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Juan Felipe Alonzo Solís: Precarización del empleo

Neoliberalismo y futuro del Estado del Bienestar en México

La pandemia del Covid-19 ha venido a recordarnos a los mexicanos, de manera contundente, uno de los mayores problemas públicos a que nos enfrentamos: la precariedad del trabajo.

Según datos del Inegi, al primer trimestre de 2019 el 57% de la población ocupada en México, es decir 30.8 millones de personas, trabajaba en el sector informal.

Al detenerse la economía por la emergencia sanitaria, esas personas se encontraron de lleno con el problema de carecer de toda protección social, como seguro de desempleo u otros programas cuyo objetivo es proteger a las familias de una súbita disminución de sus ingresos por pérdida de empleo.

Más aún, la mayoría de los trabajadores en México no solo carecen de un seguro de desempleo, sino que en general no cuentan con un sistema de protección social que les permita, gracias a su trabajo, tener acceso a bienes que contribuyan al bienestar de sus familias.

Según cifras del Inegi del mismo periodo, de los 54 millones de trabajadores del país solo 20 millones tienen acceso a instituciones de salud como una prestación de su trabajo. Otras prestaciones habitualmente ligadas al trabajo, como apoyo a la vivienda social, también quedan fuera del horizonte del trabajo informal.

El problema de la precariedad del trabajo en México no es exclusivo del sector informal, ya que también se extiende al trabajo formal. En los últimos cuarenta años el poder adquisitivo del salario real ha disminuido notablemente y los salarios mínimos han perdido cerca de 75% de su valor dese 1976.

Nuevamente con información del Inegi, al primer trimestre de 2020 el 73.9% de los ocupados en México tenía ingresos inferiores a tres salarios mínimos, insuficientes para cubrir el costo de la canasta alimentaria y no alimentaria para una familia de cuatro personas.

Según Coneval, al primer trimestre de 2020 el 35.7% de la población tenía un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria del propio trabajador, sin considerar a su familia.

En resumen, el salario en México no permite a la mayoría de los trabajadores sufragar el costo de los bienes mínimos considerados básicos para el bienestar de sus familias, como salud, alimentación y vivienda digna. Asombrosamente, a un gran porcentaje no le alcanza ni siquiera para comprar la canasta básica alimentaria. Sin un sistema de protección social al trabajo en México, los bajos salarios simplemente no les permiten alcanzar los mínimos del bienestar. ¿Cómo hemos llegado a esta situación en México? ¿Qué fue del Estado de Bienestar en nuestro país?

Al término de la II Guerra Mundial, los países triunfadores se dividen al mundo, imponiendo en cada una su ideología y su modo de producción. De un lado, el modo de producción capitalista, cuyo rasgo principal es la mercantilización de la fuerza del trabajo y, del otro, el comunista, que postulaba, en teoría, el fin de la explotación de la clase obrera.

Durante los siguientes 30 años, en el periodo conocido como la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrascaron en una carrera por la supremacía ideológica y militar que implicó para la humanidad, entre otras cosas, una lucha entre ambas potencias por demostrar cuál modo de producción (capitalista o comunista) generaba mayor bienestar a su población, una variable clave que, desde la perspectiva del desarrollo, habría de evidenciar su supremacía.

Un efecto de lo anterior fue la aplicación en los países con modo de producción capitalista, entre ellos México, del llamado Estado de Bienestar, que básicamente consistía en diseñar y establecer políticas públicas e instituciones que protegieran a la clase trabajadora con la atención a determinadas necesidades materiales ligadas al bienestar de sus familias: salario mínimo digno, jornada laboral de ocho horas con pago de horas extras, acceso a los servicios de salud, vivienda, seguro de desempleo, jubilación asegurada, entre otras políticas públicas e instituciones que conformaron dicho Estado de Bienestar.

En México, el Estado del Bienestar comenzó a materializarse desde los años 40 del siglo pasado. En 1940 se crea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuya estructura y organización, como hasta hoy se menciona en su página web oficial, atenderían las demandas sociales de los trabajadores y su evolución, así como al desarrollo del movimiento obrero nacional.

En 1943 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyo objetivo central, también descrito en su página oficial, sería garantizar el acceso integral de los trabajadores al desarrollo con la atención a la salud, la jubilación asegurada y varias otras prestaciones sociales. En años posteriores, sobre todo en la primera mitad de la década de los 70, cuando el Estado de Bienestar alcanzó su máxima expresión en el país, se crean nuevas instituciones para servir a los intereses de la clase trabajadora, como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit) y el Instituto del fondo nacional para el consumo de los trabajadores (Fonacot).

La década de los 80 del siglo pasado representó un punto de inflexión en el Estado de bienestar en el mundo. En esa década comenzó su debilitamiento, originado por diversos factores económicos, políticos y sociales. Las sucesivas crisis en el mercado petrolero mundial ocurridas durante los años 70 elevaron el precio del petróleo a niveles sin precedente, afectando la tasa de ganancia del capital. La respuesta de los grandes capitales fue promover la disminución del costo del trabajo. El Estado de Bienestar había incrementado los costos laborales al asegurar a los trabajadores una serie de prestaciones ligadas a su bienestar.

Por otro lado, la caída del sistema comunista a finales de la década de los 80 puso fin a la carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética por demostrar cuál modo de producción era superior. El modo de producción capitalista “triunfaba” y parecía ser el único camino para el desarrollo de los países atrasados: acelerar su proceso de desarrollo significaba, entonces, profundizar el capitalismo, pero ya no el capitalismo de la posguerra con su Estado de Bienestar, sino el capitalismo en su versión neoliberal, que se había consolidado también en los 80.

En los mercados laborales el cambio se conoció como “flexibilización” del trabajo. Tuvo lugar un conjunto de cambios institucionales en el mercado del trabajo que, entre otras cosas, buscaban disminuir los costos laborales a las empresas para incrementar la tasa de ganancia del capital.

El cambio implicó transferir a cada trabajador el costo de su bienestar y el de su familia. Bajo el nuevo modelo un salario “suficiente” debía ser la solución, al permitir a cada trabajador pagar sus servicios de salud, seguridad social, vivienda y otros satisfactores antes asociados al Estado de Bienestar.

En el caso de México, sin embargo, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios acumulado durante los últimos 40 años, precisamente el periodo neoliberal, condujo a la precarización del trabajo en todo el territorio nacional.

Hoy día, como revelan las cifras del Inegi y el Coneval, la mayoría de la clase trabajadora no percibe un salario suficiente para adquirir los satisfactores básicos para su bienestar y el de sus familias.

La pandemia actual ha mostrado crudamente a la sociedad mexicana las implicaciones de la precariedad del trabajo. Es momento, como sociedad, de ver al futuro y reconocer que la seguridad económica de la clase trabajadora es un objetivo olvidado en el modelo de desarrollo mexicano, y que millones de familias han sido excluidas del bienestar con el actual modo de producción.

Es preciso volver a pensar en el Estado de Bienestar, como necesaria respuesta para incluir a los hoy excluidos, que son la mayoría. Sin ninguna duda, el Estado de Bienestar conlleva elevados costos fiscales, pero son costos que debemos asumir si queremos convertirnos en una sociedad pacífica, próspera, políticamente estable y, sobre todo, solidaria, comprometida con el bienestar de todos y no solo el de algunos.— Mérida, Yucatán.

asolis@correo.uady.mx

Doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, coordinador de Posgrado e Investigación de la Facultad de Economía de la Uady

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