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El préstamo que solicita el alcalde

Filiberto Pinelo Sansores
Editorial de Filiberto Pinelo Sansores

Necesidades y compromisos de las autoridades

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Es incuestionable que todo préstamo que recibe cualquier gobierno, sea el que sea —nacional, estatal o municipal— tiene que devolverse y al hacerlo, hay que sumarle los intereses que cobra el prestamista.

Esto convierte el monto de lo que se tiene que devolver en el doble de lo que se recibe. Sin embargo, lo peor es que no son los gobernantes que solicitan los créditos quienes los devuelven, cosa que podría ser si se disminuyeran a sí mismos sus elevados sueldos y renunciaran a sus altos privilegios, sino que somos los ciudadanos, con nuestros impuestos, los que tenemos que pagarlos.

Hoy, el gobierno municipal de Mérida está solicitando uno de 400 millones de pesos que se sumarían a la cantidad millonaria que el Ayuntamiento debe a Banco Santander por el contrato de las lámparas chinas que —sin seguir caminos legales— el actual alcalde, Renán Barrera, en su anterior periodo, canceló de manera unilateral.

El 31 de octubre del año pasado, un juez federal, Felipe Consuelo Soto, sentenció al Ayuntamiento de Mérida a cubrir las rentas que dejó de pagar ($281 millones, aproximadamente), desde que, en una rabieta que le está costando caro a la ciudad, su alcalde canceló el contrato de arrendamiento que había suscrito su antecesora, Angélica Araujo con la empresa AB&C Leasing —que cedió sus derechos de cobro a Santander— y las mandó bajar. También lo condenó a saldar los correspondientes intereses moratorios que corren desde que dejó de pagar hasta que finalizó el contrato, en marzo de 2016. Rentas e intereses suman, hasta ahora, la cantidad de 630 millones de pesos (D. de Yuc., 05-01-20).

Si el Congreso aprobara su solicitud de préstamo, de un solo golpe la deuda del Ayuntamiento meridano se incrementaría hasta totalizar 1,030 millones de pesos, sin contar los intereses que, a partir de ahora, habría que sumarle a ese gran total que los meridanos, y no quienes están empeñados en endrogarlo tendrían que devolver. Eso sí, quienes dispondrían del dinero, se guardan de decir qué nuevos impuestos o derechos serán creados o, en su caso, incrementados, para devolver el dinero. En el caso, el más a la mano es el predial, que año con año sube aunque sea de manera disfrazada bajo el argumento de que no aumenta sino se “ajusta”.

Y si a esto se agrega el cobro de los que el gobierno estatal, encabezado por Vila, acostumbra a propinar en sus presupuestos anuales a los yucatecos en general, tendremos el panorama completo de la tremenda losa que caerá sobre los meridanos, si aquello ocurre.

Según la solicitud, el préstamo habrá de devolverse, “máximo, en 15 años”, tiempo suficiente para que el monto actual se multiplique por dos o por tres, como ha sucedido con otros créditos que autoridades yucatecas han contraído, y sería garantizado con la “afectación de futuras participaciones del Ayuntamiento”. Esto significa que la carga de la devolución pesaría sobre 5 administraciones municipales consecutivas y que obras y servicios que tendrían que ser cubiertas con los recursos provenientes de las participaciones, no se harían o quedarían sujetas a la obtención de nuevos préstamos o al aumento de impuestos y derechos para poder hacerlas.

Barrera dijo en su alocución ante el Cabildo para que le aprobara la solicitud del préstamo al Congreso que “la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe” prevé “la peor contracción económica de estos últimos dos siglos, la reducción del comercio internacional, caída de precios primarios, menor demanda de servicios turísticos y reducción de remesas y que las ciudades y los gobiernos deben tomar medidas responsables para mitigar estos desórdenes que provocará la pandemia” (D. de Yuc., 25-04-20).

Sin embargo, no tiene nada de responsable el contraer una deuda que obligará a sacar más recursos de los bolsillos de quienes tendrán que liquidarlas, que son los meridanos, en lugar de practicar medidas de austeridad que, por cierto, no se llevan bien con su permanente y costosa campaña para ocupar otro cargo o el mismo que detenta, en el cada vez más cercano proceso electoral del año entrante.

En vez de pagar tanta publicidad para salir en fotos todos los días en los medios, compitiendo con su cofrade del Palacio cercano, a quien también le gusta el figurado, debería dedicar un poco de su tiempo a crear y aplicar un plan de reingeniería financiera y presupuestal al aparato de su gobierno para suprimir cargos innecesarios, recortar puestos, reducir sueldos y cancelar privilegios, como alternativa para no endrogar a los ciudadanos.

Los gobiernos deben acostumbrarse a no contraer deudas, porque, hasta hoy, éstas se han destinado, por lo menos, en buena parte, al latrocinio, el despilfarro o a satisfacer el interés de unos cuantos amigos del gobernante en turno, como se vio con los apoyos, con recursos del erario que otorgó a varios de los suyos el gobernador Mauricio Vila.

La deuda de los mexicanos por cuanto se refiere al gobierno federal llegaba, al 30 de abril de este año, a 12 billones 361 mil 500 milllones pesos, que es el 42.8 por ciento del PIB nacional, lo que obliga a que se desembolsen sólo para pagar intereses entre 600 mil y 700 mil millones de pesos cada año, que se distraen de la atención a necesidades importantes, sobre todo en momentos de crisis provocados por fenómenos como la pandemia ocasionada por el Covid 19. Si a eso agregamos los endeudamientos de gobiernos estatales y municipales del país que con singular alegría contratan préstamos que, la experiencia muestra, terminan en campañas electorales, la compra de propiedades o las bolsas de quienes los administran tendremos el panorama completo del México burlado.

Es inútil que se quiera endulzar los oídos de los ciudadanos con la propaganda machacona de que “ahora sí, se destinarán los préstamos a obras necesarias y de que ni se darán cuenta aquéllos que están devolviendo el préstamo”. Si se sale con la suya, en enero comenzaremos a sentir los rigores del castigo.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

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