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Defensa del territorio maya

 

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

El 13 de enero de 2018 se conformó en Mérida la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal. A aquella primera asamblea, realizada en un restaurante del barrio de Santiago en el centro de la ciudad, asistieron campesinos y ejidatarios de San José Tipceh, Peto, Valladolid, Sacalum, Dzonot Carretero, Dzilam de Bravo, Sinanché, Suma de Hidalgo, Sotuta, Chumayel, Tekax, Chocholá y Hopelchén, así como algunos académicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. La preocupación común de todas las personas presentes era el desarrollo de “megaproyectos”, principalmente de energías renovables, a lo largo de la Península de Yucatán.

Pedro Uc, profesor, escritor y activista maya originario de Buctzotz y uno de los convocantes a la conformación de la Asamblea, se refirió al desarrollo de dichos megaproyectos como una “invasión al territorio maya”, por lo que invitó a organizarse. Las empresas que llegan a hacer negocios lo hacen con engaños y manipulación, denunció.

La Asamblea Múuch’ Xíinbal se define a sí misma en su página en internet como “mujeres y hombres mayas de diferentes comunidades de la Península de Yucatán, mayormente ejidatarios y campesinos que ven afectados el territorio peninsular por megaproyectos de parques eólicos y fotovoltaicos implementados por empresas que al clásico modo conquistador llegan a arrebatar nuestras tierras para desarrollar su negocio”.

En cierto sentido, se trata de una organización hermana de la Articulación de Energía Renovable de Yucatán. Creada en 2017 por académicos, integrantes de la sociedad civil y de comunidades, la Articulación tiene entre sus objetivos “promover el debate público plural sobre modelos de desarrollo y uso del territorio en relación con los proyectos energéticos” y “defender el derecho de la participación ciudadana y su acceso a la información en la toma de decisiones y en la implementación de proyectos energéticos”.

De acuerdo con la Articulación, actualmente hay por lo menos 22 proyectos de energía eólica y solar en proceso de desarrollo en Yucatán. Como ha informado Diario de Yucatán, dos parques eólicos ya están en operación: el de Dzilam de Bravo y el de Tizimín, que generan 70 y 84 megavatios diarios de energía respectivamente. También se ha anunciado que en el primer trimestre de este año entrarán en funciones otros tres parques y el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional estima que, para 2032, en la Península de Yucatán estarán instalados 32 proyectos de energía renovable.

A primera vista, el desarrollo de energías renovables en Yucatán parece algo positivo. Frente a la crisis ambiental que vive el planeta entero, resulta necesario depender menos de los combustibles fósiles. Además, una de las principales demandas de los empresarios del Estado es que disminuyan las altas tarifas eléctricas, a lo que el secretario de Fomento Económico del Estado ha respondido que la única forma de lograrlo es produciendo energía limpia (D. de. Y., 3-1-19).

Sin embargo, la Articulación y la Asamblea Múuch’ Xíinbal han señalado, documentado y denunciado varios de los problemas relacionados con el desarrollo de parques de energía eólica y solar en Yucatán. Para empezar, estos proyectos se diseñan de manera vertical, de arriba hacia abajo, con criterios fundamentalmente financieros y técnicos, sin tomar en cuenta a las comunidades y los impactos sociales, culturales y ambientales, lo que resulta preocupante en una región diversa y vulnerable como lo es Yucatán.

Otros de los problemas son que se ha violado el artículo 19 de la Ley de Transición Energética que ordena elaborar una Evaluación Ambiental Estratégica de carácter regional; que varios de los permisos se han obtenido de manera irregular —cuando no con engaños— y que las evaluaciones de impacto ambiental, de impacto social y las consultas a comunidades indígenas se han realizado igual con varios problemas, entre ellos, la falta de información clara y culturalmente adecuada. Asimismo, los contratos son sumamente desiguales: mientras que las empresas se llevan la mayor parte de las ganancias, las comunidades —o principalmente los ejidos— reciben como principal beneficio un bajo ingreso por la renta de sus tierras.

