in

El Poder Legislativo y la mujer

Estado (de) Derecho

Por Jorge Buenrostro Almanza (*)

 

 

 

En la última década, la actividad legislativa de Yucatán ha tenido un incremento sustancial. Este hecho obedece, entre otros motivos, a las adecuaciones normativas que tienen sustento en las reformas a la Constitución Federal del 18 de junio de 2008, que dio origen al nuevo sistema de justicia penal en el país, así como las publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, que dio origen a numerosas reformas al ámbito federal y local.

Esta dinámica del Poder Legislativo debe de llevarnos a analizar con mucho cuidado si los productos legislativos han mejorado la calidad de vida de los habitantes del estado y también cuestionarnos si la creación de leyes debe de ir acompañada de otros elementos, como, por ejemplo, el suficiente presupuesto para su implementación, una mayor vinculación con distintos sectores de la sociedad y mecanismos que permitan medir su efectividad.

Entre 2010 y 2019 en todas las entidades federativas del país y en el ámbito federal se adecuaron los códigos penales para tipificar el delito de feminicidio. ¿Cuáles han sido los resultados?

Antes de responder esa pregunta, es necesario analizar desde hace cuánto tiempo existe el delito de feminicidio dentro de las legislaciones penales y contrastarlo con la información sobre violencia contra las mujeres que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

En el Estado de México, desde el 18 de marzo de 2011 ya se consideraba la figura de feminicidio en el Código Penal de esa entidad, aunque como una modalidad del delito de homicidio y fue finalmente en el año 2014 cuando se tipificó formalmente como delito autónomo.

Jalisco ya lo incorporaba a su ordenamiento penal desde septiembre de 2012, Veracruz desde agosto de 2011, Ciudad de México desde 2011, y Chiapas y Oaxaca desde 2012.

Puebla en 2015, Sonora y Nuevo León desde 2013, en Chihuahua desde el Código Penal del 27 de diciembre de 2006 se consideraba en su artículo 126 como agravante del delito de homicidio y fue hasta el 28 de octubre de 2017 que se adicionó el feminicidio como delito autónomo mediante la adición del artículo 126 bis.

Finalmente, en Yucatán dicho delito fue adicionado el 11 de septiembre de 2011 en nuestro Código Penal mediante la adición del artículo 394 Quintus, ahora 394 Quinquies.

La estadística publicada por el Secretariado Ejecutivo antes descrito revela que del 1 de enero al 31 de julio de este año se registraron 561 feminicidios, encabezando la lista el Estado de México con 77, Jalisco 45, Veracruz 42, Ciudad de México, 35, Chiapas 31, Oaxaca, Puebla y Sonora con 27, Nuevo León 25, Chihuahua 24 y nuestro estado con 3.

Lo anterior resulta de gran interés, porque de acuerdo con los informes de la autoridad en materia de seguridad publica, en 2015 se registraron 412 feminicidios, en 2016 (606), 2017 (742), 2018 (894), 2019 (945) y en 2020 (946), lo que representa una incremento sostenido de este delito. Esto nos orilla a preguntarnos si las distintas autoridades del Estado deben de tomar otras acciones para frenar este delito y cuestionar cuál es el grado de responsabilidad de los legisladores frente a estos muy graves resultados en contra de las mujeres.

El mismo informe (enero-julio 2021) al que nos referimos en esta columna hace referencia a que de todos los delitos cometidos en contra de las mujeres el 58.72% se refiere a lesiones dolosas, lo que resulta alarmante.

En conclusión, la información estadística demuestra que el papel de los legisladores frente a la creación de normas debe comprender un análisis exhaustivo del problema que se quiere resolver, ya sea en su modalidad de sancionar, pero también de prevenir, porque de otra forma, tendremos muchas normas que no resuelven el problema de fondo, como es el caso de la violencia en contra de las mujeres.

¿Yucatán el más seguro? En materia de feminicidio, Yucatán se posiciona como el tercer estado con menor incidencia en el rango de fechas antes señalado, siendo superado por Nayarit.— Mérida, Yucatán.

nexus020@hotmail.com

Asesor Jurídico

 

Hay que sancionar y prevenir. De otra forma, tendremos muchas normas que no resuelven el problema de fondo, como es el caso de la violencia en contra de las mujeres

 

Síguenos en Google News, da clic AQUÍ .

Sin detenidos tras manifestación en Paseo de Montejo

Dulce María Sauri Riancho

Dulce María Sauri: Anacronismo presidencial