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¿Deuda necesaria?

“Yucatán Seguro”

FREDDY ESPADAS SOSA (*)

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona —Artículo Tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Nadie en su sano juicio puede oponerse a la idea de fortalecer las acciones gubernamentales en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada, habida cuenta de que la situación de violencia e inseguridad pública aún se mantiene en niveles de emergencia en varios estados de la República.

Si bien no podemos compararnos con la situación crítica que viven, por ejemplo, nuestros vecinos de Quintana Roo, en cambio sí debemos reconocer que en cierta medida Yucatán está dejando de ser una de las entidades más seguras y menos violentas, esto debido al rebrote de distintos delitos como asaltos a comercios y robos en casas-habitación, así como el aumento de los feminicidios que han estremecido a la sociedad yucateca en los últimos años.

Por lo anterior, es de reconocerse la preocupación que manifiesta el gobernador Mauricio Vila Dosal en el sentido de apuntalar el combate al crimen organizado y de garantizar paz y tranquilidad a todos los yucatecos. Esta preocupación se ha concretado en el proyecto denominado “Yucatán Seguro”, para cuyo financiamiento se ha solicitado que el Congreso estatal autorice al Ejecutivo suscribir un crédito por la suma de 2,620 millones de pesos.

En la presentación del mencionado proyecto, el gobernador insistió en que cada peso invertido en seguridad “se multiplica en inversión, empleos, mejores sistemas de salud, calidad de vida y educación para los yucatecos”.

A su vez, el secretario estatal de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, señaló que Yucatán ha experimentado un crecimiento importante en muchos aspectos, lo que plantea la necesidad de hacer frente a serios retos en materia de seguridad pública.

Por tal razón, el funcionario considera que “es necesaria la modernización con recursos tecnológicos indispensables para la prevención y persecución del delito, la prevención de accidentes y la mejora en los tiempos de respuesta a las emergencias” (D. de Y., 2 de julio, Local, p. 6).

De acuerdo con el gobierno del Estado, el proyecto “Yucatán Seguro” incluye, entre otras cosas, la adquisición de un avión pequeño para la vigilancia, drones, cuatro lanchas de intercepción, 3,525 cámaras de vigilancia, 141 semáforos inteligentes y otros equipos tecnológicos de punta. También comprende la conversión del centro de mando C4 en una central C5i: Coordinación, Comunicación, Comando, Cómputo, Control e Inteligencia.

Pues bien, como parte del proceso para la autorización del millonario crédito, el pasado miércoles 10 de julio la Comisión de Presupuesto y Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso recibió en comparecencia a los secretarios General de Gobierno, de Administración y Finanzas, y de Seguridad Pública, María Fritz Sierra, Olga Rosas Moya y Luis Felipe Saidén Ojeda, respectivamente, quienes explicaron a los legisladores los pormenores del proyecto en cuestión.

Sin mayores cuestionamientos de los flamantes diputados, éstos fueron persuadidos por los citados funcionarios sobre la necesidad de autorizar el crédito para financiar el proyecto en comento. Esta aprobación se daría en la sesión a realizarse el próximo día 15 del mes en curso.

Y es aquí donde surgen varias interrogantes claves: ¿Es absolutamente necesario contratar una deuda de 2,620 millones de pesos, que al ser pagaderos en un lapso de 20 años representarán una sangría total al erario por 5,675 millones de pesos? ¿Ofrecieron los funcionarios la justificación técnica y social para la inversión solicitada? ¿Necesita Yucatán con urgencia un blindaje de esta naturaleza?

¿Sabían ustedes, caros lectores, que la cifra inicial a contratarse representa más de cuatro veces lo que se gastará en 2019 por concepto de jubilaciones y pensiones, cinco veces el presupuesto destinado a la cultura y las artes y 1.5 veces el importe destinado a obras públicas?

¿Estaban enterados que dicho monto es superior al subsidio que el gobierno estatal le otorgará a la Uady en este ejercicio; que equivale al 50 por ciento de los recursos destinados a la Secretaría de Salud y que, asombrémonos, es incluso superior al presupuesto actual de la propia SPP?

Sin dejar de resaltar la importancia que tiene la seguridad pública, me pregunto sobre tantas cosas prioritarias que se podrían atender con el crédito que el gobernador Vila Dosal está solicitando al Congreso del Estado, dadas las múltiples carencias que padecen cientos de miles de yucatecos en situación de pobreza. También me pregunto si las acciones que se propone el proyecto no podrían realizarse en estrecha coordinación con el gobierno federal, ahora que ha entrado en funciones la Guardia Nacional.

Es deseable que nuestros representantes en el Congreso analicen y reflexionen con profundidad sobre la conveniencia o no de autorizar el oneroso crédito solicitado. Es evidente que éste comprometerá cuantiosos recursos a futuro, lo que impedirá atender muchas de las necesidades económicas y sociales que experimentan los sectores más desprotegidos del Estado. Al tiempo.— Mérida, Yucatán.

canek_1999@yahoo.com.mx

Profesor-investigador titular “C” de T.C. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31-A, de Mérida, Yucatán

 

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