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El debate, abierto

Censura no, regulación sí

Eduardo R. Huchim (*)

Donald Trump se convirtió este miércoles 13 de enero de 2021 en el único presidente de Estados Unidos en ser sometido a dos juicios políticos —el primero resultó fallido—, cuando la Cámara de Representantes lo acusó de “incitar a la insurrección”, una semana después de que sus seguidores irrumpieran en el Capitolio para evitar la ratificación del triunfo de Joe Biden.

Después de un gobierno autocrático y antiético y tras una segunda candidatura cuyo fracaso generó acusaciones demenciales de fraude electoral, Trump está cerrando su cuatrienio único en medio de un desprestigio enorme y con la amenaza de acciones penales y civiles en su contra. La causa directa de este segundo impeachment es el asalto que una muchedumbre azuzada por el presidente perpetró contra el Capitolio, la sede del Congreso de EE.UU., en un hecho insólito que causó la muerte de cinco personas y le infirió una profunda herida a la democracia estadounidense.

Pese a la fama democrática que posee EE.UU., su democracia es incompleta y una buena prueba de ello es Trump, el triunfo de Trump, quien obtuvo cerca de tres millones de votos menos que Hillary Clinton y, sin embargo, ganó la Presidencia por el arte de birlibirloque que implican los colegios electorales, capaces de trocar derrotas en victorias. Es claro que urge ahí una reforma en materia electoral que haga valer el principio democrático de un hombre, un voto.

Asociado con el asalto al Capitolio está un tema cuya importancia es de rango universal: las redes sociales, que dieron a Trump una poderosa plataforma en la cual cifró gran parte de su fuerza, influencia social y de conexión con sus bases y, en particular, le permitieron llevar adelante la posverdad y generar su realidad alternativa con tal eficacia que en estos días hay millares de estadounidenses que, a pie juntillas, creen que Joe Biden ganó la presidencia merced a prácticas fraudulentas, pese a la falta de pruebas.

La falsa versión de fraude en los comicios presidenciales fue el motor principal del asalto al Capitolio, instigado por el propio Trump, quien elogió incluso la marcha tumultuaria sobre el Congreso y luego, con notable cinismo, condenó los hechos violentos, temeroso de la destitución por el gabinete y del impeachment.

En ese contexto, ante el riesgo de nuevas promociones de actos violentos por el presidente estadounidense, las principales redes sociales —Facebook, Instagram y Twitter— suspendieron las cuentas de Trump de forma temporal primero y permanente después. Y el debate se abrió.

Un sector estadounidense y extranjero aplaudió la medida y hubo quienes respiraron aliviados ante la anulación de la principal arma política y social de Trump. Y frente a las acusaciones de censura, opusieron el argumento de que en ese caso no la había y que su expulsión de las redes equivalía a retirarle el arma a alguien que estaba disparando a mansalva y sin importar las consecuencias.

Del otro lado, se hicieron presentes las voces de quienes vieron ahí un acto de censura indefendible, a pesar del evidente riesgo que existía si continuaba en las potentes redes un hombre de cuya salud mental se dudaba.

¿Cómo conciliar tal acalladora medida con la primera enmienda de la Constitución estadounidense que, en defensa de la libertad de expresión, le prohíbe al Congreso emitir leyes que la vulneren? Pero, por otra parte, ¿no es verdad que la clausura de las cuentas de Trump es también el ejercicio de la libertad de empresa?

Empero, si ahora se acepta la censura a un promotor de la sedición y la aplaudimos, ¿qué pasará cuando se silencie una voz valiosa para nosotros?

El debate está abierto, porque las dos posiciones ofrecen argumentos no desestimables. Yo me inclino por el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión, pero tengo claro que no hay libertades absolutas. En consecuencia, urge legislar para regular y evitar excesos de usuarios de redes sociales y de las empresas que las administran.

En ese sentido, la canciller alemana Angela Merkel ha dado una pauta sensata cuando, por conducto de su portavoz, Steffen Seiber, señaló que el fundamental derecho a la libertad de expresión “puede ser intervenido, pero de acuerdo con la ley y dentro del marco definido por los legisladores”, pero no por “decisión de la administración de las plataformas de redes sociales” (“Reforma”, 11/01/21).— Ciudad de México.

omnia08@gmail. com

@EduardoRHuchim

Periodista

 

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