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Empieza el combate

Lucha federal contra la corrupción

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Paulatinamente van cayendo los peces gordos que, aprovechándose de sus cargos en el gobierno federal, durante largos años saquearon a la nación. No eran sólo ex servidores públicos, sino sus abogados, líderes sindicales, empresarios y hasta familiares de los funcionarios, quienes integraban las redes de corrupción mediante las que se robaban buena parte del dinero de nuestros impuestos. No tenían miedo porque creían que el sistema al que pertenecían sería eterno y que, por tanto, serían para siempre impunes.

Pero el destino los alcanzó. Y es así como, en la medida que la Fiscalía General de la República concluye investigaciones sobre funcionarios o sus cómplices —en el pasado, intocables— acusados de corrupción, sus casos son consignados ante el Poder Judicial Federal para que si el juez de la causa así lo considera gire de inmediato la orden de presentación o de aprehensión, según corresponda, para detenerlos.

Este es uno de los innegables méritos de éste gobierno. Estar cumpliendo uno de los compromisos que contrajo ante el pueblo de México: el combate a la corrupción.

En los 11 meses que lleva se han iniciado procesos de investigación contra personajes de la política, la judicatura, la empresa privada o la abogacía que, en algunos casos, han culminado en sus detenciones y encarcelamientos; en otros, todavía no, porque están prófugos, hay jueces que los amparan, o el proceso que se les sigue no culmina, pero indudablemente hay un afán de castigar a estos delincuentes de cuello blanco, que se embolsaron miles de millones de pesos pertenecientes a los mexicanos.

Hermosean la lista Rosario Robles, Emilio Lozoya, altos militares cómplices de que en Pemex se robaran diario 800 pipas de gasolina; Alonso Ancira, que desde sus empresas realizaba jugosos negocios con Lozoya en detrimentos de las finanzas públicas; el abogado de élites Juan Collado, que guardaba en paraísos fiscales el producto de los hurtos; el magistrado de la Suprema Corte Medina Mora, que renunció al cargo porque le encontraron en sus cuentas millonarias sumas que se movían de un país a otro; el sempiterno líder del Sindicato Petrolero Romero Deschamps; Karime, la esposa de uno de los Duarte y otros más que semana a semana de van sumando a aquélla. Faltan muchos, pero esto apenas comienza.

Es un combate duro contra este tipo de delincuencia porque durante las decenas de años que estas mafias gobernaron el país, crearon las condiciones y tejieron las telarañas políticas y legales para protegerse, mientras simulaban ser decentes. Es el colmo del cinismo que hoy, desde la oposición, le exijan al nuevo gobierno que supere en unos cuantos meses el estado de descomposición que le heredaron, en todos los ámbitos de la vida nacional: seguridad, justicia, desarrollo económico, educación, desigualdad, miseria, etc.

Ahora mismo aprovechándose de acontecimientos delictivos de alto impacto, como los ocurridos en Culiacán o en la frontera Chihuahua- Sonora, en que fueron asesinados por sicarios del tráfico de drogas miembros de una familia, los mismos que durante décadas permitieron el crecimiento exponencial del crimen en todo el país, entre otras cosas, por la enorme corrupción que engendraron gritan, desaforadamente —junto con sus voceros— porque en tan poco tiempo, López Obrador no ha parado las masacres de las bandas del crimen organizado, que son fruto de sus desgobiernos.

Cuando tenían el poder estaban tan seguros de su impunidad que no tenían empacho en involucrar a sus supuestamente seres más queridos —obviamente con la anuencia de éstos— para usarlos de prestanombres o pivotes para el lavado del dinero que se robaban. En el afán de embolsarse billetes dejaban de medir el alcance de sus actos. Así era la mentalidad de los políticos del viejo régimen, con raras excepciones. El dinero era lo que los movía.

Un ejemplo: El pasado fin de semana fue presentada ante un juez federal en el Reclusorio Norte de la ciudad de México, la señora Gilda Margarita Austin, madre de Lozoya, trasladada ahí luego de ser entregada por policías alemanes a las autoridades mexicanas para comparecer por las acusaciones de presunta comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, en relación con los delitos cometidos por su hijo.

Gilda Margarita, mujer de 71 años, que había sido detenida en agosto cuando vacacionaba con sus nietos en Alemania y arribó este sábado en la madrugada, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en un vuelo comercial, fue trasladada al Reclusorio Norte, lugar donde sería hospedada, por cortesía de su hijo, actualmente, prófugo, de no ser por su edad y su condición de mujer, que obligó al juez de la causa a decretarle prisión domiciliaria.

Otra mujer de la familia, Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, está a salto de mata, porque ya hay orden de aprehensión contra ella, acusada de delitos parecidos a los de que se acusa a su mamá.

De qué tamaño puede ser la ambición un político del tipo de los que durante décadas sentaron sus reales en el país, que es capaz de exponer a su propia madre y a otros familiares cercanos en las fechorías que cometía. Esto habla de la poca calidad moral de quienes nos gobernaron y por qué están desesperados ante los avances del brazo de la justicia. Temen que los alcance.

En el nivel federal se está combatiendo la corrupción no sólo del pasado sino del presente. Se está a la espera de acusaciones a servidores públicos del gobierno actual de estar desviando recursos del presupuesto. No ha habido ninguna. Todas las acusaciones se refieren a acciones del pasado. En éste, acusaciones fundamentadas iban y venían y todas se archivaban. La PGR servía sólo para perseguir a los enemigos del régimen, como le ocurrió a López Obrador cuando lo desaforaron o a quienes de los suyos caían en desgracia, como le sucedió a Anaya, el candidato del PAN.

Los anteriores son hechos irrefutables. Sería deseable que lo que actualmente ocurre en el nivel federal también sucediera en el de los estados —entre otros, el nuestro— para reducir, si no acabar, con un cáncer que agobia al país.— Mérida, Yucatán

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

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