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Defensa de la economía popular

Filiberto Pinelo Sansores
Editorial de Filiberto Pinelo Sansores

Las ganancias de unos cuantos

Filiberto Pinelo Sansores (*)

En el viejo régimen de los gobiernos del Prian los niveles de vida del pueblo no importaban. A partir de que en México se implantó la modalidad del sistema capitalista llamada neoliberalismo los pocos controles que estableció el régimen resultante de la Revolución Mexicana, para limitar la voracidad de los grandes poseedores del dinero, desaparecieron. Cada vez más un grupo minoritario de favorecidos se fue apoderando de tajadas más grandes del pastel mientras a millones de mexicanos les dejaban sólo las sobras.

Durante 40 años, desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Enrique Peña Nieto, pasando por Zedillo, Fox y Calderón —todos cortados con el mismo molde— se fueron desmontando los pocos mecanismos de protección a la economía popular, creados antes de que llegaran, y el pueblo quedó a merced de las llamadas fuerzas del mercado, regidas éstas por el interés lucrativo de una de sus partes, la de los dueños de los grandes negocios.

La tónica fue la misma en los cinco gobiernos: malbaratar las empresas del estado, cargar sobre los hombros del pueblo los costos de los rescates a banqueros y otros grandes empresarios; eliminar todo tipo de protección eficaz a la sociedad para no ser víctima de prácticas monopólicas; crear, a cambio, instituciones, como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para simular el combate a los monopolios, etc. El resultado ha sido el despojo del poder adquisitivo de las grandes mayorías en beneficio de unos cuantos.

Esto, no obstante tener nuestro país una Constitución que en el segundo párrafo de su artículo 28 dispone que “la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social”.

Pero, con sus políticas neoliberales convirtieron en letra muerta lo escrito en nuestra Carta Magna.

Afirmar que porque en México existen leyes que impiden que en el país haya monopolios, o prácticas monopólicas, no los hay, es incurrir en una falsedad. Un ejemplo es el de las gasolineras de nuestra ciudad que, a pesar de ser propiedad de grupos empresariales diferentes ofrecen precios unificados del producto, sin variar ni siquiera en un centavo, lo cual significa que se ponen de acuerdo para fijarlos.

Un recorrido por ella permite constatarlo. En todas, las gasolinas tienen el mismo precio, tendiente siempre al alza. Son unas cuantas, las que se salen del patrón: dos de ellas, de una misma razón social, en la carretera Mérida-Progreso, donde la expenden, por lo menos, un peso menos cara por litro. Si no la suben más es por el interés especial de este gobierno en que no lo hagan y la exhibición semanal de que son objeto las que lo hacen en el programa presidencial “La mañanera”.

La carestía de la vida depende, en gran medida, de la imposición de condiciones injustas de mercado en un ámbito en que una de las partes tiene poder para imponerlas y la otra carece de defensas para evitarlas.

De nada sirve que se eleven los salarios si enseguida empiezan a actuar para quitarles su poder adquisitivo empresas monopólicas que ven en ello la oportunidad de incrementar sus ganancias, sin ningún temor a que haya respuesta porque quien está obligado a defender el interés de las mayorías, que es el gobierno, no actúa.

Un gobierno que pretenda estar al servicio de las mayorías no puede quedarse indiferente mientras las esquilman. Es por eso, y con base en este principio, que el gobierno de AMLO ha declarado que va a intervenir en el mercado del gas LP —un artículo de primerísima necesidad— ante los desmesurados aumentos de precio que ha sufrido, mismos que no tienen más justificación que el incremento de las tasas de utilidad de los dueños del negocio.

Entre diciembre y el arranque de julio pasado, el kilogramo de dicho gas para cilindros domésticos se disparó de 23.59 a 28.48 pesos, un alza de 20.72%, muy por encima de la inflación. Esto es así porque en México hay un oligopolio integrado por cinco megaempresas que distribuyen casi el 50 por ciento del gas LP en el país y se están quedando con márgenes de utilidad muy altos.

“Pemex les vende a un precio y ellos venden al consumidor a un precio muy elevado”, expresó el presidente al anunciar la aplicación de las medidas que aplicará su gobierno para defender la economía de los mexicanos que consisten, fundamentalmente, en la creación de una nueva compañía estatal de gas —Gas Bienestar, se llamará— y un precio máximo para la venta del combustible.

El propósito no es tener la exclusiva “sino vender el producto con un margen pequeño para los costos de operación, porque se van a comprar vehículos, se van a poner gaseras o en las instalaciones que tiene Pemex se van a instalar equipos, se va a comprar los cilindros, vehículos”, pues “lo que se busca es generar competencia en beneficio de los consumidores”, aseveró el presidente.

Por supuesto que quienes están del otro lado de la barrera, es decir, los grupos empresariales y sus voceros, como acostumbran, han entrado en un concurso de descalificaciones en contra de quien va a poner en práctica estas medidas. Sin embargo, por encima de los intereses y las sacrosantas ganancias de unos cuantos está el interés de la inmensa mayoría de los mexicanos.

Pretender que un gobierno debe mirar indiferente lo que ocurra en el terreno de la economía sin intervenir para evitar los excesos en que suelen incurrir los entes del mercado en perjuicio del conjunto de la sociedad y, sobre todo, de los más desfavorecidos, es querer que, como en el sistema anterior, se siga haciendo sufrir a millones en aras de las ganancias de unos cuantos.— Mérida, Yucatán

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

 

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