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El matrimonio en Yucatán, fruto del consenso popular

Víctor Pinto Brito

Respeto a la soberanía del Estado

Víctor A. Pinto Brito (*)

Estamos en vísperas de que el Congreso del Estado discuta la iniciativa de ley del “matrimonio igualitario”. Por ello deseo hacer unas reflexiones al respecto para que los lectores del Diario tengan elementos suficientes para tomar una postura con base en argumentos racionales.

El matrimonio es una institución de la sociedad que es anterior al Estado. Esto significa que antes de que existiera una ley al respecto, los hombres y las mujeres ya se unían para formar una familia. Esto como un proceso natural a través del cual se produce la renovación de las generaciones. De no existir dicha unión entre un hombre y una mujer es evidente que la humanidad terminaría por extinguirse. Con el tiempo, surgió la necesidad del Estado de dar certeza jurídica a esta unión.

Esta necesidad parte del hecho mismo de que de la unión entre un hombre y una mujer se genera una familia, que es razón suficientemente válida para que dicho Estado tuviera la facultad necesaria para crear una ley. A este bien que se busca proteger se le conoce como “bien jurídico protegido”. Por ejemplo, todas las leyes que existen sobre el robo obedecen a la existencia de un bien que necesita ser protegido por el Estado y a favor de los individuos. En este caso, el bien jurídico que se protege es el de la propiedad privada. Y así como este caso, otro ejemplo sería el del secuestro, el bien protegido sería la liberad; en caso del asesinato, la vida del individuo, etcétera. No puede haber una ley que se promulgue por el solo deseo de satisfacer caprichos de grupo, necesariamente tiene que existir este bien para que al Estado le competa legislarlo.

Es por ello que en el caso del matrimonio es evidente que lo que se necesita proteger no son los sentimientos de dos personas que viven juntas, sino las consecuencias lógicas, aunque ellas sean potenciales, que de esta relación pudiera darse. El interés general por el cual el estado tiene la prerrogativa de crear una serie de leyes a favor de este matrimonio es la renovación de las generaciones que ocurre través de la unión de un hombre y una mujer.

La segunda reflexión es acerca de los derechos humanos ya que ha sido una constante la mención de que el matrimonio, como es un derecho humano, se le debe otorgar a todos.

En su definición tradicional los derechos humanos son aquellos que son inherentes a nuestra propia naturaleza, están impresos en nuestro ser, nadie nos los otorga, el derecho positivo solo los reconoce. En ese sentido hay que decir que el matrimonio no es un derecho humano. Es más ni siquiera el matrimonio heterosexual es un derecho humano. Es un absurdo jurídico decir que un derecho es origen de otros derechos. El matrimonio es una institución del Estado de la cual se desprende una serie de derechos y obligaciones para proteger la consecuencia lógica de su unión que es esa potencialidad que existe de formar una familia.

Las uniones entre personas del mismo sexo son diferentes a las heterosexuales. No son iguales ni física ni reproductivamente.

Mientras las uniones homosexuales son por naturaleza estériles, las de diferente sexo son potencialmente fecundas. Por ello decimos que son socialmente relevantes en la medida en que de ello depende la formación de una familia y con ello de la sociedad en su conjunto.

La tercera reflexión es acerca de la igualdad y no discriminación. No existe discriminación alguna cuando una persona no cumple los supuestos de la ley de acuerdo a su función. Es como pretender que un niño se base en la no discriminación para exigir que se le otorgue la licencia de conducir o un joven para pedir que se le otorgue la pensión que se le da a las personas de la tercera edad, etcétera.

Queda claro que las uniones del mismo sexo son realidades diferentes por propia naturaleza. La técnica jurídica que se utiliza para realidades diferentes es la creación de figuras jurídicas diferentes. Tenemos el ejemplo del concubinato en donde no existe un elemento esencial para que haya matrimonio que es el deseo o “animus” de contraerlo. Sin embargo, es evidente que acá también existe la potencialidad de generar una familia y con ello el interés del Estado de protegerla. A realidades diferentes, figuras jurídicas diferentes.

Por último, solo esperamos que los diputados tomen en cuenta que los términos actuales de cómo se define el matrimonio en la Constitución en nuestro Estado son fruto de la primera iniciativa ciudadana, en donde miles de yucatecos se pronunciaron a favor de que el matrimonio sea definido como la unión entre un hombre y una mujer. Cualquier criterio que se pretenda utilizar no debe soslayar el hecho que los estados son libres y soberanos.— Mérida, Yucatán.

vipibi@hotmail.com

Médico gineco-obstetra. Presidente del Frente Nacional por la Familia en Yucatán

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