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Cinco opciones, un camino

Yucatán ante la crisis climática

Antonio Salgado Borge (*)

Las consecuencias inminentes y desastrosas del cambio climático preocupan a cada vez más personas alrededor del mundo, particularmente a las más jóvenes. Las tendencias políticas presentes y las encuestas disponibles dejan pocas dudas en este sentido. No por nada el influyente periódico británico “The Guardian” remplazó el término “cambio climático” por “crisis climática”. Yucatán no es la excepción. Pero poco se ha hablado en nuestro estado sobre las formas en que el gobierno de Mauricio Vila puede encarar la responsabilidad que le corresponde en su relación con la crisis climática. En este artículo revisaremos cinco posibilidades, empezando por la menos adecuada y terminando por la única que tendríamos que aceptar sin reservas.

(1) La primera posibilidad sobre la mesa consiste en negar que la crisis climática es real o que los seres humanos son una causa importante de este fenómeno. Desde luego, a estas alturas es bien sabido que este enfoque representaría remar en sentido contrario a todas las investigaciones y estudios científicos serios. Pero también es claro que esto no ha sido suficiente para evitar que gobiernos como el de Donald Trump, probablemente movidos por el afán de maximizar sus utilidades comerciales, opten por ignorar o despreciar las evidencias disponibles. El gobierno de AMLO, aunque de manera inconsistente, llegó a asumir posiciones en este sentido, como su actitud ante el carbón.

No tendría caso dedicar mucho espacio a esta opción. En primer lugar, porque, tal como hemos visto, debatir si la crisis climática es real es, literalmente, pararse del lado de las posiciones contrarias a la ciencia y a la razón. Pero, para efectos de este artículo, lo importante es que por fortuna todo parece indicar que éste no es el caso de los últimos gobiernos de Yucatán. Y es que cuando menos durante los últimos tres sexenios quienes han dirigido la Secretaría de Desarrollo Sustentable han sido personas con la preparación y capacidad suficientes para cuando menos no negar este fenómeno.

(2) La segunda posibilidad disponible para el gobierno del Estado es aceptar la crisis climática, pero cruzarse de brazos ante ésta. Hay al menos dos motivos por los que un gobierno estatal puede optar por ceder ante esta tentación. (a) El primero de estos motivos es apelar a que en términos proporcionales el daño que Yucatán hace al planeta es mínimo. La lógica detrás de este motivo, sin embargo, no se sostiene un solo segundo. Por principio de cuentas, esta lógica es muy similar a la que lleva a algunas personas a tirar su basura en la playa: una botella de refresco o una bolsa de papitas no contaminará toda la zona. Esto es, el problema es que haber tomado esta lógica como principio es uno de los factores que explican los problemas de degradación ambiental que hoy enfrentamos.

(b) Otro motivo por el que el gobierno del Estado puede cruzarse de brazos ante el camino climático pasa por pretextar que estamos ante un fenómeno de proporciones mayúsculas que requiere de una acción global concertada, decidida e inmediata —lo que, desde luego, es cierto—. Es aludiendo a este hecho que un gobierno estatal mexicano puede caer en la tentación de optar por endosar el problema a las potencias mundiales o a las organizaciones internacionales. Lo que Yucatán haga o deje de hacer, puede pensarse, es proporcionalmente irrelevante.

Para ser claro, es indudable que estamos atestiguando una de las peores catástrofes que los humanos hayamos registrado y que poco se logrará si la respuesta no es proporcional al problema. Pero la necesidad de una acción general y concertada no exime a un individuo de asumir la responsabilidad de sus propias acciones. La misma lógica aplica para instituciones o gobiernos de cualquier nivel. Por ende, Yucatán no puede cruzarse de brazos ante la crisis climática. Al igual que nuestro primer punto, por fortuna todo parece indicar que el gobierno de Mauricio Vila no ha optado por esta segunda posibilidad.

