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Inseguridad jurídica

El despojo del patrimonio

Carlos García Ponce (*)

El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia —Voltaire

El estado de Yucatán se caracteriza por ser uno de los más seguros para vivir en el país. Lo anterior da un giro de 180 grados con respecto a la seguridad patrimonial. Se ha vuelto común y hasta normal ver a diario una nueva noticia en la cual una persona que trabajó durante toda su vida para construir el patrimonio de su familia se encuentra con la sorprendente noticia de que todo lo suyo le “pertenece ahora a otra persona”.

Y sorprendentemente, despojar el patrimonio de una familia es mucho más sencillo de lo que podría parecer. Basta con que una persona redacte un simple documento privado en el cual se mencione que adquirió el predio de otra persona varias décadas atrás y que un notario público lo protocolice para que una familia se quede sin nada de los frutos de su esfuerzo y dedicación.

Lo grave del asunto es que este delito es “legal”, e incluso protegido por la legislación local. Tanto la legislación en materia notarial como en materia registral permiten que cualquier persona que presente un documento privado con más de 30 años de antigüedad se apodere sin más dificultades del predio de una familia.

Pero lo peor del caso es que las autoridades, violando gravemente el derecho al acceso de la justicia, protegen a los responsables, e impiden que las víctimas sean reparadas de tanto daño. Ahora bien, esta organización tiene nombre y apellido. Está operada por un selecto grupo de notarios públicos, servidores del Instituto de Seguridad Jurídica (que ironía, ¿no?), abogados, empresarios sin escrúpulos y varios prestanombres.

El modus operandi de esta organización delictiva es muy claro y frecuente. Primero, los responsables redactan un documento privado, fechado con más de 10 años de antigüedad, y simulan una compraventa a favor de un testaferro. Después, dicho documento es protocolizado por un notario público, para después ser presentado a un amparo.

En dicho amparo el despojador señala que es el legítimo propietario y solicita la Justicia de la Unión que lo ampare y proteja para efectos que le “regresen un predio que siempre fue suyo”.

Posteriormente, al detentar fe pública, cualquier documento firmado por un notario, los jueces de Distrito se ven obligados a amparar a los despojadores, toda vez que la legislación local le otorga validez de pleno derecho a los mencionados documentos.

Una vez que el juez de Distrito les otorga la propiedad del inmueble, proceden inmediatamente a realizar una larga serie de enajenaciones sobre el mismo inmueble, a fin de que dicho predio quede protegido por un tercero “de buena fe”. Lo más impactante del caso que nos ocupa es que dos de los tres Poderes se ven involucrados en esta amplia organización delictiva. Primero, tenemos al Congreso presentando iniciativas para legislar “el uso de teléfonos celulares entre los maestros”, en vez de legislar en un tema tan importante para la comunidad yucateca, como lo es la seguridad patrimonial.

Luego tenemos al Poder Ejecutivo encargándose de proteger a sus notarios públicos, blindándolos de toda responsabilidad. ¿O acaso han visto a algún notario ser juzgado penalmente por todos los fraudes que realizan?

Siguiendo con el Poder Ejecutivo, tenemos al Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Este Instituto se encarga de todo menos de otorgar certeza jurídica a los yucatecos. Vemos inclusive cómo funcionarios del Insejupy aceptan remuneraciones económicas a cambio de inscribir una compraventa que no cumple los requisitos legales, o modificar un asiento registral en perjuicio de un tercero.

Y una vez que son detectados tales actos de corrupción, en vez de corregir las ilegalidades para generar certeza jurídica, únicamente son cambiados de departamento los empleados responsables.

Es tal el grado de inseguridad jurídica que le genera este sistema de corrupción al ciudadano, que se ve en la imperiosa necesidad de estar monitoreando todos los días las propiedades que tengan, ya que es muy probable en este estado que el día de mañana aparezca a nombre otra persona.

Nuestro estado celebra (y con toda razón) y se siente orgulloso de ser un estado con un muy bajo índice de secuestros, homicidios dolosos, etcétera. Pero ¿igualmente nos deberíamos de sentir orgullosos con la inseguridad jurídica a la que estamos expuestos a diario?— Mérida, Yucatán.

Coordinador Ejecutivo de la Fundación Macay

 

 

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