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La educación superior

Tiempos de cambio

FREDDY ESPADAS SOSA (*)

Desde hace algún tiempo, la Secretaría de Educación Pública y los principales actores involucrados han trabajado intensamente en la formulación de una nueva Ley General de Educación Superior, la cual, de aprobarse en las próximas semanas por el Poder Legislativo Federal, abrogaría la obsoleta norma vigente desde el 29 de diciembre de 1978 (Ley para la Coordinación de la Educación Superior).

Como antecedentes relevantes de este vital tema, hay que recordar que desde su inicio el gobierno de la 4T se propuso cumplir el compromiso asumido con la sociedad en el ámbito de la educación pública, consistente en abrogar la llamada reforma educativa impuesta durante el régimen de Enrique Peña Nieto.

Es así que la política educativa nacional comenzó a dar un giro sustancial a partir del 15 de mayo de 2019, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación un conjunto de reformas y adiciones a los artículos Tercero, 31 y 73 de la Carta Magna.

En estos cambios se estableció, entre otras cosas, lo siguiente:

1) Se garantiza la obligatoriedad y la gratuidad de la educación que imparte el Estado (incluida la educación superior), así como su carácter universal, inclusivo y laico.

2) La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva.

3) El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.

4) Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y se reconoce su contribución a la transformación social.

5) Se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente (que tanto afectó los derechos y la estabilidad emocional del magisterio nacional).

6) Se crean el Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras de México, así como el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (estos Sistemas fueron plenamente reglamentados en sendos decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019).

Para los fines de esta colaboración, debo destacar que la Fracción X del reformado Artículo Tercero constitucional prescribe lo siguiente:

“La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad…y proporcionará los medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas”.

Asimismo, el Artículo Sexto Transitorio del citado decreto del 15 de mayo de 2019, establece que el Congreso de la Unión deberá expedir las Leyes Generales de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación, a más tardar en el año 2020.

Es así como la SEP y el Congreso de la Unión realizaron a lo largo de varios meses un proceso de consulta con las instituciones de educación superior e investigadores de las mismas, proceso que condujo a la formulación de un proyecto de Ley General de Educación Superior.

En razón de lo anteriormente expuesto, resulta muy aleccionador saber que el pasado 18 de noviembre las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron el Proyecto de Dictamen de la nueva Ley en comento, mismo que pronto pasará al pleno de la Cámara Alta para su esperada aprobación.

Independientemente de que este nuevo ordenamiento deba ser analizado en sus partes medulares, en este artículo quisiera destacar algunos aspectos que revelan la enorme trascendencia de la nueva Ley:

a) Garantiza la autonomía universitaria, de conformidad con lo previsto en la fracción VII del artículo 3o.constitucional.

b) Reconoce a la educación superior como un derecho necesario para el bienestar y un bien público, y a su impartición como un servicio público garantizado por el Estado.

c) Reitera la obligatoriedad de la educación superior; para ello garantiza su acceso y permanencia.

e) Garantiza las libertades de cátedra, de investigación, de libre examen y de discusión de las ideas.

f) Establece la creación de instancias para prevenir la violencia sexual y de género en las instalaciones de las instituciones de educación superior.

g) Reitera la gratuidad de la educación superior en las instituciones públicas, estableciendo que en los presupuestos federal y estatales se deberán incluir recursos suficientes para cumplir de manera progresiva con los deberes de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, para ampliar su cobertura en todo el país, así como la disponibilidad de los recursos para el crecimiento de las universidades.

Finamente, tal vez para algunos incrédulos parezca una quimera o una utopía pretender que la educación superior pueda ser obligatoria y gratuita, cono se percibe claramente en el espíritu de la Ley en comento.

Sin embargo, vivimos tiempos de intensos cambios y, afortunadamente, los legisladores y las legisladoras han previsto en el Artículo Tercero Transitorio del Proyecto de Decreto que para dar cumplimiento progresivo a la obligatoriedad y a la gratuidad en este nivel educativo, se tomarán las correspondientes medidas presupuestales a partir del ciclo escolar 2022-2023.

Esperamos que sin mayor contratiempo se apruebe esta nueva Ley, ya que contribuirá de manera sustancial al desarrollo de la educación superior en todo el país. Enhorabuena.— Mérida, Yucatán.

canek_1999@yahoo.com.mx

Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.

 

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