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El Pípila vota por El Pípila: magistrado atípico

Eduardo Huchim

Eduardo R. Huchim (*)

Con tono melodramático, dijo el magistrado:

—Yo amo a mi país, amo la institución en la cual trabajo, pero no estoy dispuesto a dejar dos hijos huérfanos… ustedes están buscando mártires y no servidores públicos…. Yo no estoy dispuesto, insisto, a acabar siendo el Pípila de la democracia, a acabar acribillado porque (a alguien) no le gustó mi resolución…

Era el jueves 23 de julio de 2020 y sesionaba la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), integrada por dos magistrados y tres consejeros de la Judicatura Federal. La Comisión conoció ese día un proyecto para adquirir 10 nuevas camionetas blindadas, con un precio de 27.5 millones de pesos, a lo cual se opusieron los consejeros del CJF Bernardo Bátiz, Loretta Ortiz y Jorge A. Cruz.

Bátiz explicó que el Consejo de la Judicatura asigna automotores de ese tipo en forma individual y no en grupo. De ahí la reacción del magistrado José Luis Vargas Valdez, pese a la cual el otorgamiento de las camionetas blindadas fue rechazado, si bien la solicitud fue presentada nuevamente el 29 de septiembre.

Vargas ha sido señalado por inconsistencias en su patrimonio. Notas periodísticas han informado que entre 2013 y 2017, el juzgador cuadruplicó sus ingresos; además, es el magistrado que más viajes ha realizado con cargo al erario. Entre vacaciones y comisiones nacionales e internacionales, durante 2019 estuvo fuera del TEPJF ¡casi 4 meses! (“Reforma”, 06/12/19).

En octubre de 2019, Vargas desmintió la información sobre sus ingresos y sostuvo que su estilo de vida y nivel de gasto corresponden al patrimonio de él y su esposa, “una mujer trabajadora, independiente y exitosa”.

Pues bien, ese singular personaje fue elegido el pasado 3 de noviembre presidente de la Sala Superior del TEPJF por la mínima diferencia de un voto, y ese voto fue el suyo propio. El Pípila votó por El Pípila, pues.

Los otros tres sufragios fueron emitidos por Mónica Soto y por los Felipes Fuentes y De la Mata. Los tres conforman, con Vargas, el grupo de cuatro juzgadores que dominan el TEPJF. En la minoría quedó el magistrado Reyes Rodríguez, quien aspiró a la presidencia apoyado por Janine Otálora e Indalfer Infante.

Entre las circunstancias atípicas que rodearon esa elección, está la especie divulgada en un par de columnas periodísticas acerca de investigaciones sobre la magistrada Soto y su padre y hermano, respecto de transacciones presuntamente irregulares con miles de hectáreas de tierras ejidales de Baja California Sur.

Fuentes de la UIF confirmaron que la investigación existe, pero no está concluida y es claro que, en todo caso, debe prevalecer la presunción de inocencia. Sin embargo, la filtración difundida a fines de octubre incidió en la elección del TEPJF y arruinó lo que parecía una inminente prolongación de la presidencia de Fuentes.

En lo jurisdiccional, Vargas ha planteado polémicos proyectos de sentencia, como el que proponía anular la elección de Puebla (que fue rechazado) y, en otro caso, validar la negativa del INE sobre el registro al partido México Libre, con un criterio riguroso que el TEPJF no aplicó a otras fuerzas políticas.

En este marco, resulta evidente la falta de idoneidad de Vargas para presidir la Sala Superior del TEPJF y aun para desempeñarse como magistrado. Ambas cosas, sin embargo, son realidades difíciles de remontar, por más que la falta de idoneidad no sea exclusiva de un juzgador, sino compartida por algunas de sus compañeros.

Ante un tribunal donde una cuarteta de magistrados impone su mayoría, a veces sin debate; ante la conducta de lo que he llamado magistrados-sastres que confeccionan proyectos en un sentido y, si no obtienen mayoría, preparan otros en sentido contrario; ante la aplicación de criterios distintos para casos semejantes; ante la confrontación personal e indeclinable y ante la falta de solidez jurídica de sentencias y criterios, que alimentan las versiones de tráfico de sentencias mediante despachos afines…

Ante ese cúmulo de conductas y situaciones anómalas, es obligado preguntarse si la última palabra en materia electoral debe continuar encomendada a un órgano que, si bien tiene a buenos juzgadores, la mayoría es cuestionable en términos jurídicos y éticos. Es una pregunta que deben hacerse, en particular, en el Senado y en la Suprema Corte.— Ciudad de México.

omnia08@gmail.com

@EduardoRHuchim

Periodista

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