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Entre más energía

Más negocios y más bienestar

Gabriel Alejandro Rodríguez Cedillo (*)

Al parecer en el México post-pandémico (o dentro de la pandemia aún) no se ha dejado de lado la misma estructura de pensamiento y discusión que se vierte en la cosa pública.

La propuesta de reforma o contrarreforma del sector eléctrico la ha acentuado nuevamente. Las imágenes que vemos en la discusión pública son de portavoces de diferentes organizaciones que tienen algo en común, sus posturas y argumentos son de la década de los 90, es decir, plantean el falso dilema de lo público vs lo privado. Siempre privilegiando lo segundo.

Para poner el tema en contexto, el sector eléctrico en México ha tenido reformas sustanciales desde finales del siglo XIX hasta finales del XX (1992). En total han sido cuatro reformas que han oscilado entre la preponderancia del Estado y el mercado, en algunas reformas los dos han trabajado conjuntamente.

Todas han arrojado resultados diferentes, pero el principal logro en conjunto de las cuatro ha sido la mayor cobertura y el aumento de la inversión en tecnología.

De este último punto se obtiene la producción de energía por medio del ciclo combinado, la cual es energía limpia. En cuanto a la composición del sector, la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (1992) la configuró en: estructura (se desintegró una parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), abriendo la generación de la energía a los privados), organización (se reestructuró el mando corporativo para atender a los diferentes procesos de generación de energía) y distribución geográfica del sector eléctrico (determinadas empresas privadas proveen de energía a la CFE en diferentes regiones del país).

No obstante, estos cambios no han resultado en una mejora de bienestar para los consumidores a través tarifas más bajas y una cobertura más amplia, aun con la reforma de 2013. La razón radica en que la reforma de 1992 designó a la empresa pública (EP) como comprador único de energía del sector privado, y la de 2013 estipula que la transmisión y distribución de la energía la sigue manejando la EP. Las dos reformas sostienen que la CFE es la única empresa a la que pueden venderle energía los privados, y además es la única que puede distribuirla, convirtiéndola en monopolio en la fase de generación.

Esta estructura de mercado postula que el comprador es el único en el mercado, por lo que puede fijar el precio al que compra el producto o servicio, y las empresas vendedoras, al estar en un mercado competitivo, tenderían a bajar sus precios para vender. Aplicado esto a la industria eléctrica y de acuerdo con lo que la Ley le obliga, los precios a los que compra la energía deben ser bajos, y esto se debe traducir en un precio bajo de energía para el consumidor final.

Ante esto, no hay duda de que las empresas privadas que generan energía la producen con costos bajos, es decir, son eficientes, y más aún, si son transnacionales; pero al parecer este mercado de generación de energía privado no está funcionando para EP.

La razón se sustenta por la forma en que se gestó este mercado, sin cláusulas antimonopolio. Tomando como referencia una empresa: Iberdrola, empresa española de generación de energía, ésta opera 8 centrales, siendo la dominante en este segmento, lo que la lleva a comportamientos monopólicos junto con otros productores independientes de energía (PIE), creando carteles de generación de electricidad, es decir, que las empresas se ponen de acuerdo para fijar un precio de venta de la energía a la CFE normalmente alto, entonces su rentabilidad está protegida por ley. Sumado a lo anterior, en su momento, para fortalecer aún más su rentabilidad, el gobierno les proporcionó a los privados terrenos, la construcción de infraestructura física y eléctrica para integrarse a la red eléctrica sin ningún costo.

Respecto a la EP, la percepción que se tiene de la CFE, de ser una empresa anquilosada, contaminante en ciertos grado e ineficiente en determinados procesos, no se debe perder de vista que también contribuye al sistema económico a través del manejo de las tarifas eléctricas que pueden servir para distribuir el ingreso, la asignación de tarifas preferentes para el desarrollo de sectores estratégicos que aumente la competitividad del país y regula la inflación controlando (subsidiando las tarifas) los precios, variable muy importante de la salud macroeconómica del país, entre otros.

Por lo anterior, lo que hace falta para un buen desarrollo del sector de energía eléctrica en nuestro país son mecanismos institucionales de regulación bien diseñados y enfocados: como una ley antimonopolio y una ley de transparencia específicamente para las EP, que potencialicen la provisión de más energía y limpia, que las empresas expandan sus negocios y los consumidores de electricidad aumenten su bienestar.

Corolario:

En México debemos cambiar la idea de que lo público es malo e ineficiente. Lo que se busca es tener una empresa pública de la que nos podamos sentir orgullosos, acompañada de un mercado eléctrico amplio, fuerte, competitivo e innovador. Una muestra de la gran contribución económica que puede hacer la empresa pública al sistema productivo podría ser que los empleados de la CFE empiecen a pagar la luz que consumen; esto brindaría un mensaje de eficiencia económica y podría abonar a sus ingresos para invertir en energías limpias.— Mérida, Yucatán.

Economista. Doctor en Gobierno. Catedrático de la Facultad de Economía de la Uady

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