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Homún y derechos ambientales

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Los cenotes deben tener derechos. Sobre esto escribí, al menos en parte, el lunes pasado en esta columna. Tres sucesos de la semana recién concluida —además de la relevancia del tema y la escasa discusión sobre el mismo— me hacen volver al asunto el día de hoy. Los sucesos son:

1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal sobre la materia en la región y uno de los órganos que ha formulado interpretaciones de avanzada sobre derechos humanos en el mundo, publicó hace unos días su Opinión consultiva 23-17 sobre “Medio ambiente y derechos humanos”.

2. El pasado 6 de febrero, el portal “Animal Político” publicó un reportaje de obligada lectura, elaborado por Andrea Vega, que tiene por título “Autorizan con irregularidades granja de 49 mil cerdos en reserva de cenotes en Yucatán”. El reportaje ha dado de qué hablar: otros medios de comunicación de diversas latitudes han retomado no solo los problemas que enfrentan los habitantes de Homún ante el peligro de que los cenotes de la región sean contaminados —y que eso afecte los 400 empleos que ha generado el turismo ecológico en la región—. Los medios han comenzado a colocar el problema de la contaminación ambiental en Yucatán sobre la mesa. Lo que me lleva al tercer punto.

3. Ayer, en este mismo espacio editorial, el maestro Antonio Salgado Borge invitó a hablar sobre el agua, caracterizando el problema como “una crisis silenciosa (que) se ha venido gestando bajo nuestros pies”. Heces y pesticidas, entre otros desechos, están contaminando las aguas de Yucatán y vulnerando nuestros derechos. Salgado ve en el proceso electoral de este año una ventana de oportunidad para hablar y discutir sobre el agua. Es indudable que las autoridades —y desde luego todos los ciudadanos— deben tomarse en serio este asunto. Como veremos enseguida, están obligados.

Así que hay mucho que hablar sobre el agua, el medio ambiente y nuestros derechos, por lo que voy por partes. Comienzo con la Opinión consultiva de la Corte Interamericana.

Valga una advertencia. Creo que tiene mucha razón el jurista colombiano César Rodríguez Garavito, director de la organización DeJusticia, cuando denuncia que el lenguaje jurídico técnico sobre los derechos humanos, lleno de palabras como “tratados”, “opinión consultiva”, “carácter vinculante”, “control de convencionalidad”, “justiciabilidad”, puede levantar un muro que separe a los especialistas de las víctimas de las violaciones de derechos humanos y otros temas. El lenguaje jurídico técnico puede ser bien intencionado, y ciertamente es necesario en ciertos ámbitos como las universidades y los tribunales, pero puede resultar insensible e incrementar distancias, nos advierte Rodríguez Garavito.

Entonces, con Rodríguez Garavito podemos recordar que los derechos humanos, más que una serie de tratados y normas constitucionales, son reivindicaciones morales sobre el valor intrínseco de cada ser humano, de todo lo que necesita para vivir una vida digna (“Reimagining Human Rights”, 2017).

En este orden de ideas, ¿cuál es la importancia de la Opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana? Según este tribunal, “por primera vez la Corte Interamericana desarrolló el contenido del derecho al medio ambiente sano”, del mismo modo que reconoció “la relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”.

Así, de acuerdo con la Opinión consultiva de la Corte, los Estados tienen la obligación de prevenir los daños ambientales significativos y actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente. Dicho en otras palabras: si no hay certeza si una granja de casi 50 mil cerdos generará daño significativo al medio ambiente, más vale prevenir que lamentar.

Desde luego, la opinión consultiva ha tenido eco en Yucatán, al menos entre generaciones jóvenes de abogados formados en derechos humanos y en el sistema interamericano de derechos humanos. El día que fue publicada la Opinión, Ángeles Cruz, secretaria ejecutiva del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Uady, tuiteó:

“En el marco de la autorización de la granja porcícola en Homún se debería reconocer a los cenotes como intereses jurídicos propios de acuerdo a la OC 23 de la Corte IDH”.

Juan Góngora, joven abogado especializado en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) y en el sistema interamericano, subraya que, por primera vez, gracias a la Opinión consultiva de la Corte, ahora se puede acudir a una instancia internacional para exigir el derecho al medio ambiente sano.

Justo la semana pasada, Santiago Corcuera, académico de la Universidad Iberoamericana especializado en derechos humanos, escribió con razón sobre el hecho de que la “intensa vigilancia internacional” sobre los derechos humanos en México ha estado concentrada en problemas —muy graves— como las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o la tortura. En cambio, los Desca no han recibido la atención que merecen (“México ante el Comité de Derechos Sociales”, “El Universal”, 10-2-18).

Es en ese contexto que Juan Góngora destaca el problema de que, si bien en México los Desca son reconocidos —recordemos que nuestra Constitución reconoce en su artículo 4 el derecho a un medio ambiente sano—, la gran mayoría de los juzgadores no los considera justiciables (es decir, que no se pueden exigir su cumplimiento a través de algún instrumento jurídico), o bien, simplemente no se cumplen.

Hasta antes de la publicación de la Opinión consultiva, no se podía acudir a instancias interamericanas —la Comisión y la Corte— para reclamar la violación al derecho a un medio ambiente sano.

Vivimos ante un desastre ambiental frente al cual, como reportó “The New York Times” hace unos días, muchas parejas ya están considerando no tener hijos debido al cambio climático (“NYT”, 9-2-18). ¿Qué futuro le espera a las generaciones venideras en Yucatán?, ¿un estado deforestado, seco, árido, aún más caluroso, con aguas escasas, apestadas y peligrosas por excrementos y pesticidas?

Frente a este apocalíptico panorama, hay que destacar la importancia de que, como advierte Rodríguez Garavito, “el sistema internacional de los derechos humanos esté acercándose cada vez más al reconocimiento de un derecho al medio ambiente sano” (“Por un medio ambiente sano que promueva los derechos humanos en el Sur Global”, 2017). La Opinión consultiva de la Corte Interamericana es una valiosa contribución a esa tendencia y, como han argumentado Ángeles Cruz y Carlos Luis Escoffié, las opiniones consultivas de dicho tribunal, contrario a lo que piensan muchos abogados, sí son vinculantes u obligatorias para todos los países que han aceptado la jurisdicción de la Corte, como México (“¿Es vinculante la opinión consultiva 24/17, sobre derechos LGBTI, de la Corte Interamericana?”, “Nexos”, 23-1-18). En resumen: la Opinión consultiva reconoce por primera vez el derecho a un medio ambiente sano, obliga a los países a proteger ese derecho y abre un espacio internacional para exigir su protección.

El artículo 4 de nuestra Constitución, declaraciones internacionales como las de Estocolmo y de Río de Janeiro, la Opinión consultiva de la Corte o los informes del Relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, son instrumentos que los ciudadanos podemos y debemos invocar para exigir que las autoridades cumplan con su obligación en materia de protección del derecho a un medio ambiente sano y, con él, de una vida digna para todos los seres de este planeta. Incluyendo, sí, los cenotes.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

@RodLlanes

Investigador del Cephcis-UNAM

 

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