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El escándalo por los fideicomisos cancelados

Filiberto Pinelo Sansores
Editorial de Filiberto Pinelo Sansores

Por Filiberto Pinelo Sansores (*)

 

 

Es claro que la estrategia del gobierno federal, para que haya transparencia en el manejo de los recursos públicos a beneficiaros de sus programas, ha sido cancelar su entrega mediante intermediarios y, a cambio, hacerlo directamente.

El método de los gobiernos desplazados, por el contrario, fue hacer que el dinero pasara por varias manos antes de llegar a su destino. También creó cuerpos que no tenían obligación de rendir cuentas a nadie de su manejo.

Claro, el fin era que buena parte se quedara en las bolsas de corruptos adeptos suyos, para garantizarse una segura clientela electoral.

Hay decenas o cientos de ejemplos que lo demuestran. Los padrones de beneficiarios eran inflados con fantasmas y el dinero que, supuestamente, les correspondía se lo quedaban quienes hacían la intermediación; o era entregado en calidad de crédito para obras en el campo a gestores cercanos a los funcionarios de gobierno encargados de autorizarlo y, sin hacer las obras, se quedaban con él que, eso sí, tenía que ser devuelto por la víctima, con riesgo de perder su enajenada propiedad si no lo hacía.

Así les sucedió, como debemos recordar, a grupos de campesinos de distintos puntos del estado. En diciembre de 2018 y enero de 2019 se publicaron en estas páginas denuncias de campesinos que estaban a punto de perder sus propiedades porque, gracias al sistema de entregar apoyos a través de intermediarios, funcionarios corruptos y empresas asociadas con éstos en la localidad, se quedaron con créditos destinados a obras de irrigación —sin hacerlas— en tierras de aquéllos, créditos que, ahora, el SAT les cobraba bajo amenaza de embargo.

El citricultor de Tekax Manuel Gómez Beltrán denunció que enviados de una empresa, cuyo nombre dio, lo convencieron de firmar una solicitud de apoyo al gobierno federal para modernizar el sistema de riego de su parcela, pero apenas se autorizó el pago, dice, los integrantes de la red se quedaron con la mayor parte del dinero y solo destinaron un poco a las obras de riego (D. de Yuc., 16-12-18 y 28-01-19).

Lo mismo en el caso de las tan defendidas estancias infantiles, programa instituido por el gobierno de Calderón —que creó más de 9 mil de ellas, mientras en el de Peña se crearon solamente 200—, que bajo el ropaje de una buena causa, cuidar a los hijos de padres que trabajan, resultó un excelente negocio para aquéllos de sus propietarios que lo utilizaron —no todos, es cierto— para aumentar ilícitamente sus ganancias.

“Encontramos una red de prestanombres. Funcionarios de Sedesol en las delegaciones tenían estancias, con prestanombres, incluso con familiares. Como eran ellos los que determinaban dónde se ubicaban las estancias, reproducían el negocio de esquema familiar y con conocidos”, expresó la subsecretaria de Bienestar, Adriana Montiel.

“El DIF nos reportó en sus supervisiones —dijo también— que no encontraba a 80 mil niños inscritos, había mamás anotadas con dos hijos y cuando las buscamos nos aseguraban que solo tienen un hijo”.

No se eliminaron las estancias, pero se terminó con el inflado de matrícula entregando el dinero por el servicio, directamente a los padres de cada beneficiario y no al dueño del negocio. Así se terminaron los niños fantasmas (La Jornada, 19-10-19).

Ahora está en el pandero el asunto de los fideicomisos que en número enorme se fueron creando a lo largo de décadas con los argumentos de que, por un lado, eran extraordinarios instrumentos para impulsar actividades necesarias para el desarrollo del país y, por otro, eran incapaces los gobiernos —mismos que los creaban— de asumir directamente la tarea, por su rapacidad.

La realidad es que establecieron decenas de estas cajas chicas sin control para saquear los gobernantes y sus testaferros discrecionalmente al fisco. “El año pasado, la Auditoría Superior de la Federación revisó 305 fideicomisos y otros instrumentos jurídicos análogos. Sus hallazgos los plasmó en la auditoría 1722, la cual es contundente: la mayoría de esos fondos son opacos y con normatividad laxa, manejan dinero de manera discrecional, no reintegran al erario los recursos no utilizados, en ellos se cometen actos de corrupción por montos millonarios…

En suma, señala el documento, “están fuera de control”, dice una investigación reciente (Proceso 11-10-20).

Por su calidad de autónomos, los fideicomisos creados por dichos gobiernos no tenían obligación de rendir cuentas ni al Poder Ejecutivo ni al Legislativo, así es que los directivos podían usar los recursos como se les pegara la gana.

Y si bien es cierto que de ahí salía dinero para apoyar ciertas actividades académicas, deportivas, de protección a periodistas, etc., también lo es que mucho de él se fugaba en privilegios para unos cuantos y desvíos hacia bolsas privadas.

Es explicable esto porque el manejo de recursos ajenos por administradores sin control constituye una franca invitación a apoderarse de, por lo menos, una parte de ellos. El mecanismo es propicio.

Gracias a la acción de este gobierno se han rescatado miles de millones de pesos que no están sirviendo como en sexenios anteriores para aumentarse sueldos y privilegios los funcionarios del mismo sino para sacar al país de las pésimas condiciones en que lo dejaron quienes hoy, a través de sus legisladores, sus articulistas, sus partidos, sus movimientos de casitas de campaña, etc., le exigen mantener los engendros que crearon para saquear al país.

Poner orden en las finanzas de éste no es de ningún modo atentar contra los intereses de la sociedad, sino por el contrario, favorecerlos. Estaría mal que desaparecieran los fideicomisos y con ellos el dinero destinado a las actividades con que se relacionan; pero éste no es el caso.

El pago a los científicos, a los investigadores, a los creadores y deportistas, etc., seguirá existiendo; pero será de forma directa mediante un mecanismo presupuestal que no pierda la visibilidad de los recursos, ha dicho varias veces Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

Y es que no se podrá abatir la corrupción si no se liquidan los mecanismos que aún si no hubieran sido creados ex profeso para practicarla o perpetuarla, se prestan para llevarla al cabo.

Si este gobierno no cumpliera, tendría entonces todo el derecho la sociedad de reclamarle; pero no cuando lo que está haciendo es cuidar que los recursos no se malversen y sirvan para lo que deben de servir, como ahora con la compra de la vacuna contra el Covid-19 en las dosis necesarias para casi la totalidad de sus habitantes, pese al alto costo que esto tiene, sin tener que endeudarse.

Es obvio que defender la permanencia de los fideicomisos es pretender que se perpetúe en nuestra sociedad la opacidad, propicia a la corrupción.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

 

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