO quien dé a conocer su declaración patrimonial y de intereses en el gobierno federal, sino todos sus integrantes.

Algunos funcionarios de éste habían decidido no publicarlas. La prensa mencionó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, y al titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, Julio Scherer Ibarra, como reacios a hacerlo. Pero López Obrador fue tajante: “Por cuestiones de índole moral todos tenemos que dar a conocer los bienes. El que no dé a conocer sus bienes, incluyendo los niveles familiares, familiares cercanos, alegando que la ley no se lo exige, no podrá trabajar en este gobierno”.

Y es que hasta hoy la sociedad no ha logrado que sea obligatorio para estos servidores hacer públicas sus declaraciones. El artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dice que éstas “deben ser públicas”, pero, contradictoriamente, pone enseguida una restricción a lo dicho: “… salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada”. Y esto ha dado el pretexto perfecto a los obligados para no dar a conocer bienes o riquezas que podrían haber sido obtenidos desde el poder de manera ilícita y sustraerse, por tanto, de la acción de la justicia.

Los más obcecados defensores de la secrecía de dichas declaraciones —cuando se discutió el tema en el Congreso en 2016— fueron los integrantes de la bancada priista, entonces encabezada por el senador Emilio Gamboa Patrón. Este llegó a decir: “Si mañana llegas tú con un carro nuevo: ‘A ver, investíguenla. ¿Con qué lo compró, qué dinero utilizó, qué cheque dio, qué depositó?’. Me parece que hay cosas que van a lastimar a la sociedad mexicana”, manifestó, para oponerse al contenido de dicha ley, que finalmente se aprobó, con el candado antes expuesto, manteniendo así en el anonimato las declaraciones.

Así es que sería ésta la primera vez en la historia del país que todos los funcionarios de un gobierno federal hicieran del conocimiento público los bienes que poseen al inicio de su encargo, como primer paso para que los ciudadanos contaran con elementos que permitieran saber si alguno se está enriqueciendo a costillas del erario o se están todos manteniendo en “la justa mediana” que, como se proclama, debe ser la norma en un país que busca que no haya corrupción en las esferas de su gobierno.

La asumida por la administración que inicia es una actitud loable, muy distinta a la de la clase política que ocupó los cargos públicos en el gobierno federal anteriormente, bajo cuyo amparo se tejieron leyes que en lugar de servir para combatir la corrupción han servido para protegerla. Una de estas es la todavía vigente que permite mantener oculta a la mirada de la sociedad fortunas hechas con dinero de los contribuyentes. La excusa fue que si se conocían los bienes de los servidores y cómo evolucionaban, corrían el riesgo de ser víctimas de la delincuencia. Así, con este ocultamiento, se actualizó el hecho de que, aunque existiera el enriquecimiento ilícito de un funcionario, sería difícil si no imposible de probar.

Este es un pretexto vano, porque víctimas potenciales de la delincuencia somos todos y si alguien quiere ser servidor público debe estar dispuesto a correr los riesgos que ello entraña. Si no, tiene el derecho a abstenerse de serlo. Nadie lo obliga.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

 

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