(3) La tercera opción por la que podría optar un gobierno estatal para encarar la crisis climática pasa por reconocer que, en efecto, Yucatán tiene responsabilidad por los daños que genera, pero optar transferir esta responsabilidad a las personas que habitan el estado. Es fácil notar cómo un gobierno puede justificar esta actitud. Como hemos visto, es un contrasentido argumentar que no existe una responsabilidad a nivel individual o que cada persona no tendría que hacer lo que esté en sus manos para reducir su huella ambiental. Pero habría al menos dos problemas si un gobierno estatal optara por este enfoque:

El primero es que las evidencias indican que a estas alturas una colección de acciones es necesaria para combatir la crisis climática, pero esta colección sería en sí misma insuficiente. Por ponerlo de otra forma, dado el tamaño de la emergencia que enfrentamos, no hay tiempo de apelar al convencimiento de la totalidad de la población o de su decisión de trabajar en conjunto. El segundo problema es que este tipo de respuesta constituye, en los hechos, una forma muy tentadora en que un gobierno puede lavarse las manos. Y es que, aunque evidentemente mucho depende de las decisiones de cada individuo, esta forma de encarar los problemas sociales implica desligar a un Estado de su responsabilidad e ignorar por completo el peso de estructuras o ideologías opresivas. Y en Yucatán, nadie tiene tantos recursos o influencia local como la administración estatal en turno.

(4) Otra opción disponible para el gobierno de Yucatán cuando se trata de encarar la crisis climática es aceptar que no puede lavarse las manos del escenario que se anuncia —es decir, rechazar el punto anterior—, pero limitar su ruta de acciones a tareas de “mitigación” o trabajar en la “capacidad de adaptación” para resistir condiciones adversas de las personas que habitan el estado. Este tipo de respuesta sí que es parte del repertorio del actual gobierno estatal. Desde luego, tareas de esta naturaleza son fundamentales y es positivo que la administración de Mauricio Vila reconozca esta necesidad y trabaje en ella, pero sería un error limitar tanto el discurso como las acciones a tareas de “mitigación” o “resiliencia”. Como se ha dicho anteriormente, existe tanto una inminente obligación moral —y hasta política— como una posibilidad técnica de trabajar en acciones específicas para reducir la contribución del estado a la crisis climática.

(5) Finalmente, la última opción sobre la mesa cuando se trata de encarar la crisis climática, y que de ninguna forma es excluyente de la anterior, pasa por tomar acciones decisivas que tomen como modelo buenas prácticas internacionales —como las Metas de Desarrollo Sustentable de la ONU—. En este sentido, el gobierno de Yucatán tendría que trabajar en áreas específicas como la mejora en la regulación o en su capacidad de monitoreo permanente de sectores productivos. El conflicto con la productividad —pretexto preferido de Donald Trump— no puede ser un obstáculo pues, como hemos visto, esto implica una irresponsabilidad mayúscula. Para ser claro, mucho más importante que la productividad entendida en términos económicos es la viabilidad del planeta para los seres que le habitan. En este sentido, hemos escuchado o visto muy poco del gobierno de Yucatán. Si es que ha habido acciones concretas en construcción, éstas no han sido correctamente comunicadas.

El gobierno del Estado también podría trabajar en la implementación de proyectos ambiciosos para reducir las emisiones. No hay espacio aquí para analizar todas las alternativas concretas, por lo que mencionaré un par: la primera es el establecimiento de un sistema de transporte decente, funcional e incluyente —no charadas, como el Situr— que reduzca drásticamente el uso de automóviles particulares. La segunda es la puesta en marcha de un sistema de reciclaje y manejo de desperdicios verdaderamente integral, comprensivo y a la altura de las circunstancias.

Es esta última posibilidad la que el gobierno de Yucatán tendría que elegir, sin reservas, para encarar la crisis climática de manera responsable. Y es que no hay otro motivo más que la falta de voluntad política para implementar acciones de esta naturaleza.

Por desgracia, no hay señales claras en el horizonte que apunten a que la administración de Mauricio Vila esté remando en este sentido.— Edimburgo, Reino Unido.

Correo electrónico: asalgadoborge@gmail.com

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Twitter: @asalgadoborge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (ITESM)

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