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De Yucatán para México

Antonio Salgado
Antonio Salgado

El caso del matrimonio igualitario y la Suprema Corte

POR ANTONIO SALGADO BORGE (*)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está por tomar una decisión sobre un asunto que en apariencia es local, pero que tendría repercusiones nacionales reales y de largo alcance.

El asunto que aparenta ser meramente local es un amparo interpuesto contra el Congreso de Yucatán por rechazar modificar las leyes en este Estado para permitir el matrimonio igualitario. El próximo miércoles, la Suprema Corte resolverá si el legislativo yucateco está obligado a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Las repercusiones de esta decisión podrían ser de largo alcance. Si fallase a favor de conceder el amparo, la SCJN estaría reconfigurando las fronteras geográficas que hoy constriñen inconstitucionalmente el reconocimiento de un derecho. Con ello, la Corte estaría también redefiniendo las fronteras legales que actualmente amenazan con trivializar sus jurisprudencias.

El contexto local

En 2019 el Colectivo Para la Protección de Todas las Familias en Yucatán (PTFY) interpuso un amparo contra el Congreso de Yucatán. El motivo: la resistencia de ese Congreso a reformar leyes locales para permitir el matrimonio igualitario en este Estado.

Entender la naturaleza del argumento detrás del amparo y el contexto del que surge es indispensable para desentrañar sus posibles consecuencias.

Empecemos con el argumento. La idea es, a grandes rasgos, la siguiente. Actualmente, el matrimonio igualitario es legal en todo México. Este es el caso porque la Suprema Corte, como tribunal constitucional e intérprete último de la Constitución, determinó en 2015 a través de una jurisprudencia que el matrimonio entre personas del mismo sexo es plenamente constitucional.

La Constitución establece con claridad el derecho a la no discriminación. Además, nuestra Carta Magna otorga rango constitucional a los tratados de derechos humanos firmados por México. Uno de estos tratados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que los estados están obligados a adecuar cualquier legislación que no permita el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, Yucatán y cualquier estado que tenga legislaciones inconstitucionales, deben modificarlas. No queda margen alguno para ambigüedades o lecturas “amables”: los estados en México con leyes que impidan el matrimonio igualitario están obligados a modificarlas. Esta inconstitucionalidad es lo que se discutirá en la SCJN. Para ser claro, el matrimonio igualitario es legal o constitucional en todo México. Eso es un hecho indisputable. Lo que sí está en disputa es cómo lidiar con la terca e impresentable negativa de congresos como el yucateco a cumplir con la ley a la que están obligados.

Los diputados locales se han negado a permitir el matrimonio igualitario en dos ocasiones repitiendo la posición de grupos ultraconservadores. En primer lugar, defienden falsamente que los derechos humanos son reconocidos con base en su popularidad; así para Cervera los colectivos LGBTI son “poco representativos” y buscan “cobrar facturas políticas” y para Díaz Lizama son minorías casi invisibles y por ende insignificantes; personas cuyos derechos solo merecen memes burlones.

En segundo lugar, mienten cuando afirman que la mayoría de las personas que viven en Yucatán se oponen al reconocimiento de ese derecho. Que esto es falso queda claro cuando se consideran recientes encuestas, como la del Conapred. Tan saben que este es el caso nuestros legisladores que su votación más reciente se produjo en secreto alegando, no se ría, riesgos a su “seguridad”.

El amparo del PTFY surge en un contexto local sumamente complicado para el reconocimiento de los derechos humanos. El Congreso de Yucatán, encabezado formalmente por Felipe Cervera Hernández (PRI), Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) y Miguel Candila (Morena), y comandado en los hechos por el gobernador Mauricio Vila Dosal (PAN), ha tejido alianzas estrechas con grupos locales antiderechos. En los hechos, estas alianzas hacen letra muerta de lo que diga la Suprema Corte y trivializan su jurisprudencia.

Fronteras geográficas

Con el argumento detrás del amparo y el contexto del que surge en mente, es posible comenzar a apreciar las repercusiones de lo que decidirá la Suprema Corte la próxima semana. Para ver por qué, empecemos considerando un escenario donde el proyecto que se discutirá el próximo jueves, cuyo sentido es favorable al amparo de PFTY, cuenta con los votos necesarios.

