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El centésimo día

 

La estación

Pedro Cabrera Quijano (*)

Hombre de empresa, con una formación profundamente humanista, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón incursionó con fuerza en la vida pública del país en los años 80 del siglo pasado. Al margen de siglas y colores, su legado político se resumió en diez palabras: “Tanta sociedad como sea posible, tanto gobierno como sea necesario”.

El expresidente nacional de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial pronunciaba esa frase con convicción y contundencia. Su experiencia en el mundo de las empresas le confirmó la necesidad de una relación gobernantes-gobernados en la cual los ciudadanos tengan la mayor participación posible en el diseño, ejecución y vigilancia de las políticas públicas.

Su idea no se puede encasillar como liberal; tampoco como conservadora. En los espectros partidistas, no es un pensamiento de derecha o de izquierda. Es, simplemente, una máxima de humanismo político. Es una necesidad del Yucatán y del México de ese entonces, de ahora y de mañana.

En los primeros 100 días de un gobierno, sobre todo si es fruto de una alternancia de partidos políticos, se trabaja con presupuestos y programas heredados. Es necesario esperar al siguiente ejercicio fiscal para arrancar los proyectos, obras y programas con un sello propio, acorde con un plan estatal de desarrollo renovado.

Así, al cumplir sus primeros 100 días, el Poder Ejecutivo de Yucatán aprovechó los meses iniciales para poner en práctica la máxima de Manuel J. Clouthier. Abrió mayores espacios a la participación ciudadana y una de sus primeras acciones, a punto de despedir octubre, fue la firma de la “Alianza por Yucatán”, que estableció una agenda común con empresarios y legisladores federales y locales de distintos partidos, basada en nueve acuerdos fundamentales, con un solo propósito: unir esfuerzos para desarrollar al máximo el potencial de la entidad.

La voluntad política de cada uno de los participantes representó un avance en la vida democrática de Yucatán, pues predominó el diálogo por encima de cualquier diferencia generada en los comicios del 1 de julio. La “Alianza por Yucatán” fue firmada por el gobernador Mauricio Vila Dosal, por presidentes de cámaras y agrupaciones empresariales, y por legisladores locales y federales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (Panal).

De ese modo, el legado del “Maquío” fue la respuesta a miles de yucatecos que exigen una nueva forma de hacer política para que ésta deje de ser arena de confrontación y se convierta en un agente de cambio y desarrollo, reduzca las brechas de desigualdad, promueva las inversiones y eleve los niveles de bienestar socioeconómico en los 106 municipios locales.

En su calidad de presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, Juan Manuel Ponce Díaz patentizó el compromiso de la iniciativa privada local para el logro de esos nueve compromisos. Para enfatizar la importancia de esa participación ciudadana, el representante de los industriales de la transformación apuntó hacia una de las plantas de henequén mejorado, en las macetas que adornaron la firma de la Alianza, y ofreció que ese acuerdo, como el agave yucateco, será regada y cuidada para impulsar su crecimiento.

Unos días después, se abrió otra puerta a la participación de la sociedad en el gobierno yucateco: se instaló el Consejo Consultivo del Presupuesto y el Ejercicio del Gasto, mediante el cual, los representantes de la sociedad yucateca decidieron el destino de los recursos públicos. Esa propuesta llegó al Legislativo local en forma del paquete fiscal 2019, aprobado por 22 de los 25 legisladores locales, pues tres de ellos consideraron prioritarias sus vacaciones personales.

Pero la participación de los representantes de cámaras empresariales y organizaciones sociales en el quehacer público de la entidad no es nueva. También en el sexenio pasado la iniciativa privada tuvo representación en diversos colegiados gubernamentales.

Con base en esos antecedentes, será interesante la participación social y sus observaciones en las acciones de transparencia y anticorrupción que emprende la naciente administración estatal, precisamente para evitar que este tema se convierta en una arena de confrontación política y un freno a los alcances ofrecidos en la Alianza por Yucatán.

La participación ciudadana será fundamental para llevar a buen puerto el anuncio hecho por el Ejecutivo estatal justo en la celebración de su centésimo día: la presentación de denuncias ante presuntas irregularidades detectadas por su Contraloría General.

El próximo lunes 14, ante la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, se presentarán las primeras solicitudes de investigación que generó la revisión de casi 2,000 carpetas, dentro del proceso de entrega-recepción.

La participación ciudadana debe marcar un cambio en el quehacer público. Los yucatecos no se merecen escándalos políticos que no conducen a nada, como aquel supuesto ataque a las calles recién pavimentadas de Mérida, cuyos responsables, dos años después, nadie sabe y nadie supo. Es en estos momentos cuando necesitamos tanta sociedad como sea posible, para tener gobiernos eficientes, transparentes, respetuosos de la ley, pero sobre todo en contra de la corrupción y la impunidad.— Mérida, Yucatán.

pedrocabreraq@hotmail.com

Empresario. Presidente de la Fundación Produce Yucatán, A. C.

 

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