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Corte y salarios públicos

Debate aún no definido

Eduardo R. Huchim (*)

La política de austeridad del nuevo gobierno tiene como uno de sus centros la disposición de que ningún funcionario del sector público puede recibir un ingreso mayor que el del Presidente, disposición que ha generado miles de recursos en contra de la ley respectiva, desde acciones de inconstitucionalidad hasta amparos individuales. También se ha dado un intenso y saludable debate, incluso el que esta semana tuvo lugar en la Suprema Corte.

La importante y rica discusión en la Corte versa sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas por un grupo de senadores y por la CNDH, partiendo del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien propuso declarar la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aprobada en 2018.

El complejo asunto tiene una variedad de ángulos que conviene precisar. Lo intentaré:

1) Es errónea la percepción de que el actual gobierno estableció la norma que pone la remuneración presidencial como techo de los salarios de los servidores públicos. Esa disposición existe desde 2009 en la Constitución (Artículo 127) y desde 2010 el Congreso de la Unión debió reglamentarla, pero incurrió en una más de sus omisiones a los plazos que él mismo se fija, sin que exista vía para sancionar el incumplimiento.

2) Lo que se hizo en 2018 fue empujar desde el Ejecutivo y aprobar en el Legislativo esa ley que debió ser emitida hace nueve años. Sólo que se trabajó de prisa y con poco tino jurídico, y por ello casi de inmediato se realizaron reformas que fueron promulgadas en abril de este año.

3) Las acciones de inconstitucionalidad que están actualmente a debate se refieren a la ley original de 2018 y por ello tenía solidez la propuesta del ministro presidente, Arturo Zaldívar, de desechar (sobreseer) los recursos porque le halló poco sentido a discutir alegatos sobre contenidos que ya no existían en la ley.

La propuesta de sobreseimiento fue apoyada por las ministras Yasmín Esquivel y Norma Piña en la sesión del lunes 13 y por el ministro Juan Luis González Alcántara el martes 14, pero fue derrotada por la mayoría de siete ministros, que rechazaron el sobreseimiento y decidieron entrar al fondo del asunto.

4) Al continuar la discusión el jueves, todos los ministros consideraron que hubo violaciones al procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados, pero los cuatro mencionados y Javier Laynez Potisek opinaron que no bastan para invalidar la totalidad de la ley (tomen nota diputados y senadores sobre el desaseo del trabajo del Congreso).

5) Donde sí hubo unanimidad (el lunes) fue en el rechazo al reclamo senatorial de que los ministros no podían legítimamente abordar los recursos mencionados, porque son parte interesada.

¿Qué sigue? El lunes 20, la Corte retomará el asunto y será difícil que prospere el proyecto original de Pérez Dayán, que propone la invalidez de la ley, porque para ello se requiere una mayoría calificada de al menos ocho ministros. Pragmáticamente, lo más viable habría sido sobreseer como lo propuso Zaldívar y dedicar el estudio y el debate a las dos nuevas acciones de inconstitucionalidad presentadas por los actores originales (senadores y CNDH), pero ya considerando las reformas de abril a la ley, es decir el texto vigente.

La discusión del lunes 20 se centrará en las omisiones legislativas, la principal de las cuales debe ser corregida: no se reglamentó la forma en que debe fijarse el salario tope para los servidores públicos, es decir la remuneración presidencial.

Este tope, que repercute sobre todos los servidores públicos, no debe quedar a la discrecionalidad y el arbitrio de nadie. Cualquiera que fuere la decisión final de la Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno y el Congreso no debieran recibirla en términos de victoria o derrota.

La discrecionalidad apuntada debería evitarse por mandato de la Corte o por iniciativa del Presidente o de los legisladores. El límite de 108 mil pesos que ahora existe puede parecer plausible y justo (a mí me parece un techo bajo), pero ¿qué pasa si llega a la Presidencia alguien que lo considere exiguo y fije el doble, el triple o 10 veces más?

El arbitrio fácilmente produce excesos. Es mejor que un asunto tan sensible como el salario de los servidores públicos esté adecuadamente reglamentado.— Ciudad de México.

omnia08@gmail.com

@EduardoRHuchim

Periodista

 

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