Si este fuese el caso, y considerando el argumento empleado por el PFTY, es evidente que amparos análogos podrían venir de once estados donde prevalecen escenarios similares. En caso de que esto ocurriese, y si los amparos fuesen sólidos, la Suprema Corte no tendría motivo para no fallar en el mismo sentido que el seguido en el caso yucateco. Esto significaría que, a través del caso de Yucatán, la SCJN estaría en los hechos estableciendo las condiciones para corregir la plana inconstitucional a la que se han aferrado, con uñas y dientes, Congresos locales. Una plana que, al igual que el caso yucateco, diputados rupestres aliados con grupos ultraconservadores se han negado a modificar.

Por ponerlo de otra forma, un fallo a favor del amparo equivale a borrar fronteras geográficas que hoy encapsulan y discriminan a millones de mexicanas y mexicanos.

Fronteras legales

El amparo yucateco tiene el potencial de reconfigurar las fronteras geográficas que actualmente resquebrajan el pleno ejercicio de un derecho en México. Pero también podría redefinir fronteras legales. En primer lugar, está en juego la capacidad de la Suprema Corte de defender su propia jurisprudencia temática de 2015; aquella donde determinó que el matrimonio igualitario es legal en México.

Si la SCJN llegase a fallar en contra del amparo promovido por el PTFY, ello mandaría una señal contundente a otros ámbitos de la vida pública en México: nuestra Suprema Corte es una institución incongruente y poco firme.

Es fácil ver que con ello la Corte estaría retrocediendo en los hechos, pues dejaría expuesto un hilo que podría resultar tan largo como enredado que podría ser explotado por grupos antiderechos en todo el país. Por el contrario, si se planta y defiende su jurisprudencia temática, la SCJN estaría mandando un mensaje de seriedad, de dignidad y de congruencia.

En segundo lugar, una decisión favorable al amparo reafirmaría que cualquier jurisprudencia temática de la SCJN es obligatoria para todos los Congresos locales. Es decir, que la misma lógica que aplica para el caso del matrimonio igualitario aplicaría también para otros casos relacionados con los derechos humanos. Esto es crucial pues, por los motivos explicados arriba, el derecho a no discriminación es un límite innato a la actividad legislativa que actualmente varios Congresos locales violan flagrantemente.

Lo anterior implica que las jurisprudencias de la SCJN no solo serían obligatorias para jueces, sino que también lo serían para Congresos locales. Dado que la Corte es nuestro tribunal constitucional, y considerando las resistencias de Congresos en manos de grupos antiderechos, la claridad en este sentido dejará ver si las jurisprudencias de la Corte son triviales o no en contextos como el yucateco.

Los grupos antiderechos suelen objetar que este tipo de lógica atenta contra el federalismo. Pero este recurso es convenenciero y depende de una distorsión del concepto “federalismo” basada en la mala fe o en la ignorancia. La Constitución claramente dice que constituciones locales no pueden ir en contra de la Constitución federal; lo que no se prevé en la federal queda abierto para los estados. Esta dinámica no es contraria al federalismo; por el contrario, se trata de un aspecto fundamental de este modo de gobierno mixto.

En este esquema, la Constitución federal establece los mínimos y límites para constituciones locales. Dado que la no discriminación es uno de estos límites, si la Corte dijo que es inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario, no hay vuelta de hoja: los estados tienen que corregir lo que sea necesario para dejar de prohibirlo.

Conclusión

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está por tomar una decisión que reverberará en todo el país. Esta decisión delineará las fronteras geográficas y legales que hoy constriñen el reconocimiento de algunos derechos humanos fundamentales.

Si la SCJN se planta y vota a favor del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que considera fundados los argumentos del caso yucateco y concede el amparo, nuestro tribunal constitucional estará obligando inmediatamente al Congreso yucateco a modificar leyes locales para permitir el matrimonio igualitario. Mediatamente, esto se traduciría en amparos similares en forma y resultados en otras entidades.

Pero esta decisión también trascendería al caso del matrimonio igualitario. Y es que con ella, la Suprema Corte mandaría el mensaje de que sus jurisprudencias no son letra muerta; que está en la disposición de defenderlas de los grupos antiderechos; que la Constitución le faculta para poner límites y mínimos a los Congresos locales que, aludiendo a toda clase de artimañas, buscan trivializarlas.— Edimburgo, Reino Unido.

asalgadoborge@gmail.com

@asalgadoborge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (Itesm)

 

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