Así, como han escrito Jazmín Sánchez e Ivet Reyes, integrantes de la Articulación: “Como resultado, hay proyectos que han recibido autorizaciones en materia ambiental para ocupar al menos 10,000 hectáreas en territorio principalmente maya y en ecosistemas altamente vulnerables: cercanos a reservas naturales, en corredores biológicos para especies de gran importancia (ej. del jaguar), en rutas migratorias de aves (pese que México ha firmado convenios de protección, a nivel continental), dentro de un sistema hidrológico único en el mundo (el anillo de cenotes), etcétera” (“La Transición Energética en Yucatán: el desvío de sus principios y los riesgos para la sostenibilidad de la región”, 2018).

En este escenario, la Asamblea Múuch’ Xíinbal, como su nombre lo indica, ha centrado sus actividades en la defensa del territorio. Para ello, han realizado asambleas en diferentes comunidades de la Península de Yucatán, a través de las cuales personas afectadas por los proyectos de energía han podido entrar en contacto. Acaso su principal actividad, en palabras de Pedro Uc, sea la visita a pueblos afectados para informarles sobre los impactos de los proyectos. “Lo más que podemos presumir es el contacto con los pueblos”, me dice Uc.

A diferencia de algunos críticos del desarrollo de energías renovables en Yucatán que proponen que los ejidos deben recibir mayores montos por la renta de sus tierras, uno de los acuerdos fundamentales de Múuch’ Xíinbal es que “no vendemos ni rentamos la tierra”: “No luchamos por alguna negociación por el precio de la tierra, nuestra tierra no es negociable, no queremos ser despojados de ella porque es la fuente de nuestra vida, de nuestra alimentación, de nuestro aprendizaje, de nuestra lengua y cultura, por eso no podemos estar fuera de ella ni permitir que sea lastimada”.

Este acuerdo, junto con su posición apartidista (“No a los partidos políticos”), ha llevado a algunas personas a calificar a Múuch’ Xíinbal de “radicales”. Pedro Uc es consciente de ello y reconoce que es una posición problemática para trabajar en los pueblos. De acuerdo con Uc, en las comunidades se enfrentan a la falta de información entre la gente, a la pobreza y a la prevalencia de un espíritu de consumismo. Así, en muchos casos son los propios comisarios ejidales quienes venden o rentan la tierra. “La misma gente ha estado entregando la tierra”, dice Uc. Los empresarios e intermediarios (“coyotes”) de los proyectos, señala, se aprovechan de esta situación, lucrando con la pobreza por medio de contratos que resultan poco comprensibles para los ejidatarios. “El español que hablamos no sirve para entender contratos, palabras como ‘usufructo’”, me comenta Uc. Así, la gente, a pesar de no entender los contratos, los firma porque se está repartiendo dinero.

En un contexto de pobreza e incluso de extrema pobreza, los cientos de pesos que reciban los ejidatarios por la renta de sus hectáreas representan una de las pocas fuentes de ingreso seguras en muchas localidades. En ese entorno, la defensa del territorio se vuelve una actividad sospechosa, una amenaza para un ingreso seguro.

Pero la pobreza, el analfabetismo y el espíritu de consumismo no son los únicos problemas para la defensa del territorio. De acuerdo con Uc, además de las empresas y los coyotes que promueven los proyectos de energía, los partidos políticos, las religiones e incluso las propias organizaciones de la sociedad civil también presentan problemas (entre ellos, protagonismos, rivalidades e intereses personales sobre los colectivos).

En ese escenario, Múuch’ Xíinbal también ha asumido como herramientas de defensa la información y comunicación en internet y redes sociales, así como la alianza con otras organizaciones y la vía jurídica. De acuerdo con Uc, las redes sociales no sirven para realizar discusiones, pero sí para conectar y circular información. En su página en internet comparten constantemente artículos de opinión, noticias y documentos sobre el tema.

Finalmente, en un contexto en el que casi todas las luchas sociales pasan por los tribunales, Múuch’ Xíinbal también ha apostado por la vía jurídica. Recupero unas palabras de Uc al respecto: “Nos urge un despacho jurídico a nivel peninsular que pueda responder a los problemas de la Península (…) es un sueño, casi una utopía”.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

@RodLlanes

Investigador del Cephcis-UNAM

 

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