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El discurso de AMLO y la consulta

Editorial

Para que no le digan, para que no le cuenten

Ernesto Jesús Mena Acevedo (*)

La consulta popular que deberá verificarse el próximo domingo 1 de agosto ha generado polémica y hasta confrontación verbal entre quienes están a favor y quienes están en contra de su realización. Este escenario de debate no debiera asustar si se vive o se quiere vivir en una verdadera democracia. Pero para contribuir a un auténtico debate es menester que se expongan argumentos sustentados y no solo incurrir en la repetición mecánica de frases o clichés sin el menor esfuerzo por apuntalar los dichos.

En tal virtud, como partidario de la realización de dicha consulta considero oportuno partir de que, ante el proceso histórico de transformación que se está presenciando en el país, es sano y benéfico que después de décadas de un régimen que sostuvo una democracia simulada se apueste por transitar a una democracia participativa en la que se haga efectivo el mandato constitucional de que el pueblo es el soberano.

Para esto es importante saber que la democracia directa, es decir, aquella en la que los gobernados participan y deciden sobre los asuntos públicos o de gobierno, surgió y se practicó en Grecia, luego los romanos la perfeccionaron y le dieron usos más amplios, estableciendo entre otras figuras, “el plebiscitum”, cuyo término de origen latino deviene de plebis-pueblo y scitum-decisión, literalmente resolución del pueblo, es entonces “la consulta directa que hace al pueblo el poder del Estado, para expresar su aceptación o rechazo sobre un asunto específico de gran importancia o gran interés público que afecta la esencia misma del Estado” (Martínez Silva Mario, Roberto Salcedo Aquino, Diccionario Electoral, 1999, Instituto Nacional de Estudios Políticos, México, p.p. 552-554).

Debido a que en México durante varios años subsistió un régimen político cerrado y autoritario, no se dio espacio a la democracia directa, a pesar de las demandas en este sentido, y el pueblo fue totalmente relegado de las decisiones más importantes, aún de aquellas que afectaban directamente el interés de las mayorías.

Después de un prolongado y lamentable rezago, en el que se ignoró lo dispuesto en instrumentos jurídicos internaciones: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (artículo XX), Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 21) y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25); es hasta el año 2013 en el que se legisla en nuestro país en materia de participación ciudadana o en el aspecto de la democracia directa, por medio de reforma al precepto 35 constitucional y la expedición de la respectiva ley reglamentaria.

Con el resultado electoral del 2018 y el arribo a la Presidencia del principal dirigente opositor al sistema político de, al menos, los últimos veinte años, un tema recurrente y un clamor de amplios segmentos sociales ha sido el de sancionar o meter a la cárcel a todos los personajes corruptos de los anteriores gobiernos. Ante ello, el hoy Presidente desde la campaña sostuvo que no entablaría una cacería de brujas y espetó la controversial frase: “Olvido no, perdón sí”.

Ya como Presidente electo siguió sosteniendo esa tesis y el 11 de noviembre del 2018, en una entrevista con Carmen Aristegui expresó: “Juzgar y abrir expedientes (a los expresidentes)…sería conspirar en contra de la estabilidad política del país.”

Esa postura no varió ya como Presidente en funciones y en una conferencia mañanera dijo que no es partidario de iniciar denuncias contra funcionarios de administraciones pasadas, sino de ver hacia adelante, pues en todo caso se tendría que empezar por los expresidentes (“El Economista” 26/09/2019).

Pero debido a las investigaciones de los casos de Emilio Lozoya y García Luna, y lo que se fue revelando en cada caso, ante los indicios de que, en ambos casos debieron estar enterados o ser partícipes sus respectivos jefes, o sea, los entonces presidentes de la república, e incluso la mención expresa de Lozoya de los nombres de algunos expresidentes, es cuando López Obrador propone que la gente decida si quiere que el actual gobierno presente denuncias en contra de los expresidentes: “Lo que propongo es que al mismo tiempo que la Fiscalía General y el Poder Judicial van resolviendo se puede hacer una consulta, que sea la gente la que decida, que lo decidamos entre todos” (Animal Político 24/08/2020).

Asimismo, en otra ocasión aclaró: “Nosotros no estamos presentando ninguna denuncia contra ex presidentes” ni detendremos las investigaciones que estén en curso y, afirmó que las autoridades judiciales están en libertad de actuar contra Enrique Peña Nieto, de comprobarse su responsabilidad en el caso de Odebrecht, antes de la consulta popular sobre un eventual juicio a ex mandatarios (“La Jornada” 13/11/2020).

En concordancia con lo anterior, la consulta popular no tiene por objeto decidir si se aplica la ley o no, existen las notas periodísticas (impresas y electrónicas) que acreditan que el presidente tiene claro que si de las investigaciones que realiza la Fiscalía, de oficio o resultado de alguna denuncia, resulta existir ilícitos cometidos por alguno o todos los expresidentes, las autoridades competentes deben proceder en consecuencia. Lo que se busca es consultar a la ciudadanía para que manifiesten si están de acuerdo o no con un acto de gobierno esencialmente del ejecutivo, de carácter trascendental para el orden público y el interés social, que consistiría en que el Presidente presente denuncias formales contra expresidentes, de forma paralela y complementaria al desarrollo de las averiguaciones en curso.

Elemento de presión

Además, la consulta puede fungir como un detonante o elemento de presión, para hacer efectiva la aplicación de la ley y las autoridades competentes (Fiscalía y jueces) den seguimiento, profundicen y resuelvan en todos los ilícitos de los gobiernos anteriores.—Mérida, Yucatán.

Maestro en Economía

 

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