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El nuevo pago por la seguridad estatal

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Un atentado a la ciudadanía

Rubén J. Bolio Pastrana (*)

En el Diario Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 31 de diciembre de 2019, se publicó el decreto que adicionó a la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, el comúnmente llamado impuesto a la seguridad, cuya denominación jurídica es: “derechos por la infraestructura tecnológica”, que nos impone la obligación de pago de cierta suma de dinero para el aprovechamiento de la tecnología destinada presuntamente a la protección que debemos gozar los habitantes de la entidad.

Son sujetos a pagar este gravamen, los propietarios o poseedores de predios ubicados en Yucatán, supuestamente para el mejoramiento de la tranquilidad de la colectividad, asignándose una cuota mensual de 3.44 UMA (Unidad de Medida y Actualización, equivalente ahora a $84.49 pesos diarios), de modo que la erogación sería mensualmente de $290.64. Dicha contribución estará vigente hasta el 31 de enero de 2020, pues a partir del 1 de febrero el valor de la Unidad será de $86.88.

Nuestro criterio — estrictamente jurisprudencial— es que esta reciente imposición contraviene la garantía consagrada en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, bajo la premisa de que las instituciones encargadas de proporcionarla, se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la propia constitución; es decir, la comunidad goza de esa prerrogativa que la misma legislación nos brinda, sin que para lograr acceso a ella, se nos apliquen tarifas que se convierten en una exigencia para recibir una asistencia que es deber de los gobernantes en beneficio de los gobernados.

Encargado

En ese contexto, tratándose de seguridad pública, no cabe aplicarle al ciudadano un arancel para que se le prodigue, toda vez que esencialmente le corresponde al Estado y no a los particulares, pues inclusive, se preceptúa que los fondos de ayuda federal a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines, de otra forma, ese desembolso implantado se asemeja a la cobertura por la seguridad privada que algunas empresas contratan para proteger sus comercios, negocios, tiendas o bancos, como se advierte en muchas partes de la ciudad.

Si bien es cierto que en la Carta Magna se contempla como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos de la federación, los estados y municipios, de la manera proporcional y equitativa que disponga las leyes, no es menos verdad que por lo que concierne a los derechos fiscales, la proporcionalidad estriba en que la cantidad que el causante sufrague debe estar en relación al costo del servicio que le preste el estado, que es el axioma de la legalidad tributaria y su fijación debidamente motivada y fundamentada, (artículo 16 de la Constitución), requisitos que a nuestro juicio carece la creación de esa nueva tasa, cuenta habida de que para la determinación de las cuotas correspondientes a ese concepto, tales exigencias se omitieron en la normatividad materia de este comentario, pues no hay explicación ni detalle alguno sobre ello.

Para recaudar la contribución, el estado está capacitado para celebrar convenios para incluirla en documentos que para tal efecto expidan determinados organismos, entre los cuales se encuentra la Comisión Federal de Electricidad, con la circunstancia de que los plazos de pago coincidan con el período que corresponda liquidar a éstos la prestación suministrada.

Recibos

Es muy notorio que las autoridades locales hayan solicitado con vehemencia a la CFE que en sus facturas que nos reparten, se contenga también la nueva carga fiscal, tal como se hace con la cobranza del derecho de alumbrado público (DAP), en provecho del municipio de Mérida, incorporada en esos comprobantes; sin embargo, esa captación municipal del DAP, por conducto de la CFE, fue declarada inconstitucional en una sentencia inatacable del 13 de febrero de 2008, pronunciada por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el sólido argumento de que los ayuntamientos, igual que el Congreso estatal, que aprueba sus leyes de hacienda y de ingresos, carecen de facultades para aplicar un cobro sobre el consumo de energía, ya que esa potestad es exclusiva del Congreso de la Unión, además de la falta de equidad en la tasación, (ver Diario de Yucatán del 3 de diciembre de 2008), en consecuencia, el actual cabildo meridano, desde el primero hasta el último de los concejales, se halla en total desacato a una ejecutoria del tribunal máximo del país al continuar llenando sus arcas con un capital que ilegalmente consigue, sin el menor respeto al Poder Judicial Federal, en una desobediencia al no cumplir con la resolución que le prohíbe la recolección de ese caudal, lo que equivale a una violación al amparo concedido, pues si el DAP no se obtiene se suspende el abastecimiento de la corriente eléctrica, con una arbitrariedad mayúscula.

Surge así la inquietud de que si el tributo instaurado como derecho a la seguridad se recogiera simultáneamente con la erogación bimestral enterada a la CFE, siendo el único recurso para combatirlo el juicio de amparo, si éste se otorgara, por la analogía del esquema del municipio de Mérida para conseguir el peculio a su favor, ya indicado ¿haría el gobierno del estado lo mismo que el gobierno municipal?— Mérida, Yucatán.

rbolionot56@hotmail.com

Abogado, notario público

En ese contexto, tratándose de seguridad pública, no cabe aplicarle al ciudadano un arancel para que se le prodigue

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