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Dulce María Sauri Riancho: El hacha y el bisturí

Dulce María Sauri Riancho
Dulce María Sauri Riancho

Subcontratación y Banxico

En la proximidad del cierre del periodo de sesiones, los legisladores aceleraron el paso para aprobar diversas disposiciones, algunas de ellas indispensables, como las leyes de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que habrán de regir durante el año que se iniciará en unos días.

A pesar de que estos temas dominan el interés público, otros más, aparentemente distintos, permean ahora el debate, especialmente los relacionados con dos reformas en el ámbito federal, que se discuten en las cámaras de diputados y senadores.

Me refiero a la iniciativa para eliminar la subcontratación, más conocida como “outsourcing” y la propuesta de modificación de la Ley del Banco de México. Ambas guardan grandes similitudes por las causas sociales que les dan origen, por la forma de presentación y por la precipitación para llevarlas al pleno y aprobarlas.

El conjunto de reformas para eliminar de tajo la subcontratación tiene el propósito de defender los derechos laborales de las y los trabajadores sujetos a este régimen todavía legal. Se ha cuestionado severamente que las personas contratadas bajo esta modalidad no acumulan antigüedad (son despedidas en la primera quincena de diciembre y recontratadas en enero) y, en consecuencia, las vacaciones a que tienen derecho y la prima correspondiente se mantienen en lo mínimo previsto por la ley. Desde luego, el reparto de utilidades no existe para este tipo de trabajadores.

Por otra parte, desde la perspectiva de numerosas empresas, la subcontratación permite recibir una serie de servicios especializados que no forman parte de su objeto principal de producción. Por ejemplo, el aseo y limpieza de sus instalaciones, el mantenimiento de sus equipos de cómputo, o la seguridad y vigilancia.

Adicionalmente, el mecanismo de la subcontratación permite solucionar problemas que afrontan inversionistas extranjeros que se instalan en México, una especie de “llave en mano” laboral que, desde su perspectiva, ayuda a incursionar en el complejo mundo de la normatividad mexicana.

En 2019 se hizo un primer intento para legislar y prohibir el “outsourcing”. La iniciativa se presentó en el Senado y fue razón de una serie de mesas de análisis en donde confluyeron empresarios, fiscalistas, dirigentes obreros y empresariales. Aparentemente se habían conciliado posiciones que, sin embargo, no cristalizaron en modificaciones a la propuesta original.

Hace unas cuantas semanas, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa presidencial para prohibir absolutamente la subcontratación. Las comisiones responsables comenzaron sus tareas; convocaron a un parlamento abierto, en el que la inmensa mayoría de las opiniones vertidas fueron adversas a la iniciativa.

Pero el factor más importante para postergar la decisión en la Cámara de Diputados fue el canal de comunicación que el presidente López Obrador abrió con los representantes de las organizaciones empresariales, con el propósito de revisar la iniciativa y realizar ajustes para su aprobación, que se pospuso hasta febrero.

El hacha quedó temporalmente guardada. Esperamos el uso del bisturí para separar las prácticas reprobables y eliminar a las empresas culpables de ellas y, en cambio, preservar a todas aquellas que funcionan adecuadamente, con respeto pleno a los derechos de las y los trabajadores y manteniendo el empleo de más de 4 millones de personas, por cierto, inscritas en el Seguro Social.

La iniciativa de reformas a la Ley del Banco de México (Banxico) fue presentada por el coordinador de Morena en el Senado quien también preside su junta de coordinación política. Se trata de hacer obligatoria para el Banco Central la adquisición de billetes y monedas extranjeras (principalmente dólares americanos) que captan las instituciones bancarias comerciales.

Según la información del propio Banco de México, sólo el uno por ciento de las remesas llegan en efectivo; el volumen más elevado proviene de las transferencias electrónicas (órdenes de pago) por cantidades que no exceden 150 dólares estadounidenses en promedio. Si es tan reducido el monto en efectivo, ¿dónde se encuentra el problema? Llama la atención la respuesta: en algunos bancos comerciales (se asevera que son dos), que no han logrado convenios para que sus asociados en Estados Unidos reciban los billetes y monedas que captan en México.

La minuta aprobada por el Senado, enviada a Diputados el pasado jueves 10, ha tenido un rechazo generalizado. Además de vulnerar la autonomía del Banxico, el cambio en la ley lo pondría en grave riesgo de ser considerado “lavador” de dinero sucio, principalmente procedente del narcotráfico que asuela a nuestro país.

No podemos desestimar los llamados de alerta. En un mundo globalizado, de fronteras abiertas, abrir una grieta en el escudo protector de Banxico sería colocar a nuestro país en la mira de traficantes de droga y bandas del crimen organizado que aprovecharían de inmediato esta posibilidad.

Escribo antes de conocer si, finalmente, cundió la sensatez y se abrió un espacio político para la reflexión y análisis que permita encontrar una manera de resolver los problemas de disponer de moneda extranjera en algunas regiones de México sin poner en riesgo al Banco Central, que le ha brindado estabilidad monetaria al país desde el inicio de su autonomía, en 1994.

Hasta el momento se ha librado el hacha sobre la subcontratación. Posiblemente también la que pendía encima de Banxico. Si se hacen las consultas sobre remesas y captación de dólares en efectivo, espero que se encuentre el camino para reducir comisiones por envío, así como mejorar el tipo de cambio que se paga a las familias que las reciben. Representa el 99% de los recursos que habrán transferido los migrantes al cerrar 2020: alrededor de 40,000 millones de dólares. A ellas, las familias receptoras, son a quienes debe ayudar una reforma de ley, no a las bandas de crimen organizado, ni tampoco a los que transgreden las normas contra el lavado de dinero.

Bisturí también sobre las remesas, sería el mejor colofón de esta historia de sobresaltos y autonomías en riesgo.— Ciudad de México.

dulcesauri@gmail.com

Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

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